Congresistas preocupados por recorte presupuestal a la JEP piden ayuda internacional: “Afectaría notablemente audiencias e investigaciones”
Un grupo de congresistas, liderado por el senador Antonio José Correa, del Partido de la U, busca alertar a la comunidad internacional sobre un posible recorte de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que reduciría su presupuesto para 2027 en $170.000 millones.
Las cartas advierten que la medida podría paralizar procesos judiciales, impedir la ejecución efectiva de sanciones y dejar a las víctimas sin respuestas oportunas. También podría aumentar la incertidumbre jurídica de quienes comparecen ante la jurisdicción, incluidos antiguos integrantes de las Farc y miembros de la fuerza pública.
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La preocupación fue planteada en comunicaciones dirigidas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Congreso de Estados Unidos.
Según los documentos, la propuesta representaría una disminución aproximada del 80,4% frente al proyecto de presupuesto presentado inicialmente por el Gobierno nacional, que sería discutido y aprobado la próxima semana.
Ante la Fiscalía de la CPI, los congresistas solicitaron un seguimiento urgente al Acuerdo de Cooperación suscrito en 2021 entre el Estado colombiano y esa Fiscalía, durante el gobierno del entonces presidente Iván Duque.
“Esta comunicación reitera la alerta remitida por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, mediante el oficio Prs-239-2026 del 18 de septiembre, cuando se examinaba una propuesta inicial de $100.000 millones. El 23 de septiembre, mediante el oficio Prs-249 de 2026 a la CIDH, la Presidencia de la Jurisdicción advirtió sobre el escenario ampliado y sus efectos operativos”, decía la carta para la corte.
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La comunicación a la CIDH alerta sobre posibles afectaciones a las audiencias territoriales, la representación judicial, el acompañamiento psicosocial y las medidas de protección para las víctimas del conflicto armado. Los firmantes pidieron mantener el seguimiento anunciado por la Comisión y exigir al Estado un plan con medidas, recursos, responsables y plazos.
En la carta al Congreso de Estados Unidos, los legisladores solicitaron abrir un espacio de diálogo y acompañamiento, pedir información al Departamento de Estado sobre las consecuencias para la cooperación en justicia y derechos humanos y expresar a las autoridades colombianas la necesidad de garantizar recursos suficientes para cumplir los compromisos del Acuerdo de Paz.
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“La Jurisdicción reporta avances y resultados documentados, los cuales requieren continuidad de los procesos y recursos para verificar el cumplimiento de las sanciones y las medidas restaurativas”, mencionó el documento.
El primer vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina, informó a la JEP el 14 de octubre sobre una acusación sustitutiva de Estados Unidos que menciona a Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, en una reunión relacionada con el exdictador venezolano Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y dirigentes de las Farc. El congresista pidió verificar el documento y establecer si puede afectar las obligaciones de verdad plena y no repetición de antiguos comandantes sometidos a esa jurisdicción.
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Molina solicitó revisar las obligaciones vigentes de los exmiembros de las Farc y evaluar, si existen elementos suficientes, la apertura de oficio de un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad.
La acusación fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Maduro y Flores. Según el documento, hacia 2013 ambos habrían sostenido un encuentro con Londoño, Iván Márquez y Jesús Santrich, ya fallecido, en un contexto que vinculaba el narcotráfico con obligaciones económicas y el posible suministro de minas y armas.
El escrito también menciona un episodio de 2017, cuando autoridades venezolanas habrían trasladado armas a integrantes de las Farc y el ELN a cambio de cargamentos de cocaína.
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“Si existen documentos judiciales extranjeros que mencionan a antiguos jefes de las FARC en hechos de esta gravedad, la JEP tiene la obligación de contrastarlos. Los beneficios de la justicia transicional no pueden ser un cheque en blanco: están condicionados a decir toda la verdad y a no repetir conductas criminales”, afirmó Molina.
“Aquí no estamos pidiendo condenas automáticas. Estamos pidiendo que se investigue, se contraste la información y se determine si quienes recibieron los beneficios de la JEP cumplieron realmente con la verdad y con la no repetición. Colombia tiene derecho a saberlo”, concluyó.
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