El Banco Popular de Ahorro cerrará cuentas fiscales inactivas en Sancti Spíritus desde el 30 de noviembre
El Banco Popular de Ahorro de Sancti Spíritus cerrará desde el 30 de noviembre las cuentas fiscales inactivas de trabajadores por cuenta propia, una medida que refuerza los controles sobre el sector privado y el uso obligatorio de canales bancarios para operaciones comerciales y tributarias. La decisión fue anunciada el jueves por el Banco Popular de Ahorro a través de Facebook, según CiberCuba.
El cierre alcanzará a las cuentas formalizadas por sus titulares que no registren movimientos y a las abiertas de forma centralizada por la Plataforma de Actores Económicos cuyos propietarios no hayan acudido a activarlas dentro de los 30 días posteriores a su creación.
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Los titulares podrán reclamar el dinero depositado incluso después de que sus cuentas sean declaradas inoperativas. La medida no implica, por lo tanto, la pérdida automática de esos fondos.
Sancti Spíritus cuenta con más de 14,000 cuentas bancarias fiscales vinculadas a trabajadores por cuenta propia. José Arturo Couzo Villarreal, jefe del Departamento de Banca de Negocios del BPA provincial, precisó al periódico Escambray que la cifra corresponde a los instrumentos habilitados para la actividad privada.
La provincia ya había detectado un amplio nivel de inactividad. En agosto, una investigación del diario mostró que cerca de 6.000 de los más de 15.000 trabajadores por cuenta propia con cuentas fiscales activas no realizaban operaciones mediante ellas.
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Un operativo de fiscalización iniciado el 10 de agosto permitió que más de 6,3 millones de pesos regresaran al sistema bancario. Couzo admitió entonces que el resultado aún estaba “lejos del potencial”.
Las nuevas restricciones se producen mientras numerosos negocios privados enfrentan obstáculos para operar únicamente mediante transferencias. La prensa oficial ha reconocido que muchos proveedores mayoristas exigen pagos en efectivo, una condición que obliga a los emprendedores a buscar billetes pese a la obligatoriedad de utilizar sus cuentas fiscales.
Quienes necesitan convertir saldos digitales en efectivo recurren al mercado informal, donde los intermediarios cobran recargos de hasta 40 % por las operaciones realizadas mediante transferencia.
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El banco fundamentó el cierre de las cuentas en los decretos leyes 90 y 91, que obligan a los trabajadores privados a utilizar estos instrumentos para sus operaciones comerciales. El incumplimiento de esa obligación está considerado una contravención grave.
También invocó el Decreto Ley 100, publicado en febrero, que establece que los pagos vinculados con obligaciones ante el Presupuesto del Estado deben efectuarse desde cuentas corrientes declaradas con fines fiscales.
La identificación de las cuentas sujetas a cierre se coordinará con las direcciones de Trabajo y la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Ese mecanismo de conciliación permite detectar a los emprendedores que solicitaron licencias temporales o declararon el cierre de sus negocios.
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El endurecimiento alcanza además al patrimonio de los contribuyentes. Desde octubre, la Resolución 126/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios habilita a la Oficina Nacional de Administración Tributaria a embargar cuentas y bienes sin el consentimiento del titular para cobrar deudas tributarias firmes.
La Asamblea Nacional aprobó en julio el Acuerdo X-171, que ordena al Gobierno y al Banco Central adoptar nuevas medidas correctivas sobre la bancarización. La evaluación de esas disposiciones está prevista para diciembre.
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