Santa Marta bajo presión armada: expertos explican cómo las ACSN lograron paralizar la ciudad y extender su control desde la Sierra Nevada
Luis Fernando Trejos y Lerber Dimas Vásquez analizan la ofensiva que cerró comercios, suspendió clases y frenó el transporte.
Ejército en las calles de Santa Marta. Foto: Cortesía
PERIODISTAActualizado:
Santa Marta permanece este miércoles con establecimientos cerrados, colegios sin clases y buena parte del transporte público suspendido. El temor permanecía en las calles después de una jornada marcada por bloqueos, disparos y la incineración de cuatro vehículos, como consecuencia de la reacción de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) ante la ofensiva de la Fuerza Pública contra sus mandos.
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Las empresas de transporte decidieron no prestar el servicio hasta contar con garantías de seguridad. El mercado tampoco abrió y numerosos comerciantes mantuvieron cerrados sus negocios, mientras patrullas recorrían distintos sectores y aeronaves militares sobrevolaban las estribaciones de la Sierra Nevada.
La capacidad de la organización para llevar la violencia desde las zonas rurales hasta las calles de la capital del Magdalena dejó al descubierto un poder que va más allá de las armas. Así lo advirtieron Luis Fernando Trejos, investigador de la Universidad del Norte de Barranquilla, y Lerber Dimas Vásquez, defensor de derechos humanos y estudioso del conflicto en la Sierra Nevada, durante una entrevista en el programa Primer Plano, de EL TIEMPO, conducido por el editor general John Torres.
Para los analistas, lo ocurrido no puede entenderse únicamente como una respuesta a una operación militar. Detrás de los ataques aparece una estructura que lleva años controlando territorios, cobrando extorsiones, resolviendo conflictos comunitarios e imponiendo reglas en sectores donde la presencia del Estado ha sido débil.
Una acción sin precedentes recientes
Trejos aseguró que Santa Marta enfrentó una acción criminal que no tiene antecedentes recientes por su alcance y simultaneidad. Aunque en el pasado se registraron cierres del comercio y suspensiones del transporte, nunca se había producido en esta capital del Caribe una ofensiva coordinada contra tantos objetivos civiles.
Luis Fernando Trejos investigador barranquillero sobre temas de seguridad. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO
“Lo que vimos fue un ataque sistemático contra comercios, almacenes y vehículos de transporte público. Esto no lo habíamos visto en Santa Marta”, señaló.
El investigador comparó lo sucedido con el paro armado impuesto en 2022 por el Clan del Golfo después de la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’. Aclaró que aquella acción se concentró principalmente en Córdoba y Sucre, mientras que esta vez la violencia alcanzó de manera directa a Santa Marta.
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La reacción también habría superado la capacidad inicial de respuesta de las autoridades distritales y departamentales. Trejos considera posible que el carácter reservado de la operación militar haya impedido una coordinación previa que permitiera anticipar los ataques contra vehículos y establecimientos.
Militares desplegados en Santa Marta. Foto:Cortesía
Cada golpe contra un mando de una organización de este tipo, explicó, puede generar retaliaciones contra bienes civiles. En Santa Marta, la respuesta fue creciendo durante el día y alcanzó sus momentos más críticos en la tarde del martes, cuando se multiplicaron los bloqueos y ataques.
La militarización puede ayudar a recuperar algunos sectores, pero no garantiza por sí sola el control permanente de la ciudad. “No se puede poner un militar en cada esquina”, advirtió Trejos al plantear que las autoridades pueden terminar frente a un juego del gato y el ratón: mientras la Fuerza Pública controla una zona, dos hombres en una motocicleta pueden atacar un vehículo en otro punto y escapar.
Un poder construido durante décadas
Lerber Dimas Vásquez explicó que la violencia en la Sierra Nevada no comenzó con las actuales ACSN. El territorio acumula entre cinco y seis décadas de presencia armada, con organizaciones que han cambiado de nombre, estructura y mandos, pero que han mantenido formas similares de control.
Después de la desmovilización paramilitar de 2006, según el analista, por la Sierra Nevada pasaron entre 13 y 14 estructuras criminales. Entre ellas estuvieron grupos como las Águilas Negras, Los Paisas y otras organizaciones que buscaron apropiarse de las rentas ilegales y de los corredores estratégicos de la región.
Lerber Dimas Vásquez experto en derechos humanos. Foto:Redes sociales
“Tenemos una violencia reciclada en el territorio”, señaló Vásquez. A su juicio, el problema no consiste solamente en determinar si las actuales ACSN son herederas directas de las estructuras de Hernán Giraldo o del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Lo que permanece es una forma de dominio sostenida por redes económicas, sociales, políticas y comunitarias.
El alcance territorial de la reciente escalada reforzó esa lectura. Durante la jornada se conocieron reportes de alteraciones en sectores de la Zona Bananera, Ciénaga, Pueblo Viejo, Santa Marta y corredores hacia La Guajira. La amplitud de las acciones mostró la capacidad del grupo para ejercer presión sobre buena parte del sistema montañoso y sus áreas de influencia.
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Las ACSN también han extendido sus cobros al sector turístico. Comerciantes, prestadores de servicios e incluso vendedores informales quedarían expuestos a exigencias económicas en zonas donde la organización garantiza, al mismo tiempo, ciertas condiciones de seguridad bajo sus propias reglas.
Seguridad, justicia y extorsión
Para Trejos, la disputa decisiva no se limita al terreno militar. El Estado necesita recuperar la legitimidad ante comunidades que durante años han acudido a los grupos armados para resolver problemas cotidianos.
