Rectores le ganan el primer gallito al Mineduc tras rechazo de comisión mixta al presupuesto de educación superior

Con la votación del subsector de educación superior, este miércoles comenzó la discusión particular del Presupuesto 2027 del Ministerio de Educación en la cuarta subcomisión mixta de Presupuesto, presidida por Yasna Provoste (DC).

En la instancia, la ministra de Educación, María Paz Arzola, expuso frente a los parlamentarios presentes la propuesta que configura el presupuesto para la cartera para el próximo año, destacando positivamente su foco en los aprendizajes y la primera infancia.

“El presupuesto de Educación, desde el punto de vista de una mirada global, nos demuestra que en un contexto de estrechez fiscal la educación sigue siendo una prioridad para el gobierno”, aseguró.

Además del Ejecutivo también estuvieron presentes diversos actores invitados a exponer, entre ellos rectores de distintas universidades, quienes abordaron los eventuales efectos del presupuesto en la educación superior. Esto lo venían advirtiendo desde antes de presentada la propuesta del Ejecutivo, lo que suponía uno de los flancos de tensión más relevantes para el gobierno. Eso fue, en efecto, lo que ocurrió.

El rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Cruch, Osvaldo Corrales, advirtió lo complejo que significaría un recorte, apuntando que “el sistema de educación superior y, particularmente, su pilar más relevante, que son las universidades del Cruch, son una fortaleza estratégica del país y lo han demostrado en numerosas ocasiones”.

“Las rebajas que se están proponiendo en materia de educación superior efectivamente implican debilitar al sistema y nos parece que el país cometerá un error si ocurre eso porque el futuro va a demandar más profesionales, mejor formados, más y mejor conocimiento y no menos profesionales, menos formados y menos conocimiento”, advirtió.

En esta línea, entre las inquietudes que tenían, Corrales apuntó a que la rebaja del 1% que considera el Presupuesto se concentra en cuatro asignaciones que son el aporte institucional a universidades del Estado, el aporte fiscal directo, el plan de fortalecimiento a las universidades del Estado y el basal por desempeño, “todas las cuales suman una rebaja de más de 36 mil millones de pesos”.

Corrales abordó el aumento que se produce en el Fondo de Desarrollo Institucional, de cerca del 52%, que corresponden a fondos concursables abiertos a todas las instituciones. La idea del gobierno con esto último es que no queden amarradas para ninguna en particular. Esto si bien no lo objetaban, sí indicó que les preocupaba que no se compensara de igual manera las rebajas que se hacían, por ejemplo, a los aportes que se hacen a instituciones que trabajan con estudiantes con gratuidad.

“Golpea a las universidades estatales”

Ante estas inquietudes, desde el Cruch solicitaron de forma unánime a la subcomisión mixta rechazar la partida de educación superior, restituir los aportes basales al menos a los valores presentes en el presupuesto 2026 ajustado, y autorizar el uso del 100% de los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario.

Por su parte, desde el Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), su presidenta y rectora de la UTEM, Marisol Durán, también advirtió de “una fuerte caída en todos los instrumentos basales de las universidades tradicionales y específicamente en las universidades estatales”.

En esta línea, también recordó que el Presupuesto para 2027 se basó en los recortes que se hicieron durante este año. “Ya que durante el año 2026 existieron ajustes, reajustes y que ahora pasan a ser parte de la nueva base presupuestaria (...) y no se considera la inflación proyectada al año 2026, que es de cerca de 4,3%. Por tanto, incluso cuando una partida se mantiene nominalmente en términos de recursos, puede existir una pérdida del poder adquisitivo en el presupuesto 2027 y los recursos que están asignados”, indicó.

Junto con esto, la rectora también advirtió una disminución para PACE, programa de acompañamiento para estudiantes provenientes de establecimientos vulnerables. “Estamos hablando del acompañamiento que damos a jóvenes que se encuentran en colegios, no en el centro de Santiago, sino en las zonas rurales, en las regiones y a lo largo de todo nuestro país”, sostuvo.

En esta línea, la rectora afirmó que con hoy día el presupuesto propuesto para Educación “golpea fuertemente a las universidades estatales”, a sus trabajadores y estudiantes.

Junto con esto, también solicitó que se rechazara la partida de educación superior. “El ajuste presupuestario no puede significar un retroceso de décadas para las universidades estatales y el desarrollo del país”, reforzó luego el Cuech.

Por su parte, la rectora de la U. de Chile, Alejandra Mizala, que también participó de la instancia, manifestó que la reasignación de los recursos entre la educación preescolar y la educación superior “recae fuertemente en las universidades del Estado, que, por ley, debemos cumplir una misión que no se agota en la formación de profesionales o científicos ni en la investigación”.

En esta línea, advirtió de impactos directos del Presupuesto 2027, uno de ellos por la rebaja de recursos al Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre) de la Casa de Bello y que, recordó, “tiene una misión fundamental”, que incluye aplicar la PAES. “No contar con esos recursos implica volver a tener menos sedes, lo cual resulta enormemente injusto para los estudiantes de regiones y territorios apartados. Lo mismo con el apoyo que el Demre brinda a los estudiantes en situación de discapacidad”, advirtió.

En las intervenciones también se hizo lectura de una dura carta enviada por el rector de la PUC y presidente de la Red G9 de instituciones tradicionales no estatales, Juan Carlos de la Llera, quien se encuentra en Suiza para recibir un Doctor Honoris Causa, quien también solicitó rechazar la partida.

Juan Eduardo Vargas, rector de la U. Finis Terrae y representante de la Corporación de Universidades Privadas, fue el único en ir en una dirección opuesta. “Comprendemos la restricción presupuestaria del país y apoyamos que la prioridad fiscal se ponga en la educación parvularia y básica. No pedimos un mayor presupuesto para la educación superior, sino una distribución justa y equitativa de los recursos que se definan para este nivel educativo, para asegurar que los estudiantes vulnerables -que mayormente se encuentran en nuestras instituciones- no se vean perjudicados”, dice.

Pide revertir el recorte del fondo al aporte en investigación, mantener los fondos de desarrollo institucional (FDI) abiertos y competitivos para todas las instituciones y evaluar el impacto de los aranceles regulados en las universidades en gratuidad. “Llama la atención que las universidades tradicionales no quieran ver los efectos negativos en otras necesidades urgentes del país de su falta de comprensión del complejo escenario presupuestario”, cierra.

Finalmente, tras una jornada dividida en dos sesiones, el presupuesto de educación superior fue rechazado (ya había ocurrido lo mismo con el que rebajaba el dinero del Servel), lo que activa etapas legislativas y políticas que fuerzan una negociación con el Ejecutivo. Así, los rectores ven su primer gallito ganado.