Deportaciones del ICE: la ACLU identifica a más de 2000 agencias involucradas en los operativos migratorios
La política de deportaciones impulsada por el presidente Donald Trump se apoya en una estructura de cooperación policial que involucra a más de 2000 agencias de Estados Unidos, según un reciente informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). La organización analizó la expansión de los operativos migratorios y sus consecuencias para los derechos constitucionales.
El programa 287(g) amplía la participación de las policías locales
El nuevo informe de la ACLU describe cómo la participación de organismos federales, estatales y municipales extendió las tareas de control migratorio más allá de las actuaciones directas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Según la organización, esta estructura reúne a más de 2000 agencias y 25.000 agentes federales, incluidos integrantes de organismos como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Además, las policías locales y estatales pueden colaborar con las autoridades migratorias mediante acuerdos específicos.
Uno de los principales mecanismos de cooperación es el programa 287(g), que permite establecer acuerdos entre el ICE y las fuerzas policiales locales para desarrollar determinadas funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.
De acuerdo con los datos recopilados por la ACLU, al comienzo del segundo mandato de Trump participaban 133 agencias estatales y locales. Posteriormente, se sumaron otras 1079. La organización calcula que al menos 77,2 millones de habitantes, equivalentes al 32% de la población estadounidense, viven en condados donde las fuerzas de seguridad colaboran con el ICE.
El documento también describe distintas modalidades de intervención en espacios públicos, entre ellas menciona:
La ACLU advierte que estas prácticas pueden convertir actividades cotidianas en situaciones de exposición a controles migratorios.
“Descubrimos que, en el vasto ataque del gobierno contra nuestros derechos y libertades, la deportación masiva ha sido su arma predilecta. Se ha utilizado como pretexto, mecanismo y distracción, a veces todo a la vez”, señaló el organismo en el informe. “Bajo una avalancha de acciones de Trump relacionadas con la agenda de deportación masiva, nuestra democracia se está volviendo irreconocible”, agregó.
La ACLU advierte sobre perfilación racial y vulneraciones de derechos
El informe sostiene que las consecuencias de estos operativos no se limitan a las personas sin estatus migratorio regular. Según la organización, ciudadanos estadounidenses y residentes legales también pueden quedar expuestos a detenciones, intimidaciones o controles basados en su apariencia, idioma o actividad laboral.
Las comunidades latinas y negras figuran entre los grupos afectados por las “prácticas de perfilación racial” denunciadas en el documento. La entidad señala que estas intervenciones pueden generar temor a circular por espacios públicos o a mantener contacto con las policías locales, incluso cuando no existe una infracción.
La revisión también incluye denuncias sobre agresiones contra manifestantes y observadores, además de prácticas de vigilancia sobre reuniones comunitarias y grupos de mensajería vinculados con activistas. Asimismo, describe el uso de herramientas tecnológicas para rastrear ubicaciones, reconstruir desplazamientos y recopilar información biométrica.
Las encuestas muestran desconfianza hacia el ICE
Los sondeos de The Economist y YouGov muestran una percepción dividida sobre el organismo migratorio:
La diferencia entre partidos políticos es marcada:
La percepción sobre los procedimientos también genera cuestionamientos. El 58% de los encuestados considera que el ICE utiliza la fuerza en exceso, cifra que asciende al 69% entre quienes conocen los recientes tiroteos mortales protagonizados por agentes. Además, el 48% apoya la abolición de la agencia y el 54% desaprueba la gestión migratoria de Trump.
Qué propone la ACLU para reformar el sistema migratorio
El documento plantea cambios en la estructura de aplicación de las leyes migratorias. Una de las propuestas consiste en reemplazar al ICE por una nueva agencia de gestión de inmigración, con funciones orientadas a mantener unidas a las familias, atender las necesidades de las comunidades y responder a las demandas laborales.
La ACLU también propone establecer una vía amplia hacia la ciudadanía para las personas inmigrantes, reformar los procedimientos fronterizos y de asilo, y garantizar que los agentes y organismos públicos puedan ser sometidos a controles judiciales cuando se denuncien abusos.
El informe, además, alerta sobre iniciativas que podrían afectar a residentes de larga duración, cambios relacionados con la ciudadanía por nacimiento y obstáculos en los procedimientos de naturalización.
Según los datos presentados, cerca de 6,1 millones de residentes podrían perder protecciones legales, mientras que las tasas de naturalización habrían registrado una reducción del 75% en el contexto de las medidas cuestionadas.
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