Guatemala evalúa el estado de excepción en Zacapa: un diputado asesinado, tres policías caídos y una masacre bajo reserva judicial
El Gobierno de Guatemala analizará si decreta un estado de excepción en Zacapa tras una sucesión de ataques armados que dejaron al menos 12 muertos de alto impacto en las últimas semanas, entre ellos el diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y ocho civiles durante un presunta incursión militar que aún no se ha esclarecido.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó este miércoles 11 de noviembre que la decisión será evaluada en la mesa de seguridad, donde las autoridades revisan medidas para contener la violencia en el departamento del oriente del país.
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“Estamos analizando todos esos temas y creo que en pocos días tomaremos una decisión”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la posibilidad de adoptar una disposición extraordinaria para Zacapa, luego de participar en una citación en el Congreso.
Villeda no precisó qué modalidad contemplan las autoridades ni cuáles serían las restricciones que podrían aplicarse. La Ley de Orden Público faculta al presidente de la República, en Consejo de Ministros, a declarar estados de excepción frente a una perturbación grave de la paz, calamidad pública, invasión o actividades contra la seguridad del Estado.
La discusión surge después de la masacre ocurrida a finales de septiembre en Huité, donde ocho personas murieron en un hecho que permanece bajo reserva judicial. El caso incluye investigaciones sobre la presencia de integrantes del Ejército de Guatemala en el municipio durante los hechos.
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La situación se agravó el 6 de noviembre, cuando Julio Portillo, diputado por Zacapa de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), murió luego de un ataque armado en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo. Tres policías asignados a su custodia también fallecieron.
Zacapa figura entre los departamentos con mayores tasas de homicidios del país. El Observatorio de la Violencia de Diálogos situó al departamento en el cuarto lugar nacional, con una tasa interanual de 31,5 homicidios por cada 100 mil habitantes en los 12 meses cerrados en septiembre de 2026.
El ministro de Gobernación sostuvo que todavía no existen elementos para determinar si el asesinato de Julio Portillo estuvo vinculado con su actividad política. Señaló que esa conclusión deberá surgir de la investigación del Ministerio Público (MP).
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“Aventurarme o anticiparme a decir si esto es producto de una violencia motivada por las actividades políticas del exdiputado Portillo, creo que es un poco aventurado”, declaró Villeda tras una citación en el Congreso.
El legislador había recibido protección policial después de que una evaluación de riesgo realizada en 2024 identificó amenazas de muerte en su contra. Los agentes fallecidos fueron Fernando Antonio Reyes Aldana, Erick Armides Ramos Osorio y Jorge Paau Xicol.
Las pesquisas deberán establecer las circunstancias del ataque, identificar a los responsables y determinar si existió una relación entre el crimen y el ejercicio político de Portillo.
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Villeda también se refirió al asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre en las canchas deportivas del Campo Marte, en la zona 5 de Ciudad de Guatemala.
El ministro aseguró que la investigación ha registrado avances, aunque descartó revelar información adicional debido a que el expediente se encuentra bajo reserva judicial.
“Sí ha habido avances, pero no puedo dar más detalles porque esto está, primero, bajo investigación y, segundo, bajo reserva por decisión judicial”, dijo.
En el ataque también murió el deportista Gustavo Aguilar Gamarro. Las autoridades investigan posibles irregularidades en la captura de dos personas tras el crimen, mientras siete agentes policiales enfrentan pesquisas vinculadas con ese procedimiento.
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Las peticiones de renuncia contra Villeda surgieron en medio de los cuestionamientos por los recientes hechos de violencia y las actuaciones policiales bajo investigación.
El ministro afirmó que respeta las críticas, aunque sostuvo que no ha considerado abandonar la titularidad de Gobernación. Añadió que será el presidente Bernardo Arévalo quien evalúe su desempeño y resuelva si continúa en el cargo.
“Yo respeto todas las opiniones, pero en este momento no lo he considerado”, respondió. “Al final es el Presidente el que tendrá esa decisión”, sentenció.
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