Lina Garrido arremete contra Felipe Harman por descuido de la ANT en Isla Fiesta en Cartagena: ‘Está en ruinas’

Con pisos rotos, espacios desmantelados y en avanzado estado de deterioro, así encontraron funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), incluyendo la directora Lina María Garrido, el predio Isla Fiesta, ubicado en las islas del Rosario, en Cartagena.

La entidad a lo recorrió en una visita de reconocimiento este 24 de octubre de 2026. Según la ANT, las condiciones del inmueble podrían generar afectaciones ambientales, a pesar de que el predio fue recuperado por la entidad en enero de 2026, durante la administración del entonces director Felipe Harman.

Durante el recorrido, Garrido cuestionó el estado actual del lugar y la falta de medidas suficientes para preservar sus estructuras y los elementos que permanecían allí tras la recuperación. La directora también comparó lo que vio con registros fotográficos anteriores y con testimonios de moradores que, según indicó, daban cuenta de mejores condiciones del predio.

“Lo que no se puede admitir es que la máxima autoridad de tierras de la Nación haya adelantado un procedimiento de recuperación sin proteger y salvaguardar lo que aquí estaba dispuesto”, dijo Garrido. Y agregó: “Hoy encontramos un total desastre y el fracaso de Felipe Harman como director en la administración pasada”.

Garrido pidió esclarecer qué ocurrió con el inmueble después de su recuperación y qué medidas se adoptaron para garantizar su conservación. La inspección busca documentar las condiciones actuales y, según la entidad, aportar elementos para determinar en qué circunstancias se produjo el deterioro.

La recuperación material de Isla Fiesta se hizo en cumplimiento del plan de mejoramiento formulado por la ANT. Ese plan surgió de un hallazgo de la Contraloría General de la República sobre la administración de los baldíos reservados de la Nación en los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, en particular los predios con contratos de arrendamiento vencidos.

El caso ha generado una controversia jurídica entre la ANT y el empresario que ocupaba el inmueble como arrendatario. El contrato inicial fijaba un canon de $255.000, que, con los incrementos anuales del IPC, llegó a $427.000. De acuerdo con la agencia, el empresario fue invitado en tres ocasiones a ofertar y a regularizar la ocupación del predio, y nunca respondió.

Hoy el caso se encuentra bajo estudio de la Corte Constitucional, en el marco de asuntos judiciales relacionados con el debido proceso. Asimismo, la ANT advirtió sobre los riesgos jurídicos y económicos que podría enfrentar la entidad si una eventual decisión resultara desfavorable.

“Vamos a llegar hasta el fondo de lo ocurrido en Isla Fiesta. No podemos permitir que un bien de la Nación termine en estas condiciones sin que se esclarezca qué pasó, quién debía garantizar su protección y si hubo fallas en su cuidado. Los colombianos merecen respuestas y los recursos públicos los vamos a defender”, concluyó la directora, quien está bajo investigación de la Procuraduría por presunta falta de méritos profesionales para ocupar el cargo.

Jhoan Sebastian Cote Lozano - Redacción Nación 

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