Saqueos y zozobra | La otra tragedia que dejó el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto: esto es lo que ha sucedido en dos meses

En Cali, Pereira y Armenia, los edificios evacuados se convirtieron en blanco de delincuentes. Mientras las autoridades refuerzan la vigilancia. 

Álex Méndez duerme en una carpa frente al edificio donde antes tenía una vida. En otra, instalada sobre el separador de la calle 9.ª, puso una mesa y su computador. Desde allí administra lo que queda de Los Cerezos, una torre de Cali gravemente averiada por el terremoto del pasado 10 de agosto. 

No puede volver a su apartamento, pero tampoco se atreve a marcharse porque detrás de las paredes agrietadas siguen las pertenencias de sus vecinos.“En tres ocasiones y de noche trataron de meterse a la torre de manera violenta”, cuenta.

Al principio, los residentes se turnaban para vigilar. Después llegó la policía y muchos pudieron recuperar algunas cosas y buscar refugio, pero Méndez se quedó.Ya son dos meses desde el sismo de magnitud 7,4 que devastó gran parte del occidente del país. 

Mientras disminuye la atención sobre los escombros, en Cali, Pereira y Armenia aparece otro drama, el de viviendas evacuadas, comercios desocupados y familias que, además de perder su techo, temen perder lo poco que dejaron adentro.

En el sur de Cali, Patricia Collazos salió con su esposo, sus dos hijos y su gato de la unidad Alcalá I. 

Ahora viven en un cuarto prestado. De día ve trabajadores y funcionarios; de noche, dice, llegan desconocidos a merodear los edificios vacíos. 

“Hay uno que otro policía que le da vueltica a la zona”, cuenta.En Granada, al norte, el bailarín Camilo Zamora denuncia que delincuentes pasaron desde un edificio vecino, casi destruido, hacia el suyo. Se llevaron cables, herramientas y elementos eléctricos.

También desapareció su bicicleta Miyata verde azulada, de enorme valor sentimental. “Hasta el vino se lo tomaron”, relata.

La amenaza no se limita a los apartamentos de sectores acomodados. En Chiminangos, vecinos que permanecen en cambuches escucharon una balacera cerca del albergue. 

Jaime Díaz cuenta que mataron a un hombre y que el miedo los invadió. En Altos de Santa Elena, el líder Milton Durán describe a familias obligadas a custodiar desde carpas las viviendas que no pueden habitar. El 18 de septiembre, la comunidad retuvo a un presunto atracador señalado de herir con arma cortopunzante a una menor.

Para el analista militar, general (r) Pedro Federico Przychodny Jaramillo, la violencia en Cali tras el terremoto puede obedecer a varios factores relacionados con nuevas dinámicas de control y disputa territorial de bandas criminales de la ciudad.

“Con un hecho tan fuerte como el terremoto, muchas personas terminan afectadas y algunos espacios cambian sus dinámicas, por lo que empiezan a presentarse reacomodos entre bandas delincuenciales. A eso se le suma la vulnerabilidad en la que quedan, especialmente los damnificados, quienes se convierten en el blanco de estas organizaciones”, explica el analista.

Desde su punto de vista, en este tipo de emergencias los delincuentes ven las viviendas afectadas como botines: “Hay grupos que ya empiezan a disputarse territorialmente las zonas para saquear o delinquir. Las más apetecidas son las que están recién desalojadas”.

Otro factor que considera determinante es la disposición de la Fuerza Pública. A pesar de los numerosos contingentes de uniformados que llegaron a las zonas afectadas, asegura que gran parte terminó realizando labores de custodia en lugar de patrullajes operativos. 

“Hay mucha policía, pero la pusieron a cuidar las pertenencias de los damnificados, un factor que han aprovechado las bandas para delinquir en zonas con poco control policial”, agrega.

Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia indicaron que implementan una estrategia integral de vigilancia en los sectores con mayor afectación estructural.

“Establecimos puntos fijos con la Policía Metropolitana. Muchos de ellos, a la fecha, todavía continúan alrededor de estas zonas afectadas para disuadir el hurto de elementos alrededor de los edificios o en el interior de ellos. Adicionalmente, garantizamos ronderos y rondas constantes por empresas de seguridad privada que, a través de la red de apoyo, activan de forma inmediata a las autoridades”, explicó la subsecretaria de Seguridad de Cali, Natalia Zuluaga.

