Será obligatorio devolver botellas y latas para recuperar el dinero que se dejará como depósito

La gestión de residuos es uno de los aspectos importantes todavía pendientes en España. Y es que, aunque cada vez estamos más concienciados acerca del reciclaje en nuestro día a día, lo cierto es que el sistema actual, basado principalmente en la separación de residuos a través de contenedores por colores, no ha logrado alcanzar los objetivos marcados por la normativa europea.

Los datos de los últimos años lo dejan claro y han confirmado que la recogida de envases se queda muy por debajo de lo exigido. Es por ello que esta situación ha obligado a replantear el modelo e introducir cambios importantes para mejorar las tasas de reciclaje y acercarse a los niveles que fija la Unión Europea.

Es aquí donde entra en juego el nuevo sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), que deberá estar en marcha antes del 22 de noviembre de 2026, según el plazo previsto. Este modelo obligará a los clientes a devolver envases como botellas de plástico, latas o briks en los comercios, a cambio de recuperar un pequeño depósito económico que se paga al comprarlos.

La legislación española es muy clara y establece que, al no haberse cumplido los objetivos de recogida de envases en 2023, debe ponerse en marcha en un plazo de dos años un modelo que garantice mejores resultados, lo que supondrá un cambio muy importante para consumidores y comercios. A partir de entonces, los envases de bebidas de hasta tres litros —como agua, refrescos, zumos o cerveza— llevarán un pequeño sobrecoste, de al menos 10 céntimos, que se recuperará al devolverlos en tienda o en máquinas específicas.

De esta forma, se buscará aumentar de forma significativa la recogida de estos residuos, que actualmente ronda poco más del 40%, muy lejos de los niveles exigidos por la normativa. La meta final es alcanzar porcentajes cercanos al 90% en los próximos años, en línea con los objetivos europeos.

Sin embargo, la puesta en marcha del sistema no está siendo sencilla. Tal y como apunta la información publicada por 'La Vanguardia', la burocracia y la complejidad del modelo están ralentizando todo el proceso. A día de hoy, todavía hay aspectos clave sin definir, como quién gestionará el sistema o cómo se organizará a gran escala.

Además, el despliegue supone un reto logístico enorme, pues hay que adaptarlo a cientos de miles de puntos de venta y a miles de municipios, lo que complica aún más su implantación. Incluso desde el propio sector reconocen que llegar a tiempo en 2026 será complicado debido a la falta de desarrollo normativo y técnico. Sin embargo, el proceso sigue adelante y el plazo previsto para su puesta en marcha se mantiene, por el momento, sin cambios oficiales.