Cambio en prioridades para el presupuesto en educación

El Consejo de Rectores (Cruch) ha formulado fuertes cuestionamientos al presupuesto para educación superior contenido en la propuesta de Ley de Presupuestos 2027 que presentó el Ejecutivo. En lo grueso, las críticas apuntan a que los recursos para este sector disminuyen 1% respecto al año 2026, haciendo ver lo crítico que resultan las disminuciones en Aporte Fiscal Directo (AFD), el Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales, el Fondo Basal por Desempeño de las universidades del G9 así como la caída del Aporte Institucional a las Universidades Estatales. A ello se suman las rebajas por aportes a la gratuidad, todo lo cual -a juicio del Cruch- erosiona las bases sobre las que se ha venido construyendo un sistema de educación superior que es líder en América Latina. Alertan que estos recortes condicionan la capacidad de las universidades para solventar programas de investigación -los que son fundamentales para áreas clave del país, como salud o el desarrollo tecnológico-, además de resentir los programas de nivelación para nuevos estudiantes, lo que atenta contra las políticas de inclusión.

Es inevitable que en un escenario de fuerte estrechez fiscal el gasto público deba ajustarse fuertemente, una realidad que a distintos sectores les ha costado comprender, tal como se refleja en las altisonantes críticas que han provenido de todo tipo de reparticiones, que cuestionan la disminución de sus presupuestos. En el caso de educación, hay un debate que resulta muy de fondo, porque más allá de que los recursos para dicho sector reflejan también la necesidad de un ajuste, es interesante que el Ministerio de Educación haya tomado como definición priorizar el gasto en la educación temprana, porque es allí donde se puede marcar la diferencia en las trayectorias educativas de niños y niñas. Así, la autoridad ha enviado la señal de que con este presupuesto se busca revertir la tendencia observada en la última década, donde los mayores aumentos presupuestarios han estado puestos en educación superior, particularmente en gratuidad, que para 2027 contempla recursos que rondan los US$ 2.500 millones.

El debate sobre dónde priorizar los recursos en educación resultaba indispensable, y la Ley de Presupuestos será la oportunidad para iniciar esta discusión. Los énfasis que establece el presupuesto para fortalecer los jardines infantiles es un primer paso, un área donde pese a los incrementos de recursos el país sigue por debajo de los estándares de la OCDE. La desproporción de lo que se invierte en estudiantes universitarios versus lo que se destina a los niños y niñas debe empezar a ser revertido, porque ello no se condice con la abundante evidencia disponible sobre el efecto multiplicador que implica invertir más en primera infancia. Al respecto, los estudios que ha llevado a cabo el Nobel de Economía James Heckman son muy ilustrativos en cuanto a que los programas de educación infantil de alta calidad generan beneficios sustantivos y duraderos -tanto para los niños como asimismo para sus madres-, donde dichas mediciones muestran que a los 30 años de edad hay mejoras significativas en cuanto a ingresos, pero también en otras dimensiones sociales muy relevantes, como menor consumo de droga.

Los preocupantes datos que arrojan mediciones internacionales sobre aprendizajes de los estudiantes chilenos deberían ser también suficientes para persuadir que es inevitable invertir mucho más en educación temprana. Los resultados de la última Prueba PISA -que mide el desempeño de estudiantes de 15 años- muestran descensos significativos a nivel OCDE, pero en el caso de Chile los datos son aún más insatisfactorios: en el caso de Matemáticas -donde nuestro país obtuvo su peor resultado desde que participa en esta medición-, solo el 41% de los estudiantes logró al menos el nivel básico, frente a 65% de la OCDE, mientras que en Lectura el nivel básico fue alcanzado por el 62%, versus el 69% del promedio OCDE. En la medida que el mercado laboral se torna cada vez más exigente, particularmente con el advenimiento de la Inteligencia Artificial, resulta imperativo mejorar fuertemente las habilidades matemáticas y de comprensión lectora, algo que evidentemente no se corregirá en la educación superior si la base ya viene muy debilitada desde la etapa escolar.

Por cierto que para el país no puede resultar indiferente la calidad de sus universidades, pero parece evidente que seguir en la lógica de que lo más relevante es asegurar la educación superior no servirá de mucho si en los niveles inferiores -que es donde se juega verdaderamente el partido de la educación- las brechas son insalvables. El antecedente de que la tasa de desempleo en segmentos que cuentan con educación superior supera largamente los dos dígitos debería ser un indicador de que ello ya no es garantía de empleabilidad ni de mayores ingresos, una realidad que con mayor razón debe obligar a repensar nuestras prioridades en educación.

La propuesta presupuestaria para 2027 debe ser la instancia para abrir también debates que han estado largamente postergados en la educación superior. Los aportes directos a las entidades del Cruch, que en su mayor porcentaje se entregan sobre la base de criterios históricos, debe ser revisado y comenzar a transitar hacia lógicas donde dichos fondos sean concursables, porque ello fomentará una sana competencia y debería ser a la larga un aliciente para mejorar los estándares de calidad. Es posible que el recorte abrupto de estos fondos pueda generar en lo inmediato desajustes mayores, y por tanto sería razonable buscar fórmulas que permitan generar un camino gradual de salida, algo que bien podría comenzar a discutirse en esta Ley de Presupuestos. También será necesario preguntarse por la pertinencia de seguir destinando fondos tan cuantiosos a la gratuidad, un programa que al país le ha terminado costando el doble de lo que originalmente se estimó. Sería lamentable que en el debate legislativo estas discusiones muy de fondo terminen siendo nuevamente desplazadas por los intereses particulares o las presiones gremiales, porque ello al final representaría un daño muy concreto sobre nuestro sistema educacional.