Una hoja de ruta para salir del desafiante déficit fiscal y crecer

La mesa de ‘Líderes y empresas que construyen país’ analizó las fórmulas para salir del laberinto fiscal.

“Colombia es un país que no crece”.

Esa fue la primera frase que soltó Marcela Meléndez, la directora ejecutiva del centro de pensamiento e investigación Fedesarrollo, en su exposición frente a los empresarios convocados a la segunda sesión de la iniciativa “Líderes y empresas que construyen país” 2026, de EL TIEMPO Casa Editorial, que busca debatir ideas en torno a los grandes temas de Colombia.

Se refería así a que niveles de crecimiento promedio de 1,1% del PIB, como el registrado en el periodo 2015-2025, de poco sirven para enfrentar los enormes retos existentes en materia de pobreza y desigualdad.

El bajo crecimiento, explicó, se debe a una dinámica de productividad deficiente y una tasa de inversión insuficiente. La tasa de inversión cayó de 23,4% en 2015 a 15,9% en 2026 y en el último cuatrienio se profundizó el desplome.

¿Cómo cambiar esta situación? En su charla, centrada en el problema fiscal del país, la reconocida economista, con amplia experiencia internacional en instituciones como el Banco Mundial y el Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), dejó un mensaje claro: “Para prender los motores del crecimiento, se necesita, en primer lugar, ordenar las finanzas públicas”.

Esto porque el desajuste fiscal lleva a un mayor costo de financiamiento para el Gobierno y tasas de interés más elevadas dificultan la inversión privada, que es la generadora de crecimiento.

El país está como alguien que se endeuda cada vez y a costo de tarjeta de crédito: llega un momento en que se tiene que olvidar de invertir y luego se ve ‘a gatas’ para pagar hasta los servicios básicos y la educación de sus hijos.

Desajuste crítico

El origen del desajuste actual, según la expositora, está en un descalce sistemático entre ingresos y gastos a partir de la Constitución de 1991, agudizado por la pandemia y la falta de recuperación en los años posteriores.

El nivel de endeudamiento público ha alcanzado una dimensión crítica. La deuda del gobierno central roza hoy el 60% del PIB, superando el ancla del 55% fijada por la Regla Fiscal.

Según Meléndez, de no adoptarse medidas de fondo, el déficit primario de la nación -es decir, el saldo en rojo que deja la diferencia entre ingresos y gastos, sin considerar el costo de la deuda pública- escalaría de 3,3% del PIB (2025) al 4,5% (2026), lo que llevaría el déficit total a un alarmante 9,4% del PIB.

El nuevo Gobierno planteó reducir ese déficit primario en 2,2 puntos del PIB en un año a través de una ‘ley de rescate económico’ centrada en el recorte de gasto. 

Sin embargo, Fedesarrollo considera que un ajuste de tal magnitud en tan corto plazo resulta difícil de concretar, más con imprevistos como los del terremoto de agosto (que pueden demandar alrededor de 30 billones de pesos) y con las deudas aún no claras del todo en sectores como el de la salud y el de la energía.

Los anuncios del Gobierno con respecto a la política fiscal “son ambiciosos, deseables y van en la dirección correcta, pero aún falta claridad en la estrategia”, según Meléndez.

Fedesarrollo proyecta que, de concretarse el 75% del ajuste que venga, el déficit total se mantendría en 6,3% del PIB y la deuda en torno al 66% para 2030, ambos datos aún muy altos.

Un obstáculo para corregir el rumbo fiscal radica en la rigidez presupuestal. Alrededor del 55% del gasto público es intocable a corto plazo sin grandes reformas legales en sectores como pensiones, salud y transferencias territoriales. Solo entre 2022 y 2025 se adicionó una carga de 52,4 billones de pesos en gasto estructural por compromisos sociales. Por otra parte, solo el 35% del gasto es susceptible de modificación a corto plazo vía transferencias y subsidios.

IVA, petróleo y SGP

Si bien el Gobierno dice que el ajuste se hará por el lado de los gastos sin tocar ingresos, Fedesarrollo cree que el momento exige discutir ingresos y transferencias.Uno de los debates que plantea es sobre el IVA. Las exenciones le cuestan al país un 5,8% del PIB en recaudo perdido (hasta 9 puntos sumando exenciones a personas naturales y jurídicas). La propuesta es aplanar la base eliminando beneficios a altos ingresos e implementando esquemas de devolución a hogares vulnerables.

