Juez confirmó medida de aseguramiento al alcalde de Villa de Leyva (Boyacá), Víctor Gamboa, quien está preso en La Picota

Por decisión judicial, el gobernador tendrá que proceder a suspender a Gamboa y encargar a un nuevo mandatario para Villa de Leyva.

El Juzgado 60 Penal del Circuito de Bogotá confirmó la decisión mediante la cual, el 20 de mayo, se impuso medida de aseguramiento en establecimiento penitenciario a Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva, en medio de un proceso que le adelantan por los delitos de concusión y prevaricato por acción.

La audiencia empezó pasadas las 4:30 de la tarde de este miércoles, sin la presencia del mandatario —quien permanece privado de la libertad desde el 7 de mayo, cuando fue capturado en el momento en que llegaba a su oficina y trasladado a Bogotá—, según dijo su defensa, por una situación interna en la cárcel de La Picota, a donde fue llevado este 9 de septiembre, luego de permanecer detenido cuatro meses en el Centro de Servicios Especiales de la Policía (CESPO).

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La juez desvirtuó todos los alegatos de la defensa del alcalde y coincidió con la totalidad de la decisión de la juez de primera instancia, quien había recalcado que mantener la privación de la libertad de Gamboa no pretende constituir una sentencia condenatoria anticipada, sino una medida para evitar el riesgo de la comunidad si se tiene en cuenta que se trata del alcalde y que conserva facultades que lo podrían llevar a reiterar conductas investigadas o posibles delitos contra la administración pública, pero enfatizó que el procesado mantiene su estatus de presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario en medio del proceso.

Así las cosas, ahora el gobernador Carlos Andrés Amaya, tan pronto sea notificado de la decisión, tendrá que proceder a suspender a Víctor Gamboa del cargo de alcalde de Villa de Leyva y pedir a los partidos que lo avalaron en la coalición (ASI, Liberal y Conservador) una terna para escoger de esta al encargado, mientras se termina de surtir el proceso y, si Gamboa es declarado inocente, devolverle el cargo, o si es condenado, que el designado pueda terminar el periodo de gobierno, ya que por el tiempo que resta no se podrán adelantar elecciones atípicas.

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Generalmente los oficios con la decisión del juez se expiden al día siguiente y, en este caso, como no hay más recursos que se puedan interponer por la defensa del alcalde, le comunicarán al gobernador lo que en derecho corresponde frente a esta causal de suspensión.

Desde mayo pasado, el secretario de Gobierno de Villa de Leyva, Nicolás Méndez Figueroa, se ‘autoencargó’ y asumió las funciones de alcalde ante la ausencia temporal del titular Víctor Gamboa.

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Lo que dice la ley para este caso

La suspensión da lugar a que se active la competencia del gobernador para designar de acuerdo con el procedimiento reglado y establecido en los artículos 105 y 106 de la Ley 136 de 1994.

En el artículo 105, numeral segundo, de esa ley se cita: “Causales de suspensión. El Presidente de la República en el caso del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y los gobernadores en los demás casos, suspenderán a los alcaldes en los siguientes eventos…: por haberse dictado en su contra medida de aseguramiento, con privación efectiva de la libertad, siempre que esté debidamente ejecutoriada.

En el artículo 106: Designación. El Presidente de la República, en relación con el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y los gobernadores con respecto a los demás municipios, para los casos de falta absoluta o suspensión, designarán alcalde del mismo movimiento y filiación política del titular, de terna que para el efecto presente el movimiento o los movimientos políticos al cual pertenezca en el momento de la elección.

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Cuatro meses sin alcalde titular

Desde hace más de cuatro meses, Villa de Leyva se encuentra sin alcalde titular, luego de que el pasado 7 de mayo la Fiscalía adelantara lo que fue calificado como un desproporcionado operativo para capturar al joven burgomaestre al que esposaron y llevaron caminando por la plaza principal de ese municipio, para luego subirlo en una patrulla y trasladarlo al búnker de la Fiscalía en Bogotá.

Desde ese primer jueves de mayo, Gamboa permanece privado de la libertad, inicialmente en el búnker de la Fiscalía y desde junio pasado en las instalaciones del Centro de Servicios Especiales de la Policía (CESPO) en Bogotá, de donde justamente el pasado 9 de septiembre fue llevado a la cárcel La Picota.

En ese penal se encuentran delincuentes comunes y de alta peligrosidad; narcotraficantes y jefes de estructuras criminales; actores del conflicto armado, de Justicia y Paz, y hay un pabellón de reclusión especial, destinado a exfuncionarios públicos, políticos, exgobernadores y miembros de la fuerza pública, con medidas de aseguramiento o condenas especiales.

