El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca queda en libertad tras cumplir diez años de prisión por corrupción
El expresidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, salió de prisión tras cumplir una condena de 10 años por corrupción. Ante su excarcelación, la Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles 28 de octubre que los bienes y propiedades vinculados a su caso continuarán bajo custodia del Estado.
La institución indicó que la condena contra Saca fue acordada durante la gestión del entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, administración que también estructuró el proceso judicial contra el exmandatario.
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La FGR sostuvo que empresas, inmuebles, vehículos y otros activos sujetos a medidas estatales no serán restituidos como consecuencia de la salida de prisión del expresidente. Según el comunicado, esos bienes permanecerán bajo control estatal conforme a las decisiones judiciales y las normas vigentes.
En marzo de 2026, un juzgado ordenó que 25 inmuebles, un vehículo y ocho productos financieros vinculados con Saca pasaran a manos del Estado. Los activos fueron valorados en aproximadamente $ 9,6 millones, incluidos $7,5 millones en propiedades y cerca de $2 millones en productos financieros.
El Ministerio Público aseguró que una revisión interna permitió detectar un supuesto plan, atribuido a la gestión de Meléndez Ruiz, que contemplaba recursos legales para que Saca recuperara la libertad antes de completar su condena.
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De acuerdo con la Fiscalía, el mecanismo habría permitido que el expresidente saliera de prisión antes de cumplir la mitad de la pena impuesta. La actual administración afirmó que tomó medidas para impedir que esa alternativa avanzara.
La institución reafirmó que mantendrá la custodia de los bienes vinculados al caso y defendió sus actuaciones en nombre de los intereses del Estado salvadoreño.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Saca el 13 de septiembre de 2018 por el desvío y lavado de $301 millones de fondos públicos durante su gobierno, entre 2004 y 2009. La sentencia lo convirtió en el primer salvadoreño condenado por delitos de corrupción vinculados con el ejercicio de la Presidencia de la República.
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La pena incluyó 10 años de cárcel y una responsabilidad civil de $ 260,7 millones por el daño causado al Estado. La Fiscalía había solicitado cinco años por apropiación o utilización ilegal de fondos públicos y otros cinco por lavado de dinero y activos.
La investigación fiscal estableció que dinero de las cuentas institucionales de Casa Presidencial fue trasladado a cuentas particulares mediante cheques sin respaldo legal y operaciones destinadas a ocultar el origen de los recursos. La estructura investigada habría movilizado alrededor de $ 301 millones del erario público.
El caso, denominado “Destape a la Corrupción”, también involucró al exsecretario privado de la Presidencia Élmer Charlaix; al exsecretario de la Juventud César Funes; al exsecretario de Comunicaciones Julio Rank; al exgerente financiero de Casa Presidencial Francisco Rodríguez Arteaga; al extesorero institucional Jorge Herrera, y al exasistente de la Unidad Financiera Institucional Pablo Gómez.
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En agosto de 2018, al inicio del juicio, Saca aceptó los hechos atribuidos por la Fiscalía y se sometió a un procedimiento abreviado, que redujo su pena a cambio de la confesión. Sin ese mecanismo, la condena potencial por los delitos imputados debía ser superior.
Charlaix recibió una pena de 10 años de prisión. Rank y Funes fueron condenados a cinco años cada uno; Rodríguez Arteaga, a seis años; Herrera, a tres años, y Gómez, a 16 años.
Gómez fue el único de los siete condenados que no se acogió al procedimiento abreviado y enfrentó un juicio ordinario. Las responsabilidades civiles de todos ellos sumaron $300 millones.
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En diciembre de 2019, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la obligación de reintegrar los fondos al Estado y corrigió el cálculo de la responsabilidad civil al añadir $347,117.17 al monto establecido.
Saca había sido detenido durante la madrugada del 30 de octubre de 2016, mientras asistía a la boda de uno de sus hijos en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Otros investigados también fueron capturados durante ese evento.
En septiembre de 2019, Saca recibió una segunda condena de dos años de prisión por el caso “Transes”. El expresidente confesó haber entregado $10,000 a Ángela Iracema Avelar, empleada de la Cámara Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, a cambio de información sobre el proceso civil abierto en su contra y contra Charlaix.
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Las autoridades judiciales revisaron el cómputo de esa pena en 2020 y consideraron cumplidos los dos años con el período que Saca había permanecido bajo detención provisional por ese expediente. La decisión impidió que esa condena se agregara al final de los 10 años impuestos por el desvío de recursos de Casa Presidencial.
La Fiscalía cuestionó el cálculo, pero la Cámara Mixta de Tránsito y de Vigilancia Penitenciaria confirmó en abril de 2021 que la condena principal debía cumplirse en octubre de 2026.
En enero de 2021, la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador condenó a Saca y a su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, por enriquecimiento ilícito. La resolución determinó que no lograron justificar parte del aumento de su patrimonio durante el período presidencial de 2004 a 2009.
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El exmandatario fue obligado a devolver $3,8 millones al Estado, mientras que su esposa debía reintegrar $ 589,608.42. La suma superó los $4,4 millones y la sentencia inhabilitó a Saca para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Hasta abril de 2026, Saca había abonado $5,845.75 de los $3.89 millones que debía devolver por esa condena civil, de acuerdo con La Prensa Gráfica. Mixco de Saca mantenía entonces una obligación de $ 589.608,42.
El 14 de abril de 2026, la Cámara Primera de lo Civil instaló una audiencia de liquidación de bienes contra ambos para definir cuánto dinero seguían adeudando y establecer si los activos bajo medidas cautelares podían cubrir las cantidades pendientes. Esa obligación corresponde al proceso por enriquecimiento ilícito y es distinta de la responsabilidad civil fijada por el caso “Destape a la Corrupción”.
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Saca también fue condenado civilmente por el desvío de fondos provenientes de Taiwán, en un proceso que involucró a Juan Tennant Wright y Gerardo Antonio Balzaretti. En noviembre de 2021, un juzgado estableció una responsabilidad de $ 10 millones para los tres implicados.
Al expresidente le correspondió devolver $6 millones, mientras que Tennant Wright y Balzaretti debían pagar $2 millones cada uno. El expediente se relacionó con acusaciones de lavado de dinero por el manejo irregular de fondos taiwaneses y la sentencia civil quedó firme para Saca en agosto de 2022.
La investigación fiscal sobre los bienes transferidos al Estado concluyó que el exmandatario utilizó sociedades para desviar, ocultar y transformar recursos públicos durante su gobierno. Parte del dinero habría sido destinado a adquirir propiedades en San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente.
El cumplimiento de la pena de prisión no extingue automáticamente las obligaciones económicas impuestas en las distintas sentencias. Se desconoce cuánto ha devuelto Saca al Estado en total y cuál es el saldo vigente de cada una de sus deudas civiles.
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