Absolvieron a un contrabandista de cocaína por no haber sido juzgado en “un plazo razonable”

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró extinguida la acción penal contra Alejandro Andrés Llera y dictó su absolución. La resolución judicial, adoptada por mayoría, se fundamentó en la vulneración del derecho constitucional del imputado a recibir un pronunciamiento en un “plazo razonable”. Con esta determinación, el tribunal dejó sin efecto la condena previa de cuatro años y diez meses de prisión que pesaba sobre el acusado de contrabandear cocaína líquida desde Argentina hacia México.

El caso comenzó en mayo de 2014, momento en el cual las autoridades detuvieron a Llera. El hombre permaneció bajo prisión preventiva durante 30 meses. Posteriormente, el 11 de noviembre de 2016, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 dictó su absolución respecto a los cargos de confabulación y contrabando agravado de estupefacientes. Sin embargo, la querella de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) apeló dicha decisión, lo que dio inicio a un extenso recorrido por diversas instancias de revisión que prolongó el expediente por una década más.

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Luego de la absolución inicial, la Cámara de Casación revocó el fallo del tribunal oral en mayo de 2018. En esa oportunidad, los jueces de alzada decidieron condenar directamente a Llera basándose en las actas escritas del expediente, sin realizar un nuevo debate oral. La defensa recurrió la medida y obtuvo una modificación parcial de la calificación legal en diciembre de 2019. No obstante, la culpabilidad quedó ratificada y el caso regresó al tribunal de origen para que fijara la sanción correspondiente.

En noviembre de 2022, el tribunal de juicio impuso la pena de prisión y sumó inhabilitaciones para ejercer el comercio y ocupar cargos públicos. La defensa técnica de Llera cuestionó la constitucionalidad del monto mínimo de la escala penal y la validez de una condena dictada en una instancia de revisión escrita, sin la inmediación propia de un debate público. Tras un nuevo rechazo de Casación en 2023, el reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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El Máximo Tribunal del país intervino en febrero de 2026. Los ministros de la Corte dejaron sin efecto la sentencia recurrida al detectar graves defectos en el tratamiento de los agravios constitucionales presentados por la defensa. Por tal motivo, ordenaron a la Cámara de Casación emitir un nuevo fallo que respetara las garantías del debido proceso.

Al analizar nuevamente las actuaciones, la jueza Ángela Ledesma lideró el voto de la mayoría y cuestionó con dureza la práctica de condenar en instancias de revisión escrita. La magistrada explicó que la condena dictada en 2018 alteró la base fáctica del caso y valoró intenciones subjetivas del imputado sin haber presenciado la producción de las pruebas ni escuchado el descargo del acusado de manera directa. Según su postura, resolver una culpabilidad mediante la lectura de actas en despachos cerrados devalúa el juicio público y lesiona el derecho de defensa.

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Por su parte, el juez Javier Carbajo votó en disidencia. El magistrado sostuvo que la legislación procesal vigente faculta a la Cámara de Casación a dictar condenas directas para evitar reenvíos innecesarios que dilaten los expedientes. Asimismo, argumentó que esta modalidad no vulnera principios constitucionales siempre que las pruebas se hayan incorporado legalmente durante el debate oral y las partes cuenten con la posibilidad de ser oídas en la etapa de revisión.

Ante la falta de un acuerdo unánime sobre la validez de la condena en casación, los jueces Ledesma y Guillermo Yacobucci coincidieron en que el proceso superó cualquier límite temporal admisible. Los magistrados señalaron que el imputado estuvo sometido a la incertidumbre de la persecución penal durante 12 años, de los cuales 10 transcurrieron con posterioridad a su primera absolución.

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El tribunal remarcó que la demora judicial no resultó atribuible a maniobras dilatorias u obstruccionistas de la defensa, sino al propio funcionamiento de los órganos del Estado. En su análisis, los jueces ponderaron que Llera cumplió 30 meses de prisión preventiva, regularizó su situación fiscal al recuperar la libertad, mantuvo su residencia y desarrolló tareas laborales sin registrar ningún tipo de incumplimiento.

Finalmente, la Cámara concluyó que la prolongación desmedida del trámite afectó las garantías consagradas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos. Por este motivo, el tribunal resolvió declarar extinguida la acción penal por violación al plazo razonable y absolver definitivamente al acusado de todos los cargos.