La norma que calculaba las pensiones de las jubilaciones anticipadas ha cambiado: "hasta 400 euros menos al mes"
El progresivo envejecimiento de la población unido al incremento de la esperanza de vida está obligando a los gobiernos de todo el mundo a retrasar cada vez más la edad de jubilación para asegurar la sostenibilidad de sus sistemas de pensiones. En España, desde 2011 se viene aplicando un periodo de transición que, progresivamente, retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años si no se han cotizado los 38 años y seis meses que abre la puerta a jubilarse con 65 años. ¿Pero qué pasa si se han cotizado más de esos 38 años?
Para evitar las jubilaciones anticipadas, el Gobierno estableció una serie de penalizaciones: por cada mes que se adelante la jubilación se aplica una penalización en la pensión. Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social y experto en jubilaciones, explica en un vídeo publicado en su canal de YouTube la clave para acceder a la jubilación y evitar parte de esas penalizaciones: "la disposición transitoria 34".
Una norma pensada para un caso muy concreto. La disposición transitoria 34 nació para corregir una rareza del sistema. Antes de 2021, un trabajador con una base de cotización muy alta podía adelantar su jubilación sin apenas perder dinero. Su pensión teórica, aun aplicando los cocientes de penalización, seguía por encima del tope máximo. Así que su pensión quedaba igual, adelantara o no su retiro.
El objetivo de la norma, dice el funcionario, es "penalizar aquellos trabajadores que, jubilándose anticipadamente y aplicándose la normativa general, no sufrirían penalización en el importe de su pensión". La reforma de 2021 quiso cerrar ese hueco, pero no de golpe. Se optó por aplicar un sistema progresivo que, año a año, fuera incrementando las penalizaciones a estas pensiones más altas.
Con un ejemplo se entiende mejor. Para no dar un mazazo repentino a las pensiones más altas, la ley fijó una senda de diez años desde 2024 hasta 2033. Cada año subiría un poco más el coeficiente de penalización, y ese coeficiente se aplicará sobre la pensión máxima, no sobre la base reguladora real. Por lo que las cotizaciones más altas ya empezarían a notar la misma presión que el resto.
UN VISTAZO A...
Muñoz pone como ejemplo un caso con una base reguladora de 4.000 euros y más de 44 años y medio cotizados. Si adelanta su jubilación dos años, el recorte general sería del 13%. Pero como la pensión resultante supera el tope máximo, al final cobraría lo mismo que si se jubilara a los 65 y no a los 63. Es decir, en esos casos, las medidas para desincentivar la jubilación anticipada no estarían teniendo su efecto esperado.
En cambio, la disposición transitoria 34 le aplica una penalización del 6,7% en 2026. Ese porcentaje recae sobre la pensión máxima, que para este año fijó en 3.359,60 euros al mes. La diferencia entre aplicar la disposición transitoria 34 o no ronda los 212 euros mensuales. Casi 3.000 euros al año.
El susto de enero y la marcha atrás. En enero de 2026 la Seguridad Social decidió dejar de aplicar ese periodo transitorio y comenzó a aplicar directamente los coeficientes previstos para 2033, los más duros de toda la tabla. Tal y como publicaba elDiario.es, un trabajador afectado, podía ver como la penalización de su pensión anticipada aplicaba un recorte del 21% que debería aplicarse en 2033 en lugar del 9,34% que le correspondería en 2026 con la aplicación de la disposición transitoria 34.
Los sindicatos mostraron su desacuerdo con la anulación de la disposición transitoria 34 que estaba afectando a las pensiones de los trabajadores con más años cotizados. El Ministerio de Elma Saiz rectificó semanas más tarde restituyendo la aplicación de la citada disposición 34. La norma sigue vigente hasta 2033, tal como recoge la propia normativa en el BOE.
Qué hacer si ya pediste la jubilación. Para aquellas personas que tramitaron sus jubilaciones durante la breve derogación de esta disposición y se les aplicaron coeficientes de reducción más estrictos, no será necesario reclamar nada.
Tal y como Muñoz señala en su vídeo: "estas pensiones serán revisadas de oficio, es decir, el interesado no necesita presentar reclamación". Esta revisión, además, trae asociados los atrasos que corresponden a la parte de la pensión que se ha recortado indebidamente. La diferencia, como muestra el ejemplo de los 4.000 euros, puede ser de miles de euros.
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