Abelardo de la Espriella pidió al Congreso acelerar el trámite de la Ley de Rescate Económico mediante mensaje de urgencia

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, radicó ante el Congreso un mensaje de urgencia e insistencia para acelerar el estudio del Proyecto de Ley 477 de 2026, mediante el cual el Ejecutivo busca expedir la denominada Ley de Rescate Económico.

La solicitud fue dirigida a los presidentes del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo; de la Cámara de Representantes, Nicolás Antonio Barguil Cubillos, y de las comisiones económicas de ambas corporaciones.

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En el documento, el mandatario solicitó que la iniciativa reciba un trámite prioritario, al considerar que las condiciones actuales de las finanzas públicas requieren decisiones legislativas oportunas. La petición se fundamenta en el artículo 163 de la Constitución Política y en los artículos 183 y 191 de la Ley 5 de 1992, disposiciones que establecen las condiciones para que el jefe de Estado solicite este procedimiento.

De acuerdo con la comunicación, el mensaje de urgencia establece que se debe decidir sobre el proyecto dentro de un plazo constitucional de 30 días. Además, permite que las comisiones permanentes de Senado y Cámara encargadas de estudiar la iniciativa sesionen conjuntamente. Por su parte, la insistencia otorga prelación al proyecto en el orden del día, de manera que otros asuntos quedan excluidos de la agenda hasta que se tome una decisión sobre la propuesta.

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En la exposición de motivos, el Ejecutivo argumentó que Colombia atraviesa una situación fiscal compleja, asociada al desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado y al crecimiento de la deuda pública. Según el documento, aunque los ingresos gubernamentales se han mantenido relativamente estables desde 2019, el gasto ha aumentado, lo que ha llevado el déficit fiscal y el endeudamiento a niveles históricamente elevados.

Uno de los argumentos presentados por el Gobierno es que actualmente uno de cada tres pesos recaudados mediante impuestos se destina al pago de la deuda pública. La proyección incluida en la solicitud advierte que, si no se adoptan medidas correctivas, para 2031 esa proporción podría llegar a uno de cada dos pesos y, en 2037, casi la totalidad de los ingresos tributarios tendría que utilizarse para cumplir las obligaciones financieras.

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Frente a ese panorama, el Gobierno sostiene que es necesario intervenir las finanzas estatales antes de que se materialice una crisis fiscal con consecuencias económicas y sociales. Por esa razón, señala que la reducción del tamaño del Estado y la disminución del gasto público constituyen los principales componentes del ajuste propuesto.

Sin embargo, el proyecto también incluye modificaciones tributarias. Entre ellas figura la creación de EfectIVA, un mecanismo que, según la explicación del Ejecutivo, busca que la carga final del impuesto al valor agregado recaiga principalmente sobre las personas con mayor capacidad económica. También propone revisar beneficios tributarios, fortalecer el recaudo y reducir ventajas fiscales que, de acuerdo con el Gobierno, favorecen de manera desproporcionada a los hogares de mayores ingresos.

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En materia de crecimiento económico, el articulado incorpora una reducción de la tarifa general del impuesto de renta corporativo, medidas para atraer inversión extranjera, incentivos para la inversión privada y cambios en las normas presupuestales y de endeudamiento de las entidades territoriales. Asimismo, plantea fortalecer las capacidades de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para combatir el contrabando y la evasión tributaria.

El Gobierno también expuso los resultados sociales que espera alcanzar con la propuesta. De acuerdo con las estimaciones incluidas en el documento, más de 35,2 millones de colombianos podrían incrementar su ingreso disponible y 18,9 millones de personas en condición de pobreza o vulnerabilidad quedarían sin la carga del pago del IVA. La iniciativa, según esas proyecciones, beneficiaría al 68% de la población de menores ingresos y permitiría sacar de la pobreza monetaria moderada a cerca de 929.000 personas.

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El Ejecutivo agregó que aproximadamente el 70% del ajuste fiscal provendría de medidas para racionalizar y mejorar la eficiencia del gasto público, mientras que el porcentaje restante correspondería al fortalecimiento de los ingresos y al crecimiento económico y la inversión privada.