En zonas rurales de Santa Marta, las organizaciones ilegales han asumido funciones que corresponden a las instituciones. Imponen normas, intervienen en conflictos entre vecinos, sancionan conductas y cobran dinero a cambio de permitir actividades económicas o garantizar que no ocurran robos.
Presidente De La Espriella patrulló Santa Marta Foto:Redes sociales
En algunos corredores turísticos, por ejemplo, el grupo controla la seguridad mediante amenazas y castigos. Esa aparente tranquilidad termina convertida en una forma de justificar su presencia y presentar el dominio armado como un servicio a la comunidad.
Trejos explicó que el Estado debe fortalecer dos frentes: la seguridad rural y el acceso a la justicia. Si una comunidad no encuentra autoridades capaces de atender una denuncia o resolver un conflicto, el grupo ilegal ocupa ese espacio y consolida su poder.
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La extorsión completa ese sistema. Vásquez sostiene que las ACSN han desarrollado una red de cobros suficientemente amplia para financiar buena parte de sus actividades sin depender exclusivamente del narcotráfico. Esa presión afecta a empresarios, comerciantes, transportadores, prestadores turísticos y pequeños trabajadores.
“Han asfixiado a la población civil y esto les produce enormes recursos en los territorios”, afirmó el defensor de derechos humanos.
La muerte de alias ‘Cholo’ golpeó la línea de mando
La ofensiva armada se produjo después de la muerte de alias ‘Cholo’, señalado como uno de los jefes militares de la organización. Aunque circularon distintas versiones sobre otros posibles afectados durante la operación, estas no habían sido confirmadas oficialmente.
Vásquez explicó que las ACSN tendrían una estructura de mando dividida en varios niveles. En la primera línea se ubicarían las jefaturas política, militar y financiera, junto con otros responsables de la dirección de la organización.
Alias Cholo jefe militar de las ACSM abatido por las autoridades. Foto:Redes Sociales.
Durante los últimos dos años, varios integrantes de ese nivel habrían muerto o sido privados de la libertad. La salida de alias ‘Cholo’, identificado como segundo comandante militar, dejaría a pocas personas dentro del núcleo encargado de tomar las principales decisiones.
El golpe es relevante para una organización que, de acuerdo con los cálculos expuestos por el analista, podría tener entre 800 y 900 integrantes. La reducción del comando central puede generar desorden, disputas internas y dificultades para reemplazar rápidamente a sus mandos.
Eso no significa que el grupo haya desaparecido. Las ACSN conservan capacidad para recomponer su estructura y promover a integrantes de niveles inferiores. El vacío, sin embargo, puede abrir pugnas y aumentar el riesgo de acciones violentas mientras se reorganiza la cadena de mando.
Entre la ofensiva y el sometimiento
El presidente Abelardo de la Espriella ha planteado que los integrantes de la organización deberán someterse a la justicia o enfrentar la ofensiva del Estado. La posición descarta, en principio, una negociación política como la promovida con distintas estructuras durante el gobierno anterior.
Trejos considera que Colombia cerró el ciclo de negociaciones políticas iniciado en 1989 con el M-19 y concluido en 2016 con las Farc. Frente a organizaciones cada vez más ligadas a economías criminales y al control local, el camino que se abre sería el sometimiento o acogimiento a la justicia.
Dos busetas de servicio público fueron incendiadas por hombres armados. Foto:Cortesía Bomberos
La posibilidad dependerá del marco jurídico que tramite el Congreso y de los beneficios que ofrezca para entregar las armas, aportar información y responder ante las autoridades. Los dos analistas coinciden en que dentro de las ACSN existirían sectores interesados en abandonar la actividad armada, aunque otros podrían mantenerse en la ilegalidad.
El riesgo está en los mandos medios. La experiencia colombiana muestra que, después de una desmovilización, algunos integrantes reorganizan redes criminales, reclutan nuevos hombres y vuelven a ocupar los territorios que el Estado no logra atender.
La mirada puesta en las elecciones de 2027
La presencia territorial de las organizaciones también plantea riesgos para las elecciones regionales de 2027. Trejos advirtió que un grupo que controla las dinámicas económicas y sociales de una zona buscará, tarde o temprano, incidir en sus decisiones políticas.
Esa intervención puede tomar distintas formas: amenazas contra aspirantes, vetos a candidaturas, financiación de campañas, ofrecimiento de paquetes de votos o acuerdos posteriores con quienes resulten elegidos. No existe un único modelo, pues cada estructura adapta sus acciones al territorio que domina.
La Policía salió a garantizar la seguridad en el sector comercial. Foto:Policía
Los grupos ya no buscan necesariamente tomarse el poder nacional ni desarrollar un proyecto revolucionario. Su interés es más concreto: conservar las rentas ilegales, evitar la persecución de las autoridades, influir sobre las inversiones públicas y acceder a contratos o espacios burocráticos.
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Para Vásquez, estas organizaciones pueden intervenir en la política porque no actúan aisladas. Su permanencia depende de alianzas con sectores legales, redes económicas y actores con influencia institucional. Esa combinación les permite ejercer violencia y, al mismo tiempo, participar en la administración informal del territorio.
Los expertos coincidieron en que la respuesta a lo ocurrido en Santa Marta no puede terminar con el restablecimiento del transporte o la reapertura de los comercios. La Fuerza Pública puede contener los ataques, pero recuperar el territorio exigirá presencia institucional, justicia, inversión social y una estrategia para romper las redes económicas y políticas que sostienen a la organización.
LEONARDO HERRERA DELGANS, periodista de EL TIEMPO, leoher@eltiempo.com y en X: @leoher70
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