Comisión Investigadora aprueba informe sobre gestión de Steinert: exministra nunca asistió a la instancia

Durante la mañana de este martes, la Comisión Especial Investigadora (CEI) por la gestión de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, votó y aprobó el documento con las conclusiones alcanzadas por la instancia, esto en medio de los cuestionamientos por la inasistencia de la ministra.
Cabe recordar que la exministra Steinert fue invitada en reiteradas ocasiones a participar de la comisión, sin embargo se excusó en todas las ocasiones.
La comisión votó entre dos conclusiones, una realizada por el presidente de la CEI, el diputado Raúl Leiva (PS) y seis parlamentarios, y otra por el diputado Fernando Ugarte (Partido Republicano), siendo escogida la primera de estas por seis votos a favor y cuatro en contra.
A pesar de la votación favorable, en la oposición existe desazón dado que la exministra nunca asistió a la comisión y que no se presentó una acusación constitucional en su contra debido a la conformación de la comisión investigadora.
Principales conclusiones de la comisión
En el documento aprobado por la comisión, detallan que la exministra fue invitada en seis oportunidades, (17 y 31 de agosto; 7, 21 y 28 de septiembre; y 5 de octubre), mientras que la exsubsecretaria de Prevención del Delito, fue invitada en cuatro ocasiones, y ninguna de las dos compareció ante la comisión.
De igual forma señalan que la comisión envió un cuestionario al Presidente de la República para aclarar determinados antecedentes, pero tampoco recibió respuesta.
Respecto a las conclusiones, primero sostienen que la ex ministra de Seguridad Pública habría incumplido la función legal de asesoría al Presidente en la conformación de los Altos Mandos, ascensos y retiros de las policías.
Según argumentan, “si la ex ministra no participó de la decisión de llamar a retiro a la Prefecta General Consuelo Peña, la única conclusión posible es que la ex ministra no cumplió la primera función a la que está llamada por ley respecto de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.
De igual forma, apuntan que la exministra “excedió las facultades que le entregaba la ley”, señalando que “más allá del reproche administrativo que realiza la Contraloría, los invitados a esta comisión especial investigadora dan cuenta de la excepcionalidad e inconveniencia del requerimiento de información de esta naturaleza a la luz de la ley orgánica del Ministerio de Seguridad Pública”.
En la misma línea, respecto a la solicitud de información mencionan que “la ex ministra Trinidad Steinert infringió el principio de probidad administrativa e incumplió su deber de abstención”,
Asimismo, respecto al plan de seguridad del Gobierno, a pesar de que este fue mencionado por diversos invitados a la comisión señalan que “no existe evidencia de la existencia de un programa o plan de seguridad de la administración del Presidente José Antonio Kast al asumir sus funciones”.
“Hasta la fecha de este informe no se aportaron antecedentes concretos ni documentos específicos que dieran cuenta de la existencia de dicho plan o programa para la gestión de la seguridad pública y la prevención del delito”, mencionan.
En el informe, también apuntan que “la asesoría presidencial informa que no cuentan con la función de visación de documentos jurídicos emanados del Ministerio de Seguridad Pública, sin perjuicio de contar con personal que desarrolla esas funciones”.
Según mencionan “existen dos conclusiones posibles, ambas de especial gravedad: o bien los asesores presidenciales no ejercieron las funciones para las que están contratados o habiéndolas ejercido no fueron informadas verídicamente a la Comisión Investigadora, y, por tanto, a la Cámara de Diputadas y Diputados”.
“La falta de claridad sobre la participación y responsabilidades de los asesores presidenciales dificulta el ejercicio de la función de fiscalización de esta H. Cámara, debilita la transparencia y rendición de cuentas de las decisiones de Gobierno, lo que es especialmente grave al involucrar materias relativas a la seguridad pública”, señalan.
Finalmente apuntan que “se evidencia una falta de control sobre el funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública durante la gestión de la ex ministra Steinert, así como una falta de conocimiento y supervisión de la decisión del Director General de la Policía de Investigaciones de dar curso al retiro de la Prefecto Consuelo Peña sin que en ninguna instancia se hayan solicitado antecedentes, informes o justificaciones de la conveniencia de dicha decisión”.
De esta forma, el informe plantea una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran establecer un protocolo para solicitar información a las policías, clarificar las funciones de los asesores presidenciales, y establecer mecanismos para prevenir conflictos de interés.
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