Igualmente, insiste en la necesidad de recuperar progresivamente el motor fiscal de los combustibles fósiles. Debilitado por la interrupción de la exploración petrolera y gasífera. La contribución tributaria del petróleo a los ingresos del Gobierno Central cayó drásticamente: del 19,6% al 3,7% entre 2013 y 2025.

Un tercer punto es la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Elevar transferencias del 26% al 39% generará, según Meléndez, un desbalance fiscal insostenible si no se traslada una cifra equivalente de competencias a las regiones.

Ajuste en tres tiempos

Al cierre de su exposición, la economista proyectó una hoja de ruta de ajuste fiscal progresivo. El primer tiempo, el corto plazo, sería para hacer recortes inmediatos en gastos personales, generales, inversión y subsidios de servicios públicos; sincerar cuentas; saldar deudas no explícitas de alto costo; levantar barreras para el crecimiento y formalizar el acuerdo que se está buscando con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El inicio de conversaciones con el FMI es una señal muy positiva para brindar disciplina fiscal, estabilizar la tasa de cambio y acceder a crédito más barato”, resaltó Meléndez. 

No a exenciones

En cuanto a dar incentivos tributarios a sectores para estimular la inversión, un tema que surgió en la mesa, la expositora argumentó que no es momento de otorgar exenciones o tratamientos especiales a sectores específicos, sino de bajar la carga tributaria general corporativa, eliminar trámites innecesarios, garantizar la seguridad física y jurídica, y buscar que el recaudo sea plano y equitativo.

Sobre las obras por impuestos, dijo que puede ser un mecanismo útil para dar un empujón temporal a proyectos de infraestructura que están hoy estancados, pero que mantenerlo en el tiempo sería muy costoso para el Estado.

A manera de conclusión, Meléndez expresó que Fedesarrollo cree que “el país no necesita políticas que estimulen artificialmente la demanda, sino decisiones de fondo que impulsen la inversión, el ahorro interno y la productividad”. Agregó que la solución al laberinto fiscal exige pragmatismo, pero también prudencia monetaria, contención en el ajuste del salario mínimo y “una preferencia decidida por el crecimiento económico” como base indispensable para la reducción sostenible de la pobreza y la desigualdad.

LOS LIDERES EMPRESARIALES OPINAN

El Gobierno tiene un gran reto fiscal, pero vemos que está buscando alternativas para optimizar el gasto. Colombia necesita una regla de impacto fiscal. Las decisiones de gasto deben ligarse a resultados verificables y metas definidas. Así, la política fiscal será una herramienta para impulsar el crecimiento.

Luis Carlos Arango VélezDirector ejecutivo de Colsubsidio

Como mínimo, es necesario controlar el gasto público improductivo, desarrollar palancas para proteger y atraer inversión, y garantizar el manejo de la deuda. Será necesaria una reforma tributaria equitativa que abra espacios para potenciar sectores como el turismo y el transporte de pasajeros y carga.

Erika ZaranteCEO de Latam Airlines Colombia

Sin duda, Colombia necesita tener no solo más disciplina fiscal sino más eficiencia en el manejo de sus recursos. Sin embargo, no se puede olvidar que invertir en salud no es realmente un costo: es invertir tanto en el bienestar y la productividad, como en la equidad y la estabilidad del país.

Henry GallardoDirector de la Fundación Santa Fe

Para mejorar el panorama fiscal, Colombia debe ordenar sus finanzas públicas sin frenar el crecimiento: hacer eficiente el gasto, recuperar e impulsar la inversión y evitar excesivas cargas a las empresas. Menos trámites, reglas estables y tributación competitiva para crecer, recaudar y generar empleo.

José Miguel LinaresPresidente de Drummond Ltd.

La prioridad debe ser una consolidación fiscal creíble que reduzca el déficit primario, fortalezca la confianza de los inversionistas y recupere el espacio para la inversión productiva, que es la única vía sostenible para aumentar la productividad, el crecimiento y el recaudo futuro.

Mauricio PatiñoGte. de Construcciones Planificadas

La inversión privada debe ser motor de la productividad y de los ingresos para contribuir a reducir el déficit fiscal del país. Para atraer esa inversión, Colombia necesita no solo reglas claras, estabilidad regulatoria, seguridad jurídica, sino una visión de largo plazo y gran fortaleza instituciona.

