'Después de casi dos años de intervención, Air-e empeoró en vez de mejorar': las cifras que revelan el tamaño de la crisis eléctrica en el Caribe

Norman Alarcón, vocero de los usuarios, advierte que la empresa acumula cuentas por pagar de $5,7 billones y pérdidas de energía del 34,86 %.

La intervención estatal de Air-e no ha logrado detener el deterioro financiero y operativo de la empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

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Después de casi dos años bajo el control de la Superintendencia de Servicios Públicos, la compañía tiene patrimonio negativo, recauda poco más de 72 pesos por cada 100 que factura y depende cada vez más de la compra de energía en la bolsa diaria.

El diagnóstico fue presentado por Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la Costa Caribe, quien advirtió que las medidas anunciadas por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella representan un primer paso, pero resultan insuficientes frente al tamaño del déficit.

“Evidentemente, después de casi dos años de intervención en el gobierno anterior, la situación empeoró en vez de mejorar”, sostuvo Alarcón al examinar las cifras entregadas por el agente interventor de Air-e, Ramiro Castilla, ante la Comisión Quinta del Senado.

Air-e fue intervenida el 12 de septiembre de 2024 ante el riesgo de que sus dificultades financieras afectaran la continuidad del servicio. La medida fue adoptada con fines liquidatorios, aunque durante estos dos años no se ha definido quién asumirá finalmente la operación ni cuál será el modelo empresarial que reemplazará a la compañía.

Una empresa que recauda menos de lo que necesita

Las cifras presentadas ante el Congreso describen una empresa con escasa capacidad para cubrir sus obligaciones. Air-e factura mensualmente alrededor de $395.178 millones, pero recauda aproximadamente $286.003 millones, equivalentes al 72,37 % de lo facturado.

La cartera acumulada se acerca a los $7 billones y más de 700.000 usuarios presentan obligaciones pendientes. Este nivel de mora limita el flujo de caja necesario para comprar energía, mantener las redes, atender daños y ejecutar nuevas inversiones.

El problema se agrava con las pérdidas de energía, que alcanzan un promedio del 34,86 %. El indicador llega al 29,4 % en Atlántico, al 33,3 % en Magdalena y al 41,9 % en La Guajira. La energía se pierde por deficiencias técnicas de las redes, conexiones ilegales y consumo que no puede ser facturado o cobrado.

Según el balance expuesto por Castilla, Air-e registra un Ebitda negativo cercano a $1 billón y cuentas por pagar de aproximadamente $5,7 billones. De ese monto, $1,9 billones corresponden a obligaciones anteriores a la intervención y otros $3,8 billones se acumularon posteriormente.

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Tal como lo explicó EL TIEMPO, la deuda de Air-e con el mercado eléctrico llegó a $3,09 billones. La empresa también pasó de registrar un patrimonio positivo de $2,22 billones en 2023 a uno negativo de $377.662 millones al cierre de 2025.

Ese deterioro representa una pérdida patrimonial cercana a $2,6 billones en dos años y evidencia que la intervención no consiguió equilibrar las cuentas. 

La proyección es aún más delicada: si las condiciones actuales se mantienen, el déficit estructural de caja podría alcanzar los $5,2 billones al cierre de 2026.

La compra de energía aumenta la presión financiera

Alarcón llamó la atención sobre la dependencia que tiene Air-e de la bolsa de energía. De acuerdo con el dirigente, la empresa está comprando allí el 53 % de la electricidad que necesita para atender a sus usuarios, debido a que varios generadores no estarían dispuestos a firmar contratos de largo plazo ante el riesgo de incumplimiento.

La exposición a la bolsa representa un peligro porque sus precios pueden aumentar durante periodos de baja hidrología, mayor demanda o reducción de la oferta. En lugar de asegurar buena parte de la energía mediante contratos estables, Air-e queda sometida a las variaciones diarias del mercado.

Este escenario también compromete a las generadoras, especialmente a las plantas térmicas, que acumulan obligaciones pendientes por la energía entregada. La crisis deja de ser un problema exclusivo de una comercializadora regional y comienza a representar un riesgo para la cadena eléctrica nacional.

“Más de once millones de caribeños están cansados de los abusos. En el Caribe anida la mayor pobreza monetaria y energética del país, el 92 % de la informalidad eléctrica nacional está en esta región, la infraestructura eléctrica más atrasada del país y tarifas costosas”, afirmó Alarcón.

La cifra de once millones incluye a los habitantes de los departamentos atendidos por Air-e y Afinia, las dos compañías que asumieron el mercado de Electricaribe en 2020.

El origen de una crisis que no terminó con Electricaribe

Air-e inició operaciones en octubre de 2020 en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Afinia, filial de EPM, asumió el servicio en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. La división de Electricaribe fue presentada como una solución a los problemas de calidad, pérdidas de energía y rezago de las redes.

