Elizalde: “Kast en campaña prometió mano dura contra la delincuencia y hoy su gobierno libera a pedófilos y violadores de DD.HH.”

El exministro del Interior, Álvaro Elizalde, cuestionó las explicaciones entregadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, respecto de los decretos que concedieron rebajas de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y por crímenes de lesa humanidad.

Elizalde apuntó al Presidente: “Kast en su campaña prometió mano dura contra la delincuencia y hoy su gobierno libera a pedófilos y violadores de derechos humanos”.

En esa línea, insisitó en criticas al Ejecutivo. “¿Al gobierno le importan realmente los niños? Los mismos que le niegan los computadores a los escolares le rebajan las condenas a los pedófilos”, dijo el exsecretario de Estado.

Asimimo, cuestionó al titular de Justicia. “Rabat está tratando de sacarse los pillos, pero los hechos son claros: firmó decretos para liberar anticipadamente a pederastas condenados por la justicia. No basta con invocar una supuesta jurisprudencia para justificar las decisiones administrativas que son de su exclusiva responsabilidad, tal como afirmó la Presidenta de la Corte Suprema”, señaló.

“La supuesta jurisprudencia uniforme que invoca Rabat no es tal. Hay fallos en distintos sentidos, por lo que no se puede sostener que exista un criterio judicial único e inequívoco que obligue a conceder estos beneficios. Y, en cualquier caso, había que dar la batalla, defendiendo la aplicación de la ley que excluye a los pederastas de la rebaja de condenas desde febrero de 2022”, agregó.

En tanto, Elizalde sostuvo que “la reforma legal de ese año estableció expresamente la exclusión de determinados condenados de este beneficio y, por ello, correspondía actuar con especial rigurosidad al resolver estas solicitudes”.

“Los pedófilos no deben acceder a ningún tipo de beneficio en el cumplimiento de sus condenas. Así lo dice claramente la ley”, recalcó el exministro.

Según explicó el socialista “como senador, apoyé la aprobación de la Ley N.º 21.421, que excluyó de los beneficios de reducción de condena contemplados en la Ley N.º 19.856 a quienes hubieran cometido delitos de carácter sexual contra personas menores de edad. Recuerdo perfectamente que, durante su tramitación, el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, sostuvo que la norma tendría aplicación inmediata respecto de todas las solicitudes de beneficios realizados con posterioridad a su publicación, independientemente de la fecha de la comisión del delito o de la sentencia condenatoria”, recordó Elizalde.

El exministro del Interior afirmó que “Rabat no estaba obligado a conceder estos beneficios. Una cosa es cumplir una sentencia judicial dictada en un caso concreto y otra muy distinta es extender su criterio a terceros mediante actos administrativos y olvidando el efecto relativo de las sentencias”.

“Por dicho efecto las sentencias no se transforman automáticamente en una orden general para resolver todos los casos de la misma manera”, agregó el exsecretario de Estado.

En esa dirección, manifestó que “cuando existen criterios judiciales divergentes, corresponde fundamentar la decisión, defender la correcta interpretación de la ley y, si la controversia llega a los tribunales, dar esa discusión hasta las últimas instancias”.

Elizalde también cuestionó la señal institucional que representa la decisión del ministro Rabat y recordó que “los anteriores gobiernos optaron por rechazar solicitudes de esta naturaleza y dejar que fueran los tribunales los que resolvieran las controversias cuando los interesados recurrieran a la Corte”.

“Por el contrario, el gobierno del Presidente Kast ha dado una señal errónea y preocupante. Frente a una exclusión establecida expresamente por el legislador, lo razonable era no conceder administrativamente estos beneficios y defender esa decisión ante los tribunales si era impugnada”, concluyó el exministro del Interior.