Riesgo de reclutamiento y control territorial en Nariño activa alerta de la Defensoría del Pueblo

El alcalde de Ricaurte rechazó la advertencia y calificó la medida como 'supremamente irresponsable'.

Por el riesgo de un virtual resurgimiento de la violencia entre los grupos armados ilegales, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 025 de 2026 para los municipios de Ricaurte y Mallama, en el piedemonte costero del departamento de Nariño.

“Emitimos la Alerta Temprana 025 de 2026 para los municipios de Ricaurte y Mallama, en el piedemonte costero del departamento de Nariño, ante el riesgo de escalamiento de la violencia entre grupos armados ilegales”, señaló mediante un comunicado el Ministerio Público.

Explicó que la alerta temprana obedece a la identificación de afectaciones que impactan de manera conjunta a las poblaciones étnicas y campesinas, al igual que a liderazgos sociales y a firmantes de paz.

Pero no solo los actores sociales de los dos municipios podrían verse afectados; también advirtió que la medida se adoptó ante el impacto que podría generar la violencia en quienes viven del comercio, en el gremio de transportadores y en las misiones médicas.

“Adicionalmente, niñas, niños y adolescentes están particularmente expuestos al reclutamiento forzado”, añadió la Defensoría del Pueblo.

Luego dijo que se formularon un total de 29 recomendaciones para prevenir posibles violaciones de derechos humanos, fortalecer la protección colectiva y garantizar una respuesta institucional integral en las comunidades.

En el piedemonte costero de Nariño, según las autoridades, hay presencia del grupo ‘Comuneros del Sur’ del Eln y el frente ‘Iván Ríos’ de la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, de las disidencias de las Farc, que se disputan en el territorio las rutas del narcotráfico y aprovechan el fácil acceso al océano Pacífico, a través de un corredor selvático muy cercano al vecino país del Ecuador.

Tienen control de los corredores

“Les permite distribuirse el territorio, el control de los corredores transfronterizos hacia Ecuador, el tráfico por la troncal Vía al Mar, así como la captación de rentas del narcotráfico y el auge minero ilegal”, afirmó el organismo.

Puso de presente que con la terminación de la mesa de diálogos con la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’ en el pasado mes de agosto, se presenta un riesgo inminente de disputas directas en el corto plazo en esa región de Nariño.

“No se descarta el reingreso de facciones de la guerrilla del Eln o del autodenominado y disidente ‘Estado Mayor Central, EMC’”, agregó después.

De acuerdo con el análisis del complejo escenario de guerra que se podría desatar en la zona, los citados grupos armados ilegales se apoyan en la ‘tercerización criminal’ con otras estructuras como las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), que tendrían articulaciones en el Ecuador con ‘Los Lobos’ y ‘Los Choneros’, la Nueva ‘Urías Rondón’ o frente 37 de las disidencias y hasta con bandas delincuenciales locales como ‘Los Zabaleteros’, ‘Los Marihuanos’ y ‘Los Flacos’. Estas bandas estarían dedicadas a realizar tareas directas de sicariato, cobro de extorsiones y vigilancia.

“Un eventual acuerdo que habrían pactado en el año 2024 los grupos armados con las bandas delincuenciales les permitiría distribuirse el territorio, el control de los corredores transfronterizos hacia Ecuador, el tráfico por la troncal Vía al Mar, así como también la captación de rentas del narcotráfico y el auge de la actividad minera ilegal”, recalcó la Defensoría del Pueblo.

Sostuvo que el ejercicio de estas alianzas entre los grupos armados y las bandas delincuenciales vulnera la autonomía comunitaria y la integridad física de las poblaciones indígenas Awá, asociadas a Camawari y Uripawa, y Los Pastos del Gran Mallama.

En Ricaurte hay tranquilidad

El alcalde del municipio de Ricaurte, Ricardo Benavides Morán, se mostró sorprendido por la medida adoptada por la Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad que se registran actualmente en su territorio.

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Al ser consultado por EL TIEMPO sobre la situación actual en materia de orden público en su jurisdicción, respondió: “Mi municipio está totalmente tranquilo, todo gracias a Dios”.

“Eso, en mi concepto, es supremamente irresponsable por parte de la Defensoría del Pueblo”, aclaró y agregó que donde se registra una grave violencia es en los municipios de El Peñol y Linares, al igual que en los límites entre Nariño y el Cauca.

Sostuvo que desde hace cuatro meses no se han producido muertes violentas en Ricaurte, por lo que persiste un ambiente de paz y armonía tanto en la zona urbana como rural.

Al alcalde del municipio de Mallama, Darío Palacios, EL TIEMPO le hizo el mismo planteamiento acerca del tema, pero no respondió.

Especial para EL TIEMPO

Pasto

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