Ley de Datos Personales: el riesgo de esperar

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Durante años la protección de datos personales fue vista por muchas organizaciones como un asunto principalmente tecnológico o jurídico. Un tema relevante, sin duda, pero ubicado en una capa secundaria de las prioridades corporativas. Hoy esa mirada ya no resiste la realidad.

Los datos se han convertido en uno de los activos más valiosos de cualquier empresa. Son la base de la relación con clientes, del desarrollo de nuevos negocios, de los modelos de inteligencia artificial, de los ecosistemas de Open Finance y de gran parte de la economía digital. Sin embargo, todavía existe una brecha preocupante entre el valor que las organizaciones atribuyen a los datos y la capacidad efectiva que tienen para gobernarlos.

La decisión del gobierno de impulsar una postergación de la entrada en vigencia de la Ley 21.719 o Ley de Datos Personales debe interpretarse desde esa perspectiva. Algunos podrían verla como un alivio regulatorio. Otros, como una señal de alerta de que todavía hay tiempo. A mi juicio, ambas lecturas no serían adecuadas.

La verdadera pregunta no es si la ley comenzará a regir en diciembre de 2026 o en diciembre de 2027. La pregunta es cuánto tiempo más pueden permitirse las empresas operar con brechas de gobernanza sobre uno de sus activos más estratégicos en la actualidad.

La privacidad dejó de ser únicamente una materia de cumplimiento normativo. Hoy forma parte de las discusiones sobre riesgo empresarial, resiliencia operativa, sostenibilidad y gobierno corporativo. Inversionistas, directorios, clientes y reguladores están observando cada vez con más atención cómo las organizaciones gestionan la información que reciben, almacenan y utilizan.

Una empresa que desconoce dónde están sus datos, quién accede a ellos, para qué se usan o bajo qué criterios se comparten con terceros enfrenta una vulnerabilidad que trasciende cualquier marco legal. En un entorno de creciente digitalización, inteligencia artificial y automatización, la falta de control sobre los datos se transforma en una limitación para innovar, generar confianza y competir.

Las compañías que entienden esto están avanzando más allá del cumplimiento. Están construyendo capacidades permanentes de gestión de datos, fortaleciendo sus modelos de gobierno, definiendo responsabilidades claras y desarrollando culturas organizacionales donde la privacidad forma parte de la toma de decisiones.

Las que no lo hagan corren el riesgo de llegar tarde, no solo a una exigencia legal, sino a una transformación mucho más profunda.

La eventual postergación de la ley representa una oportunidad valiosa, pero las oportunidades tienen una característica particular: sólo generan valor cuando se aprovechan. De lo contrario, se convierten en tiempo perdido.

Como país aspiramos a desempeñar un rol relevante en la economía digital, atraer inversiones tecnológicas y consolidar iniciativas que dependen intensamente del intercambio y tratamiento de información. Ninguna de esas aspiraciones podrá materializarse plenamente sin confianza. Y la confianza, en el mundo digital, se construye sobre la certeza de que los datos personales serán tratados con responsabilidad.

Por eso, la prórroga no debería leerse como un permiso para esperar. Debería entenderse como una última advertencia para actuar.

Las organizaciones que utilicen este tiempo para fortalecer sus capacidades llegarán mejor preparadas para el nuevo entorno regulatorio y competitivo. Las que decidan postergar las decisiones difíciles descubrirán que el desafío nunca fue la fecha de entrada en vigencia de la legislación, sino la falta de preparación para un mundo donde la confianza se ha convertido en el activo más escaso y valioso de todos.

*La autora de la columna es socia de Consultoría en Riesgo Tecnológico en Servicios Financieros de EY

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