Rebaja de condenas: Cordero advierte “riesgo jurídico” de Rabat suspender decretos y cuestiona vocería del gobierno

El exministro de Justicia Luis Cordero advirtió este domingo que la decisión del titular de la cartera, Fernando Rabat, de suspender la firma de decretos de rebaja de condena podría exponerlo a un riesgo jurídico, debido a la obligación de resolver oportunamente las solicitudes de personas privadas de libertad.

En entrevista con Estado Nacional, de TVN, el exsecretario de Estado también cuestionó la estrategia comunicacional del Gobierno frente a la controversia por las rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad y sostuvo que los beneficios ya otorgados y ejecutados serían prácticamente imposibles de revertir.

La discusión se produce a raíz de las diferencias en la interpretación de la legislación que, desde 2022, excluye de este beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores.

Mientras la administración de Gabriel Boric rechazaba estas solicitudes, aunque algunas posteriormente eran acogidas por los tribunales mediante recursos de amparo, Cordero cuestionó la interpretación adoptada por el actual Ministerio de Justicia.

Respecto de la decisión del Gobierno de suspender la tramitación de los decretos, Cordero explicó que las autoridades están obligadas a pronunciarse oportunamente sobre solicitudes que pueden incidir en la libertad de las personas condenadas.

“Cuando una persona está privada de libertad, el deber de las autoridades es resolver rápidamente, positiva o negativamente, pero tiene que resolver. De hecho, yo creo que el ministro Rabat está asumiendo un riesgo jurídico al suspender, porque tiene la obligación de resolver”, sostuvo.

El exministro explicó que los tribunales suelen ser especialmente estrictos frente a demoras administrativas que puedan mantener en prisión a personas que, tras aplicarse una rebaja de condena, ya deberían haber recuperado su libertad.

La advertencia surge en momentos en que sectores de la oposición evalúan una eventual acusación constitucional contra Rabat.

Consultado sobre esa posibilidad, Cordero recordó que una de las causales para acusar constitucionalmente a un ministro es haber dejado sin ejecución la ley. Sin embargo, reconoció que Rabat podría defender su decisión sobre la base de una interpretación jurídica plausible y manifestó sus reparos frente al uso de acusaciones constitucionales como herramienta política.

Sobre la suspensión de los decretos, insistió en que se trata de una exposición innecesaria para el ministro.

“Yo creo que la autoridad debe tomar decisiones y de esa manera elimina el riesgo, pero lo que no puede hacer es suspender indefinidamente esas decisiones”, advirtió.

Cordero también abordó la posibilidad de revertir los decretos de rebaja de condena ya firmados, en caso de que el Ejecutivo modifique su interpretación jurídica.

Al respecto, sostuvo que sería prácticamente imposible dejar sin efecto aquellos beneficios que ya fueron otorgados y ejecutados. “Si todos se cumplieron, retraerlos jurídicamente creo que es imposible”, afirmó. Consultado sobre si las personas que ya recuperaron su libertad permanecerían en esa condición, respondió: “Así es”.

Cuestionamientos a la vocería

El exministro también criticó la estrategia comunicacional del Ejecutivo, particularmente por la comparación de decretos de rebaja de condena firmados durante la administración anterior y el actual Gobierno.

Cordero sostuvo que el decreto firmado por el exministro Jaime Gajardo respondió al cumplimiento de una sentencia judicial, mientras que la decisión adoptada por la actual administración obedecería a una interpretación propia de la normativa.

“En el derecho es tan importante la decisión como los fundamentos”, señaló.

Al ser consultado por la presentación de ambos decretos durante una vocería oficial, cuestionó el uso de ese espacio para defender la posición del Ejecutivo. “Yo creo que él trató de construir un argumento litigioso en una vocería oficial cuando yo creo que lo relevante es abordar el problema”, afirmó.

Cordero también recordó que las autoridades deben actuar con veracidad cuando utilizan canales institucionales para informar a la ciudadanía, aludiendo a criterios establecidos por la Contraloría.

En esa línea, llamó al Gobierno a reconocer eventuales equivocaciones en lugar de profundizar la controversia. “Hay veces que sabe qué es mejor pedir disculpas a seguir profundizando en los conflictos”, planteó.

Finalmente, el exministro cuestionó la necesidad de presentar una nueva ley para abordar específicamente las rebajas de condena por delitos sexuales contra menores. A su juicio, la respuesta debería concentrarse en el proyecto de Ley de Ejecución de Penas, aprobado por la Cámara de Diputados y que, según explicó, actualmente se encuentra en el Senado.

Cordero advirtió que una reforma centrada únicamente en esta controversia podría tener consecuencias sobre otros mecanismos de cumplimiento de penas y beneficios penitenciarios.