El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anula la sentencia que declaró ilegal el chalet de Xabi Alonso

Xabi Alonso podrá dejar atrás uno de los problemas que más quebraderos de cabeza le ha ocasionado en el ámbito personal. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha resuelto a favor de la legalidad del chalé que el actual entrenador del Chelsea construyó en el monte Igeldo, una de las zonas más exclusivas de San Sebastián. 

La decisión pone fin a un largo proceso judicial que había mantenido la vivienda vacía durante dos años. El inmueble, de más de 1.000 metros cuadrados y valorado en unos dos millones de euros, se convirtió en el centro de una disputa urbanística que fue ganando relevancia con el paso del tiempo. La propiedad cuenta con piscina y un sótano de aproximadamente 500 metros cuadrados.

La situación se complicó cuando un juzgado de San Sebastián declaró la construcción como obra ilegal. Tanto el Ayuntamiento donostiarra como Tavaro XXI, la sociedad propietaria del chalé y administrada por Nagore Aranburu, esposa del técnico, recurrieron la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con la intención de revertir el escenario judicial.

Mientras se esperaba una resolución definitiva, el conflicto sumó un nuevo frente. El 14 de junio de 2025, los colectivos ecologistas Ekologistak Martxan y Haritzalde, junto con una asociación vecinal, acudieron a la Fiscalía de Gipuzkoa para denunciar posibles irregularidades relacionadas con la construcción y el acceso a la finca.

La denuncia sostenía que la parcela no disponía de un acceso propio habilitado y que el Ayuntamiento había permitido utilizar ese terreno público pese a las restricciones establecidas por la normativa urbanística. Por este motivo, los denunciantes también apuntaron a un posible delito de prevaricación por parte de los responsables municipales.

La resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco supone un cambio decisivo para Xabi Alonso y su entorno, que podrán volver a acceder a una vivienda que había permanecido cerrada durante dos años por las consecuencias del procedimiento judicial.