La autoridad también se negocia

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Hay una diferencia importante entre prometer autoridad y ejercerla. La primera requiere convicción, un buen eslogan y disposición a hablar fuerte. La segunda exige algo más incómodo: decidir, administrar intereses contradictorios y aceptar que no todos quedarán contentos. La diferencia se vuelve nítida en La Moneda.

El conflicto de los camioneros ha puesto al Gobierno frente a esa diferencia. Resulta paradójico que una administración que hizo del orden una credencial de campaña deba negociar bajo la presión de movilizaciones que alteran aquello que prometió resguardar: el funcionamiento del país.

El Ejecutivo ofreció revertir el alza de combustibles y congelar sus precios hasta marzo. Pero las protestas continúan. La controversia por el diésel pone a prueba su capacidad de establecer límites y sostenerlos.

Sería fácil contrastar promesas con concesiones y concluir que gobernar es más difícil que hacer campaña. Pero el problema va más allá de este Gobierno.

Una democracia necesita organizaciones capaces de representar intereses y presionar legítimamente. También gobiernos dispuestos a escuchar, negociar y rectificar. Confundir la negociación con debilidad sería tan equivocado como confundir la intransigencia con fortaleza.

El límite se asoma cuando obtener respuestas depende menos de la legitimidad de una demanda que del daño que su movilización puede provocar. Los camioneros pueden interrumpir rutas, afectar el abastecimiento y trasladar costos al resto de la ciudadanía. No todos tienen ese poder.

¿Qué ocurre entonces con quienes no pueden paralizar carreteras? ¿El Estado escucha según la capacidad de producir una crisis?

El aumento de los combustibles tiene consecuencias reales sobre los transportistas y la economía. Pero reconocer una preocupación legítima no obliga a considerar legítimo cualquier mecanismo de presión.

Hay, además, otra tensión. Un Gobierno que ha defendido la disciplina fiscal enfrenta la exigencia de intervenir para contener precios. La decisión puede ser razonable, pero exige explicar criterios, costos y por qué algunos reciben respuestas extraordinarias mientras otros se ajustan al mercado. Gobernar también consiste en distribuir costos. Pocas decisiones son tan políticas como decidir quién los soporta.

La autoridad democrática no se mide por la dureza de las declaraciones. Se construye con reglas, decisiones fundadas y derechos que no dependan de la capacidad de presión.

Kast prometió recuperar la autoridad del Estado. La prueba no se resuelve solo cediendo o resistiendo exige negociar sin convertir cada conflicto en una excepción y ejercer autoridad sin confundirla con la fuerza.

Porque cuando la respuesta del Estado depende de quién puede interrumpir el país, el problema deja de ser solo el precio del combustible. Pasa a ser algo bastante más costoso: el debilitamiento de las reglas que deberían protegernos a todos.

Por Natalia Piergentili, directora de asuntos públicos, Feedback.

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