Las razones por las que suspendieron a siete funcionarios de la Alcaldía de Barrancabermeja: mencionan al 'bachiller' y supuestas irregularidades

La aprobación de proyectos de regalías por más de $30.000 millones tiene en la mira a siete funcionarios de la Alcaldía de Barrancabermeja.

La Personería de Barrancabermeja abrió una investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional de siete altos funcionarios de la Alcaldía Distrital por presuntas irregularidades relacionadas con la aprobación y ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

La medida cobija a Jessie Stivent Moreno Salom, secretario general; Maribel Benítez Perea, secretaria Distrital de Planeación; Óscar Enrique Jaramillo Jiménez, secretario de Hacienda; Dayron Oswaldo Aguilera Cárdenas, secretario Jurídico; Rafael Leonardo Granados Cárdenas, secretario de Ambiente y Transición Energética; Johana Paola Santos Rey, secretaria de Infraestructura, y Laura Vanessa Rangel Acosta, directora de Planeación Institucional.

La actuación disciplinaria se originó tras una queja presentada por el periodista Diego Waldron Guerrero, director de la revista Gente de Barrancabermeja, quien cuestionó la aprobación de cuatro proyectos financiados con regalías y la designación de FONCOLOMBIA como entidad ejecutora de los recursos. 

¿Qué investiga la Personería?

Según el auto de apertura, las principales dudas están relacionadas con el proyecto denominado "Construcción de granjas solares como alternativa para beneficiar las comunidades en el Distrito de Barrancabermeja", valorado en más de $30.000 millones. 

La Personería señala que existen indicios de que habría sido aprobado sin cumplir plenamente algunos requisitos técnicos y legales exigidos por el Sistema General de Regalías. 

Entre las observaciones preliminares aparecen presuntas inconsistencias en documentos de sostenibilidad, certificaciones de riesgo y uso del suelo, disponibilidad de predios y soportes técnicos requeridos para la viabilidad del proyecto. 

Además, el organismo de control investiga un posible detrimento patrimonial derivado de la inclusión en los presupuestos de estampillas, contribuciones y otros costos que, según la hipótesis disciplinaria, podrían no haberse causado bajo el esquema de contratación adoptado con FONCOLOMBIA. 

La investigación también se extiende a dos proyectos educativos: la construcción del establecimiento educativo Los Laureles y la construcción del establecimiento educativo 26 de Marzo, sede La Esperanza, donde se habrían incluido conceptos presupuestales similares que ahora son objeto de revisión. 

¿Por qué fueron suspendidos?

La Personería argumenta que la suspensión provisional es una medida cautelar y no constituye una sanción anticipada. 

El objetivo, según el documento, es evitar que los funcionarios investigados puedan interferir en el desarrollo de la investigación o en la recolección de pruebas mientras avanza el proceso disciplinario.

El ente de control sostiene que los servidores públicos investigados tenían responsabilidades directas en etapas clave como la formulación, viabilización, priorización, aprobación y seguimiento de los proyectos financiados con regalías, por lo que deberá establecerse si cumplieron o no con sus deberes funcionales. 

La decisión corresponde a una etapa preliminar del proceso disciplinario y la Personería aclara que la responsabilidad de los funcionarios solo podrá determinarse tras la práctica y valoración de las pruebas que se recauden durante la investigación.

EL SUPUESTO CONTRATISTA

Según la queja que dio origen a la investigación, el 2 de marzo de 2026 FONCOLOMBIA suscribió un contrato para el proyecto de granjas solares con la Unión Temporal UT Solar Barranca, representada legalmente por Jorge Humberto Argüello Barrera, conocido como  Bachiller.

Allí se señala además que esa unión temporal estaría conformada en un 99 % por Jorge Argüello y en un 1 % por otra sociedad. 

La razón por la que su nombre toma relevancia es que el denunciante, Diego Waldron Guerrero, sostiene en su escrito que recursos públicos del municipio habrían terminado favoreciendo indirectamente una campaña política relacionada con la familia Argüello. 

El documento recoge esa afirmación como parte de la denuncia, señalando que presuntamente el contrato habría beneficiado inversiones vinculadas a Jorge Humberto Argüello y a la campaña a la Cámara de Representantes de su hijo, Cristian Argüello.

Sin embargo, es importante precisar que la Personería de Barrancabermeja aclara que esas afirmaciones corresponden a la versión del quejoso y que deberán ser verificadas dentro de la investigación. La actuación disciplinaria que se abrió actualmente está dirigida contra los funcionarios de la Alcaldía por su participación en la aprobación, viabilización y designación del ejecutor de los proyectos de regalías, no contra Jorge Humberto Argüello.

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