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Saturday, October 24, 2026

Oficial y confirmado | Exfuncionario de USCIS acusado de cobrar por acelerar residencias y ciudadanías obtuvo casi 960.000 dólares

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Un exfuncionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) recibió $959.268 por aprobar trámites migratorios, como residencias permanentes y ciudadanías. Actuó junto con un cómplice y ahora enfrenta una posible condena de cinco años de prisión.

La investigación del FBI tiene como objetivo a Lukman Owolabi Ganiyu, exoficial superior del USCIS, y Adeniyi Akeem Somoye, señalado como su asociado. Ambos fueron arrestados el 2 de septiembre de 2026 y enfrentan un cargo federal de conspiración para recibir gratificaciones ilegales por actos oficiales, según informó CiberCuba.

Entre diciembre de 2019 y marzo de 2026, el FBI identificó en las cuentas de Ganiyu aproximadamente $287.830 en depósitos en efectivo y otros $671.438 en pagos directos recibidos a través de Zelle, Cash App y otras plataformas.

Ganiyu habría aprobado trámites en los que los solicitantes no cumplían con los requisitos establecidos por USCIS. Habría utilizado su autoridad como funcionario para acelerar esos expedientes mediante procedimientos distintos de los establecidos por la agencia federal.

Qué trámites habrían sido aprobados

Las autoridades sostienen que favoreció solicitudes migratorias a cambio de pagos. Entre los trámites involucrados aparecen residencias permanentes (Green Card), peticiones para familiares extranjeros, solicitudes de naturalización y procedimientos para eliminar las condiciones de determinadas residencias.

La investigación también señala que el exfuncionario habría utilizado su acceso para evitar controles establecidos en el proceso de revisión tales como:

  • ntrevistas obligatorias.
  • Revisiones de supervisores.
  • Verificaciones de antecedentes.
Entre los trámites involucrados aparecen residencias permanentes (Green Card), peticiones para familiares extranjeros y solicitudes de naturalización. Foto: XAI.

El fiscal federal para el Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, calificó las acusaciones de grave abuso de la función pública. "Vender beneficios migratorios a cambio de dinero es un flagrante abuso de la confianza pública", afirmó, según CiberCuba. También advirtió que las autoridades actuarán ante funcionarios que intenten poner precio a la situación legal de una persona.

R. Joseph Rothrock, agente especial a cargo del FBI en Dallas, señaló que la presunta manipulación de decisiones migratorias para obtener beneficios personales afecta la integridad de un proceso relacionado con la seguridad nacional.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de USCIS, el Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI en Dallas.

Ganiyu y Somoye podrían recibir hasta cinco años de prisión federal y una multa de hasta 250.000 dólares cada uno si son declarados culpables. Las acusaciones son alegaciones y ambos deben ser considerados inocentes hasta que un tribunal determine su culpabilidad.

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