Antes del primer barril

Unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en aguas del Atlántico Sur, el yacimiento petrolero Sea Lion se prepara para entrar en una etapa decisiva. Fue descubierto hace dieciséis años y, si se cumplen los planes anunciados, comenzará a producir petróleo en marzo de 2028.

En diciembre de 2025, las empresas Rockhopper y Navitas adoptaron la decisión final de inversión para la primera fase del proyecto. La inversión prevista ronda los 1800 millones de dólares, las licencias fueron extendidas por el ilegítimo gobierno de las Islas Malvinas por 35 años y la producción podría prolongarse durante más de tres décadas.

No estamos, por lo tanto, frente a una nueva campaña exploratoria ni ante un anuncio lejano. Estamos frente a la decisión de comenzar a extraer, durante décadas, un recurso natural no renovable de un área incluida en una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. La diferencia no es menor. Una plataforma de exploración puede retirarse, una campaña puede terminar. El petróleo extraído, en cambio, no vuelve al subsuelo. Por eso, el avance del proyecto Sea Lion hacia la explotación comercial representa uno de los hechos más graves ocurridos en los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas desde 1982.

En estos dieciséis años, la Argentina sancionó legislación específica, declaró ilegales esas actividades hidrocarburíferas, inhabilitó empresas, promovió acciones judiciales y formuló protestas diplomáticas. Rockhopper fue declarada clandestina y sus actividades, consideradas ilegales en 2012, y al año siguiente fue inhabilitada por veinte años. Navitas recibió sanciones equivalentes en 2022. Pero el proyecto Sea Lion siguió avanzando y, en agosto, Navitas ejerció la opción para adquirir un segundo buque de producción, con capacidad para sumar hasta 125.000 barriles diarios y acelerar nuevas fases.

No estamos ante una explotación marginal, sino ante una actividad petrolera de gran escala y largo plazo en el Atlántico Sur. La etapa que ha alcanzado Sea Lion exige ampliar la estrategia argentina.

El gobierno argentino acaba de enviar al Congreso un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que endurece y amplía considerablemente las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina, y alcanza también a accionistas y proveedores. La iniciativa profundiza una estrategia que nuestro país ya viene aplicando desde hace años: intentar hacer valer el ordenamiento jurídico argentino frente a las actividades no autorizadas en el área en disputa. Pero las sanciones y las inhabilitaciones existentes no impidieron que Sea Lion avanzara hacia la explotación comercial.

A esas acciones acaba de sumarse una decisión judicial: la Justicia Federal de Río Grande ordenó cautelarmente a Rockhopper y Navitas suspender las actividades vinculadas con Sea Lion. El problema sigue siendo la limitada capacidad de los instrumentos internos para modificar lo que ocurre en un área bajo control de hecho británico. Londres acaba de reafirmar que no reconoce jurisdicción argentina sobre las empresas que operan en las islas y que continuará respaldando su actividad económica, incluida la explotación de hidrocarburos, en abierta contradicción con el llamado de las Naciones Unidas a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permanezca pendiente.

Si el objetivo es impedir o condicionar la explotación antes de que comience, hay que agregar otra dimensión a la estrategia: internacionalizar la respuesta. La Argentina cuenta con una fortaleza que no debería subestimar: más de seis décadas de construcción diplomática alrededor de la cuestión Malvinas. La resolución 2065 de la Asamblea General reconoció en 1965 la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llamó a ambos gobiernos a encontrar una solución negociada.

Otros dos antecedentes adquieren particular relevancia frente a Sea Lion. En 1973, la resolución 3160 reclamó acelerar las negociaciones. Tres años después, la resolución 31/49 pidió a ambas partes abstenerse de adoptar decisiones que implicaran introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera pendiente.

La etapa que ha alcanzado Sea Lion otorga a ese principio una nueva urgencia. La Asamblea General de las Naciones Unidas es uno de los ámbitos donde la Argentina debería ampliar su respuesta. Una iniciativa específicamente centrada en Sea Lion permitiría reafirmar las resoluciones existentes, advertir sobre las consecuencias irreparables de esta medida unilateral y volver a colocar la negociación entre ambos gobiernos en la agenda internacional.