Judith BuelvasDirectora país de Veolia Colombia-Panamá

La modernización tecnológica  del Estado, para hacer más eficiente el gasto, combatir la evasión tributaria y mejorar la productividad en general, es vital para un país como Colombia. La tecnología, así como la innovación y la inversión, es clave para alcanzar una sostenibilidad fiscal con crecimiento económico.

José Fernando Quinterocountry manager de Indra Group - Colombia, Ecuador, Centroamérica y el Caribe

Colombia necesita elevar su competitividad en la región para atraer mayor inversión privada, pues la inversión impulsa el crecimiento, la generación de empleo y la estabilidad macroeconómica. Con seguridad jurídica, agilidad administrativa y reglas claras, esa inversión debe traducirse en mayor bienestar para los colombianos.

Carlos De la RivaGerente general de Eli Lilly Colombia

La prioridad debe ser acelerar el crecimiento económico con más inversión, productividad y más empleo formal. Para ello, es fundamental simplificar trámites, reducir barreras regulatorias, brindar mayor seguridad jurídica a la inversión y tener disciplina en el gasto público. Crecer más y gastar mejor permitirá fortalecer el recaudo, la confianza y la sostenibilidad fiscal del país.

Julio Cesar Martínezpresidente de la red de droguerías Cruz Verde

Urge avanzar en la formalización laboral del país. Al ampliar la base de contribuyentes, se alivia la carga fiscal sobre el sistema público de salud, se reduce la presión sobre la cobertura de riesgos laborales y se liberan recursos estatales destinados al pago de las pensiones.

Adriana SolanoPresidenta el Consejo Colombiano de Seguridad

Se necesita fortalecer las cuentas públicas mediante una estrategia de disciplina fiscal, acompañada de una simplificación normativa que reactive la inversión extranjera, impulse la productividad, aumente el recaudo y contribuya a un crecimiento sostenible y competitivo.

Francisco O’BonagaSocio directorRegión Andina de Deloitte

Este espacio de diálogo nos deja una prioridad para el país: Debemos consolidar unas finanzas públicas sostenibles que fortalezcan la confianza, impulsen la inversión y permitan recuperar una senda de crecimiento económico sólida y duradera para Colombia.

Gerardo SilvaPresidente del Banco de Occidente

¿Qué está pasando con la información fiscal?

María Claudia Lacouture, exministra y actual presidenta de AmCham, la Cámara de Comercio Colombo-Americana, presentó un ejercicio hecho por esta entidad antes de la llegada del nuevo gobierno, para conocer la información fiscal real del país, su manejo, su trazabilidad y su interoperabilidad. Se diseñaron y radicaron derechos de petición ante siete entidades. Todas respondieron, a excepción de la Dian. Se obtuvieron 1.150 folios de información, muchos de ellos entregados en formato físico. La recolección incluyó aspectos como finanzas públicas, decisiones fiscales, inversión, contratación, programas sociales y gestión institucional.

Con la ayuda de la inteligencia artificial, se identificaron siete hallazgos principales, destacando la falta de trazabilidad en el gobierno para determinar el valor y las necesidades fiscales reales. Se halló una alta disponibilidad de datos y una coherencia interna aceptable dentro de cada entidad. Sin embargo, la trazabilidad de la información entre diferentes entidades alcanzó solo un 35% en la calificación, al igual que la interoperabilidad entre entidades, que es casi inexistente en el sistema fiscal nacional. “Es decir, no se hablan entre las diferentes entidades de gobierno sobre las mismas variables y las mismas temáticas”, explicó Lacouture.

Según la exministra, desde hace mucho ha habido esa dinámica, pero ella considera que se ha acentuado. “Sin embargo, me sorprendió el resultado sobre trazabilidad e interoperabilidad porque se ha trabajado mucho en generar la modernización tecnológica de los gobiernos. Desde hace 20 años todos los gobiernos han hablado de la modernización y la realidad es que no existe”.

Lacouture resaltó que la Dian, entidad que se encarga de los impuestos y las aduanas, debería ser la más modernizada, pero hay secciones que no han cambiado en los últimos 20 años. En la mesa surgió como una explicación parcial del fenómeno la existencia de políticas públicas que limitan ese proceso de trazabilidad o de integración de la información, pero también se planteó que hay juegos de intereses dentro de algunas entidades que rechazan la modernización. 

Varias voces coincidieron en que este tema debe reevaluarse porque la información pública debe ser transparente y la forma de transparentarla “es con tecnología, no con un Excel”.

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