Allí, desde el pabellón de funcionarios públicos del penal capitalino, el alcalde de uno de los municipios más importantes de Boyacá y del país recibió la decisión que tomó la juez 60 Penal del Circuito de Bogotá frente a la apelación presentada por su abogado en el momento en el que le dieron la medida de aseguramiento, el 20 de mayo pasado.

Ese día, la Fiscalía 74 especializada de la Unidad de Impacto Nacional de la Dirección Especializada contra la Corrupción logró su objetivo de convencer al juez de cobijar con la medida de aseguramiento privativa de la libertad al alcalde Gamboa Chaparro.

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Acusado de pedir ‘mordida’ a cambio de licencia

El 17 de julio se conoció la acusación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación en contra de Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por presuntamente exigir dinero a cambio de facilitar algunos trámites administrativos relacionados con una licencia de construcción.

La investigación se origina en una obra que adelanta una de las integrantes de la familia Solarte, los reconocidos empresarios nariñenses que construyeron la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso y que por allá en el 2022 llegaron a Villa de Leyva, compraron un predio en la vereda El Roble, solicitaron en la Secretaría de Planeación municipal una licencia que les concedió 552 metros de construcción, pero que, según denuncian ahora desde ese municipio, se edificó un complejo que supera ya los 5.200 metros edificados, incluyendo, además de varias cabañas, hasta capilla, auditorio, teatro, lagos, piscina y pesebreras de dos pisos.

Tal como lo reveló EL TIEMPO en primicia, dentro del expediente hay audios y capturas de pantalla aportados por María Victoria Solarte, del grupo Inversiones San Jacinto Nelvic S.A.S., en los que presuntamente el mandatario solicitaría el pago de una coima equivalente al 20 % del valor de una licencia urbanística y que incluyó además la exigencia de contratar a un amigo del burgomaestre con un salario de 13 millones de pesos al mes.

La acusación formal en contra del joven mandatario es por dos delitos: concusión y prevaricato por acción. Pero, además, en la misma actuación fue acusado el particular, y al parecer mejor amigo de Gamboa, Juan Camilo Sánchez Torres, por el delito de concusión.

"De acuerdo con la investigación, el 8 de junio de 2025, presuntamente, el alcalde exigió a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a Sánchez Torres para que prestara asesoría en la gestión de permisos y otros requerimientos administrativos", señalaron desde el ente acusador.

La Fiscalía señaló que, después de esos actos, Gamboa al parecer solicitó aumentar los honorarios previstos anteriormente para el contratista, el cual habría recibido aproximadamente 48 millones durante los 11 meses de servicios.

Según la investigación, el pasado 4 de marzo de 2026, "Gamboa Chaparro habría solicitado a la empresaria, mediante mensajes de voz, 112 millones de pesos, equivalentes al 20 % del valor fijado por la ampliación de la licencia de construcción".

Aunque la Fiscalía señala que posteriormente retiró esa exigencia, el alcalde expidió dos días después una resolución sin tener en cuenta el posible conflicto de intereses que "habría constituido una retaliación y una forma de presión ante la negativa inicial de la empresaria de acceder a sus pretensiones económicas".

Las investigaciones revelaron que la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción como consecuencia de esa decisión.

“Asimismo, el Inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a 232 millones de pesos”, enfatizó el ente en su escrito de acusación.

Para la Fiscalía General de la Nación, con estas posibles actuaciones ilícitas el mandatario presuntamente se extralimitó en sus funciones y abusó del cargo. En ese sentido, fue imputado por los delitos de concusión y prevaricato por acción.

Lo que sigue en el proceso…

Independientemente de lo ocurrido en la audiencia de este miércoles, el proceso en contra del alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro ya tiene unos tiempos fijados.

Aunque la audiencia preparatoria del juicio había sido citada para el pasado 14 de agosto, la defensa del alcalde pidió aplazamiento por tres meses, justificando que, como su cliente había cambiado de apoderado, él no había tenido el tiempo suficiente de revisar las más de cien pruebas que tiene la Fiscalía en contra del mandatario.

El juez aceptó la solicitud, aplazando para el viernes 13 de noviembre la audiencia preparatoria, dejando sí constancia de que ese aplazamiento fue solicitado exclusivamente por la defensa y que ese tiempo de 90 días calendario no puede, dado el caso, llegar a ser sumado y utilizado para invocar el vencimiento de términos en el proceso.

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Harvey Yecid Medina Alfonso

Especial para EL TIEMPO

Tunja

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Esta historia se escribió tras seguimiento a todo el expediente judicial. 

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