Blanca Cruz no perdonará gestión de Guadalupe Taddei: adelanta denuncias ante la FGR por irregularidades
El Instituto Nacional Electoral (INE) sigue bajo la lupa en materia de transparencia y congruencia, de tal forma que la consejera presidenta interina, Blanca Cruz, adelantó la presentación de denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Guadalupe Taddei y funcionarios que cometieron delitos al interior del organismo.
La titular del INE aseguró que la medida fue consensuada por las diez personas que integran el Consejo General:
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“Las diez consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para poder presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades de a quién corresponda”.
Durante una breve entrevista con medios de comunicación, precisó que las investigaciones tanto en el Órgano Interno de Control (OIC) como con las autoridades correspondientes no deben centrarse en una sola persona, sino que deben ser minuciosos para que se investigue a “cualquier funcionario o funcionaria que haya laborado o labore en el Instituto, es la autoridad competente la que podría determinar”.
Al ser cuestionada sobre si el procedimiento penal incluirá a su antecesora, Guadalupe Taddei Zavala, la consejera presidenta confirmó la denuncia, detallando los distintos cargos que tuvo la exfuncionaria al interior del INE:
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“Desde la ex consejera, quien ha ocupado el puesto de la Secretaría Ejecutiva, quien ha estado en algunas direcciones, quién puede ser un nivel de subdirector”.
La denuncia será iniciada en contra de “quien resulte responsable” de realizar alguna conducta tipificada como delito al interior del organismo electoral: “Tendrá que responder”.
Ante la información que ha trascendido en las últimas semanas, donde se acusa a la exconsejera presidenta, distintos funcionarios y proveedores, Blanca Cruz comentó que en este momento “no podemos presentar nombres”, ya que ha medida que el tiempo avanza “los nombres” siguen saliendo, “es más de una persona la que puede estar señalada”.
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Recordó que tras el escándalo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC) emprendieron sus respectivas investigaciones, a las que se tendrán que sumar los nuevos señalamientos a diversos funcionarios.
“No podemos nosotros tipificarla porque no somos la autoridad competente”, agregó la presidenta interina del INE, quien adelantó que el miércoles 4 de noviembre podría quedar iniciado el procedimiento ante la FGR, dirigida por Ernestina Godoy.
El pasado 30 de octubre, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, detalló ante el Pleno de San Lázaro el modus operandi detectado tras el escándalo de presunta corrupción que involucra a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
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Entre las irregularidades, la ASF identificó a proveedores que trabajan con empresas dedicadas al timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por operar con factureras.
El órgano fiscalizador documentó también esquemas de subcontratación entre sociedades de un mismo grupo empresarial. El proveedor que gana la licitación subcontrata a otra empresa que, a su vez, pertenece al mismo círculo de empresarios señalados, lo que configura un conflicto de interés dentro del propio proceso de contratación.
La ASF detectó además empresas fantasma con registros laborales reducidos o nulos. Se trata de compañías que facturan cientos de millones de pesos pese a contar con menos de cinco trabajadores, y en algunos casos con ninguno.
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El titular OIC del INE, Víctor Hugo Cervante Contreras, -quien también compareció en San Lázaro- negó tener facultades para autorizar contratos de materiales electorales. Ante diputados federales, explicó que su función en la Junta General Ejecutiva es solo de asesoría, sin derecho a voto sobre los acuerdos administrativos.
Cervante Contreras rechazó la versión de la expresidenta del INE, quien aseguraba que el OIC daba visto bueno a todas las contrataciones de personal. Según el funcionario, son las unidades administrativas del Instituto las que definen necesidades, integran procedimientos y formalizan las adquisiciones.
El funcionario propuso crear un padrón de integridad empresarial para filtrar proveedores antes de firmar contratos con el INE. También acusó que la Junta General Ejecutiva convoca sesiones con escaso margen de anticipación, lo que limita la revisión de los órganos fiscalizadores.
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