Jennifer Pedraza propuso destinar $1,4 billones para formalizar a trabajadores de hospitales públicos: 71% está por prestación de servicios
La senadora Jennifer Pedraza Sandoval, del partido Dignidad y Compromiso, radicó una proposición para garantizar que los hospitales públicos cuenten con recursos para elaborar los estudios técnicos necesarios para avanzar en la formalización laboral de sus trabajadores.
La congresista anunció la iniciativa a través de su cuenta en X y señaló que la proporción es importante para el personal de salud que continúa vinculado mediante órdenes de prestación de servicios (OPS), una modalidad que no garantiza el acceso a prestaciones laborales como primas y vacaciones en las mismas condiciones de una relación laboral formal.
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“Colombia tiene una deuda de casi 30 años con el personal que está en hospitales y clínicas. Hoy, 7 de cada 10 trabajadores de los hospitales públicos siguen por OPS, sin primas ni vacaciones”, señaló.
La adición propuso incorporar $1.400.000.000.000 al Ministerio de Salud y Protección Social. Los recursos estarían dirigidos a las Empresas Sociales del Estado (ESE), que incluyen los hospitales públicos, para financiar la elaboración de los estudios técnicos requeridos en el proceso de formalización de sus plantas de personal.
El texto radicado establece que los recursos solicitados deben permitir que las Empresas Sociales del Estado elaboren, durante el régimen de transición establecido por el Gobierno, los estudios técnicos necesarios para determinar cómo se puede formalizar a los trabajadores que actualmente desempeñan funciones misionales bajo modalidades de contratación por prestación de servicios.
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La propuesta también busca que el Congreso de la República conozca el costo total del proceso antes de aprobar el Presupuesto General de la Nación de 2028. De acuerdo con la justificación incluida en el documento, la estimación de esos gastos resulta necesaria para establecer los recursos que requeriría la incorporación de trabajadores a las plantas de personal de los hospitales públicos.
La iniciativa se presentó en el marco de las disposiciones expedidas por el Gobierno nacional para avanzar en la formalización laboral del sector salud. Según los argumentos expuestos por la senadora, existen obligaciones legales relacionadas con las condiciones laborales del talento humano en salud que no cuentan con una financiación presupuestal suficiente para materializarse.
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En la proposición se cita el artículo 18 de la Ley 1751 de 2015, conocida como Ley Estatutaria de Salud, que establece que el talento humano en salud debe contar con condiciones laborales justas y dignas. El documento sostuvo que ese mandato legal no tiene actualmente una fuente de financiación específica en el presupuesto y afirma que, en su mayoría, los trabajadores de la salud en Colombia no cuentan con las condiciones laborales previstas en esa disposición.
La congresista planteó que los estudios técnicos permitirían determinar los cargos que deben proveerse mediante empleo público y establecer los costos asociados a la formalización. Con esa información, las entidades podrían definir las necesidades de sus plantas de personal y avanzar en la vinculación laboral de quienes cumplen funciones permanentes en las instituciones.
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Otro de los argumentos expuestos por Pedraza se relaciona con el Decreto 661 de 2026, que, según el documento, restringe el uso del contrato sindical como mecanismo de intermediación laboral ilegal y establece obligaciones para las Empresas Sociales del Estado en materia de formalización.
De acuerdo con la iniciativa, esa disposición obligó a las ESE a estructurar planes de formalización y ampliar sus plantas de personal. Sin embargo, la senadora señala que las medidas no estuvieron acompañadas de una asignación de recursos que permita cubrir los costos del proceso.
El documento también mencionó el Decreto 1432 del 22 de septiembre de 2026, firmado, entre otros funcionarios, por la ministra de Salud. Esa norma amplió hasta el 30 de septiembre de 2028 el plazo para avanzar en las obligaciones de formalización.
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Según la justificación de la iniciativa, los considerandos del decreto reconocen que el tiempo inicialmente previsto resultó insuficiente, entre otras razones, porque la formalización requiere gestionar y apropiar recursos adicionales sujetos al ciclo presupuestal anual.
Pedraza sostuvo en el documento que ampliar el plazo sin asignar recursos presupuestales aplaza el problema, pues las instituciones necesitan financiación para elaborar los estudios técnicos y determinar el costo de incorporar a sus trabajadores a las plantas de personal.
Además, señaló que el expediente relacionado con el Decreto 661 no contenía información sobre el universo de contratos sindicales, el número de trabajadores afiliados, las plantas de personal, las vacantes y los costos asociados al proceso. Por esa razón, la congresista planteó que una parte de los recursos solicitados se destine a cuantificar el costo total de la formalización. Ese cálculo serviría como insumo para la discusión del presupuesto de 2028.
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La iniciativa incluyó cifras sobre las modalidades de vinculación laboral del personal sanitario en Colombia. Según los datos citados en la proposición, el país cuenta con 1.029.365 personas que hacen parte del talento humano en salud disponible.
El documento señaló que el 55% de los trabajadores de la salud tiene una vinculación mediante órdenes de prestación de servicios. La situación, agregó, es más marcada en el sector público, donde aproximadamente 128.000 trabajadores, equivalentes al 71% del personal de las Empresas Sociales del Estado, están contratados bajo esa modalidad.
Estas cifras respaldan el planteamiento de la senadora sobre la necesidad de financiar los estudios técnicos que permitan identificar los cargos que podrían incorporarse a las plantas laborales de los hospitales públicos.
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La proposición también citó un informe de salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), según el cual los médicos colombianos tienen el menor poder adquisitivo por concepto de remuneración entre los países que integran esa organización. El documento aclaró que el informe no detalla la situación de las demás áreas profesionales, tecnológicas y auxiliares del sector salud.
Además de las condiciones económicas de los trabajadores, la iniciativa expuso posibles efectos de la precarización laboral sobre la prestación de los servicios sanitarios. Según el texto, la falta de prestaciones sociales garantizadas por el empleador incide en la calidad de vida personal y familiar del personal de salud, mientras que las condiciones de contratación también pueden tener implicaciones en la oportunidad y la calidad de la atención que reciben los pacientes.
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La iniciativa indica que uno de cada dos trabajadores de la salud del país se encuentra en Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia, mientras que la otra mitad se distribuye entre los otros 30 departamentos. El documento plantea que esa concentración podría estar relacionada con la disponibilidad de mejores condiciones laborales, mayores oportunidades de contratación o mejores remuneraciones.
Pedraza argumentó que los hospitales públicos constituyen una de las principales puertas de acceso al sistema de salud en buena parte del territorio nacional. Por ello, propone que estas instituciones cuenten con los recursos necesarios para estudiar sus necesidades de personal y definir los cargos que deben proveerse mediante empleo público.
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