El objetivo debería ser modificar el escenario político en el que el Reino Unido calcula los costos de negarse a negociar mientras avanza la explotación de los recursos del área disputada. Las recientes declaraciones de Donald Trump introdujeron un elemento nuevo, al ofrecerse a intervenir en la controversia. No constituyen un cambio formal de la posición estadounidense –y deben leerse también en el contexto de sus crecientes diferencias con Londres–, pero muestran que la cuestión Malvinas ha vuelto a ingresar en la conversación política internacional.

La cuestión de fondo –la soberanía sobre las Islas Malvinas– permanece en el ámbito de la controversia bilateral reconocida por las Naciones Unidas

Existe otro terreno que la Argentina debería explorar: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convemar. Entre 2007 y 2011, como representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, acompañé directamente la presentación que nuestro país realizó en Nueva York a partir del extraordinario trabajo científico, técnico y jurídico de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla). Aquella experiencia me permitió conocer desde dentro las posibilidades que ofrece la Convención y, también, sus límites.

Frente a Sea Lion, la Argentina debería explorar, en el marco de la Convemar, una vía circunscripta a la explotación unilateral de los recursos naturales del área en disputa. La cuestión de fondo –la soberanía sobre las Islas Malvinas– permanece, por su parte, en el ámbito de la controversia bilateral reconocida por las Naciones Unidas. Se trata aquí de determinar si la Convención ofrece mecanismos para cuestionar que, mientras esa controversia permanezca pendiente, una de las partes avance unilateralmente sobre la explotación de un recurso no renovable y produzca una alteración irreversible en el área.

La Argentina y el Reino Unido son partes de la Convención. Si correspondiera, la Argentina podría solicitar al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales mientras se sustancia el procedimiento. El objetivo es claro: frenar la explotación antes de que el petróleo comience a extraerse. No hay garantía de que una acción semejante prospere. Pero tampoco hay razón para renunciar de antemano a examinarla.

Hay un antecedente que merece atención. La República de Mauricio mantuvo durante décadas una disputa con el Reino Unido por el archipiélago de Chagos. En 2010 inició un arbitraje bajo la Convemar por la creación británica de un área marina protegida. El tribunal no aceptó utilizar la Convención para decidir quién tenía soberanía sobre Chagos. Es una advertencia importante para la cuestión Malvinas.

Pero el caso no terminó allí. Mauricio recurrió después a la Asamblea General de las Naciones Unidas; esta solicitó una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, que se pronunció en 2019. La acumulación de instrumentos jurídicos y políticos terminó modificando el escenario. Esa es la verdadera enseñanza de Chagos: diplomacia y derecho internacional, Naciones Unidas y mecanismos jurisdiccionales pueden formar parte de una misma estrategia.

Una estrategia de ese tipo tendría consecuencias que exceden el expediente jurídico. Sea Lion necesita capital, bancos, aseguradoras, proveedores, buques y empresas de servicios. Un proyecto sometido a controversias internacionales y procedimientos arbitrales opera bajo condiciones diferentes de uno que avanza en un escenario de aparente normalidad jurídica.

La internacionalización de la disputa también modifica el cálculo político: obliga al Reino Unido a responder en otros ámbitos y eleva el costo de pretender que la negativa a negociar pueda convivir indefinidamente con sus decisiones unilaterales en el área en disputa. La Argentina cuenta con un amplio respaldo internacional al llamado de las Naciones Unidas a encontrar una solución negociada a la disputa de soberanía. Una estrategia jurídica debería potenciar ese capital diplomático y complementar las herramientas internas ya existentes.

Chagos mostró que la acumulación de instrumentos puede modificar el escenario. La Argentina debe hacer lo mismo. El petróleo es un recurso no renovable. Hay que actuar antes del primer barril. Después, puede ser tarde.