Desde Cartagena exigen que el 50 % del recaudo por contraprestaciones portuarias sea destinado a inversión social y ambiental

En las instalaciones del Puerto de Cartagena y con la presencia de la bancada parlamentaria de Bolívar, la dirigencia gremial y voceros comunales, se socializó un proyecto de ley que promete corregir una brecha histórica de inequidad fiscal con las ciudades portuarias en Colombia: la redistribución de los ingresos generados por las contraprestaciones portuarias. 

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La inequitativa distribución fiscal que hoy le deja el 80% de los recursos a la nación 

Actualmente, el marco normativo establece que el 80% de estas contraprestaciones por el uso de zonas públicas va a las arcas de la Nación a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), dejando únicamente un 20% para los municipios o distritos portuarios. Más cuestionable aún: los recursos derivados de la infraestructura portuaria ingresan en su totalidad (100%) al nivel central.

La propuesta legislativa, autoría de la senadora Nadia Blel Scaff, busca reestructurar el modelo bajo el cual el Gobierno Central captura la inmensa mayoría de las rentas que produce la actividad marítima y logística del país, devolviendo solo un porcentaje marginal a los territorios que asumen los impactos ambientales, viales y urbanísticos de la operación.

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Según la ANDI Seccional Bolívar, entre 2020-2025,  las terminales del nodo portuario de Cartagena aportaron al Estado más de $114.000 millones de pesos por concepto de contraprestación, representando el 36,6% del recaudo nacional.

"De esa bolsa multimillonaria, el Invías solo ejecutó en el departamento de Bolívar cerca de $4.903 millones, lo que equivale a un retorno real de apenas el 4,3% de lo producido por la bahía cartagenera", según voceros de la Andi.      

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"Esta iniciativa busca brindar mayores herramientas a las regiones para fortalecer sus territorios y avanzar en proyectos que respondan a sus propias necesidades. Es un paso clave para cerrar una brecha histórica y fortalecer la autonomía territorial

 Nadia Blel Scaff.senadora

La propuesta es 50% para la nación 
y 50% para los territorios

El proyecto de ley radicado en el Congreso plantea que tanto el componente de uso público como el de infraestructura se redistribuyan bajo una fórmula de descentralización y equidad territorial con el 50% para el nivel central (Nación), 30% directo para los municipios y distritos portuarios, y 20% para los departamentos correspondientes.

Por mandato del proyecto, estos fondos territoriales tendrán destinación específica hacia la inversión social, el equipamiento urbano, obras de infraestructura, proyectos ambientales y mitigación frente al cambio climático. Santa Marta, Barranquilla, Urabá, Buenaventura y Cartagena estarían entre las regiones beneficiadas. 

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La ley obligará a alcaldes y gobernadores a rendir cuentas anualmente ante el Congreso mediante informes de trazabilidad presupuestal.

"Esta iniciativa busca brindar mayores herramientas a las regiones para fortalecer sus territorios y avanzar en proyectos que respondan a sus propias necesidades. Es un paso clave para cerrar una brecha histórica y fortalecer la autonomía territorial", sostuvo la senadora Nadia Blel Scaff. Consenso entre el empresariado, las autoridades y las comunidades.

El sector productivo agrupado en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) respaldó sin ambigüedades la propuesta legislativa. Bruce Mac Master, presidente nacional de la ANDI, enfatizó que la actividad portuaria demanda un equilibrio entre la competitividad del país y la calidad de vida de las comunidades circundantes.

Por su parte, María Claudia Peñas, gerente de la ANDI Seccional Bolívar, destacó que la aprobación de este marco normativo les dará viabilidad a macroproyectos urbanos clave:

"Cartagena genera más de un tercio del recaudo nacional por contraprestación portuaria. Con esta reforma, estos recursos podrán financiar proyectos transformadores como el Aquabús, el sistema de transporte acuático multimodal que dignificará la movilidad de los cartageneros", puntualizó Peñas.

Durante la jornada, líderes comunitarios de la Unidad Comunal de Gobierno 11 —colindante con el cordón industrial y portuario de Mamonal—, como Rafael Acosta Pérez (JAC Ceballos y ASOJAC Localidad 3) e Indira Deulefeutt Valiente (JAC Puerta de Hierro), expusieron que la llegada de estos fondos permitirá saldar deudas de saneamiento básico y brindar oportunidades socioeconómicas a los barrios que conviven a diario con la logística portuaria.

El proyecto iniciará ahora su primer debate en las comisiones constitucionales del Congreso, contando con el impulso de la bancada costeña y el compromiso del Gobierno Nacional para acelerar la autonomía fiscal de las regiones.

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Cartagena

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Esta historia se escribió tras la entrega de información entregada por los impulsores de esta reforma. 

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