En Pereira, Carlos Arango volvió a su establecimiento y encontró que los ladrones habían arrasado con casi todo.

“Lo único que dejaron fue una silla y los maniquíes porque no les cupieron”, dice. Se llevaron mercancía, computadores y hasta lámparas. 

Otros comerciantes denuncian entradas forzadas con pulidoras en locales afectados por el terremoto.

En Invico y el centro, los inmuebles desalojados también han sido ocupados ilegalmente. La Policía reportó 20 capturas por ese motivo hasta el 5 de octubre. 

El coronel Óscar Ochoa, comandante metropolitano, informó que destinó 200 policías a las zonas críticas, reforzó las rondas nocturnas a caballo y con drones térmicos, acompañó 240 demoliciones y realizó más de 100 patrullajes terrestres y 50 aéreos. 

La Alcaldía trabaja además en recuperar la iluminación para que el comercio pueda cerrar más tarde.

En la carrera 19 entre calles 12 y 13 de Armenia, los locales que antes vendían motocicletas y repuestos quedaron vacíos por el riesgo estructural.Elena Mejía, una habitante del sector, asegura que los han saqueado y convertido en lugares de ocupación y deterioro. 

“Ahora se convirtió en un problema no solamente para los dueños, que les saquearon todo, sino para todos porque pasó a ser un problema social porque el vandalismo es mucho y por las necesidades fisiológicas que ellos hacen ahí, eso nos está afectando a todos por los olores horribles”, dijo Mejía.

Viviana Páez, una trabajadora del lugar, reconoce que las patrullas han mejorado la situación, pero afirma que, cuando se retiran, regresan los ocupantes.

El secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez, señaló que allí se generó un foco de inseguridad “por algunas personas, algunas en condición de calle, que están desmantelando estos inmuebles, situación que ha sucedido en varias zonas de la ciudad, no solo aquí en el centro, sino en varias zonas. Nuestra Policía Nacional con las capacidades que tiene ha estado presente en algunas de esas zonas, conteniendo esta situación”. 

Y añadió: “Estos inmuebles son privados, hay un responsable y hay un dueño. La Constitución Política establece que la propiedad privada es un derecho constitucional y legal que se debe se debe salvaguardar por parte de quienes son los dueños de ellos”.

Álex Méndez duerme en una carpa frente al edificio donde antes tenía una vida. En otra, instalada sobre el separador de la calle 9.ª, puso una mesa y su computador. 

Desde allí administra lo que queda de Los Cerezos, una torre de Cali gravemente averiada por el terremoto del pasado 10 de agosto. No puede volver a su apartamento, pero tampoco se atreve a marcharse porque detrás de las paredes agrietadas siguen las pertenencias de sus vecinos.

“En tres ocasiones y de noche trataron de meterse a la torre de manera violenta”, cuenta.Al principio, los residentes se turnaban para vigilar. Después llegó la policía y muchos pudieron recuperar algunas cosas y buscar refugio, pero Méndez se quedó.

Ya son dos meses desde el sismo de magnitud 7,4 que devastó gran parte del occidente del país. Mientras disminuye la atención sobre los escombros, en Cali, Pereira y Armenia aparece otro drama, el de viviendas evacuadas, comercios desocupados y familias que, además de perder su techo, temen perder lo poco que dejaron adentro.

En el sur de Cali, Patricia Collazos salió con su esposo, sus dos hijos y su gato de la unidad Alcalá I. Ahora viven en un cuarto prestado. De día ve trabajadores y funcionarios; de noche, dice, llegan desconocidos a merodear los edificios vacíos. “Hay uno que otro policía que le da vueltica a la zona”, cuenta.

En Granada, al norte, el bailarín Camilo Zamora denuncia que delincuentes pasaron desde un edificio vecino, casi destruido, hacia el suyo. Se llevaron cables, herramientas y elementos eléctricos. También desapareció su bicicleta Miyata verde azulada, de enorme valor sentimental. “Hasta el vino se lo tomaron”, relata.

La amenaza no se limita a los apartamentos de sectores acomodados. En Chiminangos, vecinos que permanecen en cambuches escucharon una balacera cerca del albergue. Jaime Díaz cuenta que mataron a un hombre y que el miedo los invadió. 

