El peronismo saldó sus diferencias y aprobó medidas contra la morosidad en la provincia de Buenos Aires

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción a cuatro proyectos para regular los créditos de consumo, limitar las cobranzas abusivas y crear mecanismos de reestructuración de deudas. Las iniciativas pasarán al Senado bonaerense en un escenario de aumento de la mora: el Banco Central de la República Argentina informó que la irregularidad de los préstamos a familias llegó al 12,8% en junio de 2026, y en julio subió al 12,9%, según datos difundidos posteriormente.

La aprobación fue con el voto del bloque de Fuerza Patria y el acompañamiento tanto de los bloques dialoguistas Nuevos Aires como de Unión y Libertad. En consonancia con la línea esgrimida por el Gobierno nacional sobre esta temática -que es un problema entre privados- el bloque de La Libertad Avanza rechazó los textos. El PRO hizo lo propio en los proyectos. “Hay una clara injerencia de la Provincia sobre cuestiones que son federales”, dijo el presidente del bloque PRO, Alejandro Rabinovich.

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Una de las objeciones que emanaron fue sobre el proyecto del presidente del bloque peronista, Facundo Tignanelli, ante la potestad que se le otorga a la Defensoría del Pueblo de la provincia para generar instancias prejudiciales y crea crear un régimen de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de consumidores en la provincia de Buenos Aires.

De hecho, si bien los distintos sectores del oficialismo presentaron diversas iniciativas con el objetivo de atacar la morosidad, el bloque peronista llegó a la sesión con algunos matices que se habían exteriorizado el último viernes en un plenario de comisiones. Fue, puntualmente, por el proyecto de Tignanelli. La iniciativa prevé una instancia gratuita y obligatoria ante la Defensoría del Pueblo bonaerense antes de que se inicien acciones judiciales de cobro. En los plenarios de comisiones, la diputada Ana Luz Balor de Fuerza Patria había considerado que su posición era proclive a dejar la autoridad de aplicación a “los órganos locales”, porque la Defensoría del Pueblo tenía “otras tareas”.

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Balor fue impulsora de otro proyecto que este martes también se aprobó, luego de unificarse con una iniciativa de su compañera de bloque Noelia Saavedra, quien responde políticamente a la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

“No corresponde a nosotros la resolución del problema porque obedece a medidas macro, quizá corresponde a nosotros poder llevar algo de alivio a las familias bonaerenses. Nadie dice que la toma de crédito sea mala. El tema es para qué tomamos crédito. Acá no estamos hablando de toma de crédito para gastos suntuarios. La gente está endeudándose para comer”, dijo Balor.

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En la misma línea se pronunció su presidente de bloque. Tignanelli cerró el debate y planteó que “el problema que existe hoy en la Argentina es que no hay plata, no hay salario. Los trabajadores tienen que tener hasta dos o tres trabajos para poder, con suerte, llegar a fin de mes. Y cuando no llegan a fin de mes, toman deuda para comprar alimentos, vestir a sus hijos y sostener el nivel de vida que venían trayendo. Entonces, probablemente estas herramientas jurídicas armadas en la urgencia y dando respuesta a un problema probablemente sean un parche en la situación que están viviendo los argentinos y en este caso, los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires. No va a ser la solución definitiva”.

En su intervención, Tignanelli también se refirió al rol que tendría la Defensoría del Pueblo que comanda Guido Lorenzino en el desarrollo de una instancia prejudicial. “Si el artículo 38 de la Constitución dice que la Provincia proveerá a la educación para el consumo y el establecimiento de procedimientos eficaces y el Defensor del Pueblo de la Provincia es un organismo de la Constitución que entre sus funciones tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes, va de suyo que tiene habilitada la posibilidad de esta instancia prejudicial obligatoria o de reclamo previo obligatorio. Digo porque hay una lectura quizá caprichosa o cortada de la Constitución y hay que leerla en forma integral”. También detalló que en el municipio de La Matanza, de donde es, “uno de cada tres matanceros están endeudados”. Además, espera que las iniciativas ahora se aprueben en el Senado bonaerense, que preside la vicegobernadora, Verónica Magario.

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Así, las diferencias internas que habían emergido la semana pasada por estos proyectos y puntualmente por la iniciativa de Tignanelli, que es uno de los responsables políticos de La Cámpora en territorio bonaerense, quedaron matizadas. Sin embargo, Balor, que responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, sostuvo la posición planteada en el plenario de comisiones.

Además, la iniciativa unificada de las diputadas Balor y María Noelia Saavedra y de los diputados Juan Ariel Archanco y Juan Martín Malpeli —todos de Fuerza Patria- propone modificaciones a la Ley 13.133, Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. El proyecto aprobado busca reforzar la protección durante la contratación y ejecución de créditos, regular la publicidad de productos crediticios y prevenir el sobreendeudamiento mediante herramientas de información y educación financiera. También, incorpora disposiciones para créditos otorgados por plataformas digitales, como la obligación de explicitar las decisiones automatizadas y la posibilidad de requerir una revisión humana.

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También se aprobó otra iniciativa que unifica proyectos de Balor y de la diputada del bloque UCR Cambio Federal, Silvina Vaccarezza. Ese texto se centra en la prohibición del hostigamiento y del trato indigno durante los reclamos extrajudiciales de deudas. La propuesta, según sus autoras, apunta a establecer resguardos para las personas deudoras frente a prácticas de cobranza abusivas y contempla medidas de protección para quienes atraviesen situaciones de sobreendeudamiento.

Otro de los proyectos que se aprobó fue el que se forjó a partir de las iniciativas de los diputados Leonardo Moreno y Juan Martín Malpeli que fueron reunidas en un proyecto que plantea modificar la Ley 13.133 para establecer un régimen general de protección de los intereses económicos de consumidores sobreendeudados. La propuesta también prevé la creación de un régimen judicial de reestructuración de deudas de consumo, con el objetivo de ofrecer mecanismos para abordar situaciones en las que las obligaciones financieras superan la capacidad de pago de las personas. La Libertad Avanza rechazó todos los proyectos.

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“Algunos proyectos se contradicen; en dos expedientes generamos dos herramientas distintas, el 3108 te obliga a agotar instancias en la Defensoría del Pueblo, pero en el 354 se le debe permitir ir al juez sin la necesidad de tramitar previamente el procedimiento administrativo. Acordemos el procedimiento”, planteó la diputada Romina Braga de la Coalición Cívica. Su bloque se abstuvo y la legisladora consideró que “muchas de estas tomas de deuda terminan en apuestas, en el juego online y en la ludopatía; espero que pronto podamos hablar de un proyecto que ataque esta problemática”. La discusión seguriá en la Cámara alta.