Para la Liga Nacional de Usuarios, el cambio de operadores no resolvió las condiciones que hicieron inviable el modelo anterior: una infraestructura atrasada, altos niveles de pobreza, barrios eléctricamente subnormales, dificultades de recaudo y un esquema tarifario más costoso para la región.

Alarcón recordó que Air-e alcanzó en abril de 2024 una tarifa de $1.211 por kilovatio hora, una de las más altas registradas en el país. Atribuyó ese valor al régimen tarifario aplicado en el Caribe y al cobro acelerado de la opción tarifaria.

Según su versión, la compañía recuperó cerca de $850.000 millones correspondientes a esa opción en menos de un año, pese a que el mecanismo permitía distribuir su recaudo durante un periodo más largo.

El dirigente también cuestionó que en la Costa continúe aplicándose una remuneración especial sobre la actividad de comercialización que, según sus cálculos, agrega más de $50 por kilovatio hora a la factura.

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Actualmente, de acuerdo con las cifras presentadas por la Liga, la tarifa de Air-e se encuentra alrededor de $873 por kilovatio hora, mientras que la de Afinia llega a aproximadamente $1.033. Los valores pueden cambiar mensualmente según el costo de generación y los componentes incorporados a la tarifa.

La inversión que reclaman las redes del Caribe

Para Alarcón, una inyección de recursos destinada únicamente a cubrir obligaciones atrasadas aplazaría la crisis, pero no resolvería el rezago de las redes eléctricas.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Alejandro Castañeda, ha estimado que el Caribe necesita entre $8 billones y $10 billones durante los próximos cinco años para modernizar su infraestructura eléctrica.

El agente interventor, por su parte, presentó un plan de inversiones por $3,85 billones para ejecutar 64 proyectos de construcción y ampliación de subestaciones y otros 81 relacionados con circuitos, redes y líneas.

La propuesta distribuye $1,46 billones para Atlántico, $1,32 billones para Magdalena y $1,05 billones para La Guajira.

La Liga plantea destinar una parte de las regalías mineras a la renovación de redes, posibilidad contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo. También pide recursos del Fondo Empresarial de la Superservicios para estabilizar la compañía mientras se define una solución definitiva.

Las medidas del nuevo Gobierno

El Gobierno de Abelardo De La Espriella anunció una inyección de $1,5 billones para atender la crisis del sector eléctrico durante lo que resta de 2026. Según Alarcón, de esa suma ya fueron trasladados $300.000 millones al Fondo Empresarial de la Superservicios.

El Ejecutivo también proyecta tramitar ante el Congreso otros $1,2 billones, establecer tarifas diferenciales para el Caribe y utilizar recursos de regalías para mejorar la infraestructura.

Alarcón reconoce que estas decisiones avanzan en la dirección que han reclamado los usuarios, pero advierte que los montos no alcanzan para cubrir las obligaciones acumuladas, estabilizar la operación y financiar las obras pendientes.

“Estos recursos no son suficientes, con solo mirar la gravísima situación de Air-e intervenida”, expresó el coordinador de la Liga.

Solo el déficit de caja proyectado para diciembre, estimado en $5,2 billones, supera ampliamente los recursos anunciados. A esto deben sumarse las cuentas con generadores, las inversiones en redes y el costo de mantener la operación diaria.

Una empresa regional vuelve al debate

Entre las salidas de mediano plazo, la Liga propone crear una empresa regional de energía de carácter mixto, con participación pública y privada. La iniciativa consistiría en integrar a las compañías que operan en el Caribe y que decidan vincularse.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ha defendido públicamente esta alternativa. El gerente de EPM, John Maya, también manifestó durante una mesa energética convocada por la Procuraduría que observaba con interés la propuesta.

No obstante, la creación de una empresa regional requeriría definir quién asumiría las deudas actuales, cómo se financiarían las inversiones y qué participación tendrían la Nación, los departamentos, los municipios y los privados.

La Liga también reclama tarifas acordes con la capacidad de pago de los hogares, respeto al debido proceso en las reclamaciones y una política energética de largo plazo que no cambie con cada gobierno.

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Alarcón sostiene que la discusión no puede limitarse a encontrar un nuevo operador para Air-e. La situación de la empresa reúne los problemas históricos del servicio eléctrico en el Caribe: pobreza, redes atrasadas, pérdidas elevadas, baja capacidad de pago, tarifas cuestionadas y falta de inversiones suficientes.

“Es hora de que el Estado atienda la situación, buscándole salidas adecuadas y efectivas”, puntualizó. Para el dirigente, rescatar financieramente a Air-e sin modificar esas condiciones solo trasladaría la crisis algunos años hacia adelante.

LEONARDO HERRERA DELGANS leoher@eltiempo.com y en X: @leoher70

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