En Altos de Santa Elena, el líder Milton Durán describe a familias obligadas a custodiar desde carpas las viviendas que no pueden habitar. El 18 de septiembre, la comunidad retuvo a un presunto atracador señalado de herir con arma cortopunzante a una menor.

Para el analista militar, general (r) Pedro Federico Przychodny Jaramillo, la violencia en Cali tras el terremoto puede obedecer a varios factores relacionados con nuevas dinámicas de control y disputa territorial de bandas criminales de la ciudad.

“Con un hecho tan fuerte como el terremoto, muchas personas terminan afectadas y algunos espacios cambian sus dinámicas, por lo que empiezan a presentarse reacomodos entre bandas delincuenciales. A eso se le suma la vulnerabilidad en la que quedan, especialmente los damnificados, quienes se convierten en el blanco de estas organizaciones”, explica el analista.

Desde su punto de vista, en este tipo de emergencias los delincuentes ven las viviendas afectadas como botines: “Hay grupos que ya empiezan a disputarse territorialmente las zonas para saquear o delinquir. Las más apetecidas son las que están recién desalojadas”.

Otro factor que considera determinante es la disposición de la Fuerza Pública. A pesar de los numerosos contingentes de uniformados que llegaron a las zonas afectadas, asegura que gran parte terminó realizando labores de custodia en lugar de patrullajes operativos.

“Hay mucha policía, pero la pusieron a cuidar las pertenencias de los damnificados, un factor que han aprovechado las bandas para delinquir en zonas con poco control policial”, agrega.

Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia indicaron que implementan una estrategia integral de vigilancia en los sectores con mayor afectación estructural.

 “Establecimos puntos fijos con la Policía Metropolitana. Muchos de ellos, a la fecha, todavía continúan alrededor de estas zonas afectadas para disuadir el hurto de elementos alrededor de los edificios o en el interior de ellos. Adicionalmente, garantizamos ronderos y rondas constantes por empresas de seguridad privada que, a través de la red de apoyo, activan de forma inmediata a las autoridades”, explicó la subsecretaria de Seguridad de Cali, Natalia Zuluaga.

En Pereira, Carlos Arango volvió a su establecimiento y encontró que los ladrones habían arrasado con casi todo.“Lo único que dejaron fue una silla y los maniquíes porque no les cupieron”, dice. Se llevaron mercancía, computadores y hasta lámparas. Otros comerciantes denuncian entradas forzadas con pulidoras en locales afectados por el terremoto.

En Invico y el centro, los inmuebles desalojados también han sido ocupados ilegalmente. La Policía reportó 20 capturas por ese motivo hasta el 5 de octubre. 

El coronel Óscar Ochoa, comandante metropolitano, informó que destinó 200 policías a las zonas críticas, reforzó las rondas nocturnas a caballo y con drones térmicos, acompañó 240 demoliciones y realizó más de 100 patrullajes terrestres y 50 aéreos. La Alcaldía trabaja además en recuperar la iluminación para que el comercio pueda cerrar más tarde.

En la carrera 19 entre calles 12 y 13 de Armenia, los locales que antes vendían motocicletas y repuestos quedaron vacíos por el riesgo estructural.

Elena Mejía, una habitante del sector, asegura que los han saqueado y convertido en lugares de ocupación y deterioro. “Ahora se convirtió en un problema no solamente para los dueños, que les saquearon todo, sino para todos porque pasó a ser un problema social porque el vandalismo es mucho y por las necesidades fisiológicas que ellos hacen ahí, eso nos está afectando a todos por los olores horribles”, dijo Mejía.

Viviana Páez, una trabajadora del lugar, reconoce que las patrullas han mejorado la situación, pero afirma que, cuando se retiran, regresan los ocupantes.

El secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez, señaló que allí se generó un foco de inseguridad “por algunas personas, algunas en condición de calle, que están desmantelando estos inmuebles, situación que ha sucedido en varias zonas de la ciudad, no solo aquí en el centro, sino en varias zonas. Nuestra Policía Nacional con las capacidades que tiene ha estado presente en algunas de esas zonas, conteniendo esta situación”.

Y añadió: “Estos inmuebles son privados, hay un responsable y hay un dueño. La Constitución Política establece que la propiedad privada es un derecho constitucional y legal que se debe se debe salvaguardar por parte de quienes son los dueños de ellos”.

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