¿Hay una pobreza rural?

Hasta comienzos del siglo XIX, la abrumadora mayoría de la humanidad habitaba en los campos y en aldeas de poca población. En consecuencia, el sistema económico y político era fundamentalmente rural, y las situaciones de prosperidad o escasez no distinguían entre lo que hoy llamamos “campo” y “ciudad”: la economía era una sola. Al desencadenarse la revolución industrial en Europa –en coincidencia con el fenómeno de la expansión del comercio internacional–, las ciudades fabriles succionaron más trabajo humano y a ellas se volcaron por necesidad legiones de los hasta entonces campesinos, quienes pasaron así a condiciones de vida deplorables en ámbitos urbanos que no estaban preparados para recibirlos. Se alzó entonces una muralla entre campo y ciudad.

Esos desventurados hijos europeos de la revolución industrial se encontraron impulsados a la revolución política y social, que se manifestó con rasgos trágicos, especialmente con los desmanes de 1848 y 1871. Hubo a partir de entonces reformas legislativas e institucionales que a lo largo de décadas apuntaron exitosamente en el sentido de lo que actualmente se conoce como bienestar social. Pero existió también otro factor ordenador no suficientemente valorado, que fue la emigración masiva hacia ultramar, lo cual disminuyó significativamente el peso político de la pobreza proletaria y a la vez quitó sustento a los movimientos socialistas y anarquistas europeos.

La mayor parte de ese caudal humano emigró a los Estados Unidos, donde encontró una sociedad preindustrial en pleno desenvolvimiento y que comprendía su necesidad de complementarse con el sector agrario. La política del “homestead act” aplicada después de la guerra civil logró, con la adquisición de los nuevos territorios hasta el océano Pacífico y su distribución entre colonos, la generación de riqueza agraria. Se creó un mercado para la producción industrial mediante la constitución de una clase media amplia y próspera y la posibilidad de salarios crecientes. La economía había vuelto a ser una sola bajo el signo del progreso y con sus partes urbana y rural estrechamente vinculadas y solidarias. Un proceso similar vivieron otros países, entre ellos el nuestro, en su zigzagueante camino al desarrollo.

Volviendo la mirada a América Latina, encontramos coincidencia en el propósito de acceder a la condición de continente desarrollado. Pero uno de los rasgos distintivos de su repertorio ideológico consiste en la abundancia de movimientos políticos que atribuyen el alejamiento de tal meta a las formas capitalistas de tenencia y explotación de la tierra. A pesar de sus pretensiones revolucionarias, tales movimientos siguen cautivos de estructuras mentales más que centenarias. Sus programas reformistas se refieren a la mejora de situaciones insostenibles en las cuales no se consideran la tecnología moderna y la orientación a mercados ampliados. Como remedio ofrecen la adopción de métodos de producción a pequeña escala, supuestamente ecológicos y presentados como consignas transformadoras, sin atender a que a lo sumo se trata de nostalgias o sofismas reaccionarios, por añadidura conservadores de las causas de pobreza.

Esa influencia histórico-cultural persiste como mentalidad, pero nunca ha reflejado la realidad del actual territorio argentino. Salvo algunos enclaves del noroeste, los colonizadores españoles encontraron aquí población indígena agrupada en tribus nómades trashumantes que no habían establecido una relación profunda con la tierra en el sentido que otorga la propiedad, y que rehuían el contacto con los recién llegados. Estos se encontraron sin trabajadores forzados y sin la posibilidad de enriquecerse como latifundistas. En efecto, el valor de la tierra era casi nulo y lo que adquiría significado económico era cuanto pudiera explotarse con trabajo sobre ella. Así, el ganado y los enseres de labranza representaban la auténtica riqueza patrimonial. En este contexto, las relaciones jurídicas resultaron desde el principio de tipo contractual, con la producción destinada al mercado. Todo esto configuró un sistema, si se quiere embrionario, de capitalismo. Una consecuencia importante de ello fue que el trabajador tenía la condición de asalariado libre. De acuerdo con investigaciones de la historiadora Hilda Sábato, “en 1804 el salario en pesos oro en la campaña de Buenos Aires era de aproximadamente 7,50 pesos; en 1849 había aumentado a 10, en 1864 a 12, y llegaría a 15 en 1904;… entre 1845 y 1884 el ingreso anual de los asalariados en la campaña bonaerense se duplicó”. Era una duplicación real, ya que no había inflación.

El desenvolvimiento de la agricultura y la ganadería argentina, con todos sus accidentes, ha estado desde su origen involucrado con la vida urbana en razón de su estructura capitalista y su permanente avance tecnológico, desde el molino hasta la agricultura de precisión. De hecho, también el resultado principal de la riqueza agropecuaria se registró tanto en el campo como en la ciudad. Las actividades relacionadas con la comercialización y transformación industrial de las materias primas generaron puestos de trabajo y oportunidades económicas que otorgaron a la vida urbana argentina su calidad consabida. Por añadidura, lo que podríamos llamar reforma agraria capitalista de mercado basada en tecnologías de punta e iniciada en la Argentina durante la segunda parte del siglo XX ha hecho del campo no solo una gran fábrica de alimentos, sino también de productos industriales.

La experiencia argentina se ha anticipado así a algunas de las recomendaciones formuladas por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en la reciente edición de su informe “Panorama de la pobreza rural en América Latina y el Caribe”. Allí propone fomentar los vínculos laborales urbano-rurales, y también auspicia la paulatina superación de modos de vida supuestamente originarios, donde aún subsistan, por ejemplo, en el chaco profundo formoseño, que dificultan salir de la pobreza rural porque no son sustentables, ni económica ni ecológicamente.

Director del Instituto de la Realidad Nacional que pertenece a la Universidad Católica de La Plata (Ucalp)