Un proyecto que debilita la nueva educación pública y no resguarda la calidad

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El proyecto de ley aprobado en el Congreso, que flexibiliza y posterga la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), ha sido presentado como un ajuste razonable del cronograma para asegurar mejores condiciones en los traspasos y poner la calidad educativa en el centro. Pero no estamos frente a un simple cambio de calendario. La iniciativa reduce drásticamente los requisitos para que los municipios sigan gestionando las escuelas y terminará debilitando a la educación pública.

En primer lugar, el proyecto permite a la mayoría de los municipios que aún no se han incorporado a la reforma, postergar el traspaso de los establecimientos a los Servicios Locales hasta 2035, sin ninguna exigencia de calidad educativa. En la práctica, se elimina el requisito de desempeño educativo vigente para seguir gestionando las escuelas y basta con que un municipio no tenga deudas previsionales y alcance un 90% de asistencia de los estudiantes -cifra similar al promedio histórico del sistema educativo-, para seguir manteniendo la gestión educativa. La pregunta es obvia: ¿por qué un municipio, que no ha demostrado un alto desempeño educativo, debería poder postergar su ingreso al SLEP? La conclusión inevitable es que la nueva ley no resguarda la calidad educativa.

En segundo lugar, deteriora, en vez de fortalecer, las condiciones de instalación de los nuevos SLEP, ya que los municipios podrán postergar el traspaso solo unos pocos meses antes. Con estas condiciones, ningún SLEP podrá planificar con eficiencia el proceso si desconoce hasta último minuto qué escuelas gestionará. Aumenta la incertidumbre laboral para docentes y asistentes de la educación, y genera confusión en las familias. Adicionalmente, provocará severos problemas en la planificación presupuestaria, la gestión de personas y en servicios básicos ya licitados, como transporte escolar, insumos, mantención e infraestructura, entre otros.

En tercer lugar, la ley debilita la confianza y el apoyo institucional a la reforma al cuestionar la capacidad de los SLEP para entregar una educación de calidad. Ello, pese a que los duros datos dicen que los SLEP que llevan más tiempo de implementación alcanzan mejores resultados educativos que sus pares municipales. Más grave aún, fragmenta la educación pública prolongando un sistema de educación pública híbrido por casi una década más, con todos los costos de gobernanza, pérdidas de economías de escala, y desigualdades de reglas y estándares para estudiantes y docentes de un mismo territorio, desdibujando el propósito de construir un sistema de educación pública nacional.

Por último, la evidencia señala que la colaboración es clave en el mejoramiento educativo sostenido. Sin embargo, en vez de aprovechar las buenas experiencias y capacidades de establecimientos municipales para potenciar el trabajo de los nuevos SLEP, el proyecto promueve la competencia entre establecimientos gestionados por los SLEP y las municipalidades.

El desafío del país es cómo corregir los problemas de gestión y seguir mejorando la implementación de la Nueva Educación Pública para transformarla en un orgullo nacional, no discutiendo cómo mantener un modelo municipal que ya demostró sus límites.

Por Xavier Vanni, investigador CIAE Universidad de Chile

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