Presupuesto 2027: gobierno elimina glosa que limitaba autonomía de Contraloría tras petición de Dorothy Pérez

Por 25 votos a favor y ninguno en contra, esta tarde la comisión especial mixta de Presupuestos aprobó la partida correspondiente a la Contraloría General de la República, en una sesión en la que estuvo presente la contralora Dorothy Pérez, quien expresó reparos a indicaciones del Ejecutivo que, según explicó, pondrían límites a la autonómía del ente contralor.

Se trata de, principalmente, una glosa que pone límite a los gastos por concepto de viático para los fiscalizadores de Contraloría. A juicio de Pérez, al obligar al organismo a recurrir a Hacienda en el caso de necesitar más recursos una vez agotado el dinero destinado a este ítem, podría generar un conflicto de intereses en el caso de tener que fiscalizar a entidades del propio gobierno.

Así, la contralora Pérez destacó “la improcedencia de la glosa número 2, propuesta en nuestra partida 04, que tiene que ver con un límite específico al gasto en horas extraordinarias y viáticos”. En este sentido, explicó que “cuando va pasando el año (...), cuando se nos acaban los recursos para solventar esos fondos de lo que los fiscalizadores utilizan tanto para alimentación como para alojamiento en las fiscalizaciones en terreno, nosotros lo suplementamos generalmente con los dineros de las horas extras y nuestro personal deja de percibir horas extras a las que tiene derecho, pero porque no hay más recursos nosotros priorizamos siempre los viáticos del personal que va a fiscalizar”.

“Con la innovación que se estaba planteando en esta glosa, tendríamos que pedirle autorización al Ministerio de Hacienda para traspasar esos dineros que, hasta la fecha y por tantas décadas, la Contraloría los ha traspasado autónomamente. Tendríamos que pedir esa autorización mediante decreto de modificación presupuestaria al Ministerio de Hacienda, incluso cuando el sujeto fiscalizado fuera algún servicio dependiente del Ministerio de Hacienda” o del gobierno.

Ante esto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz -también presente en el Congreso-, explicó que la iniciativa tiene como fin la reducción del gasto que el gobierno busca aplicar a todos los sectores, no obstante se comprometió a ingresar una indicación para subsanar la situación.

Así, el secretario de Estado sostuvo: “Entendiendo que están estos dos bienes en controversia, nosotros, de hecho, habiendo conversado con la contralora, hemos determinado acceder al cambiar la glosa. Una que satisface los planteamientos que hizo la contralora, pero dejando claro que tenemos siempre en mente, tal vez el día de mañana, ver cómo coincidir mejor estos dos objetivos”.

A renglón seguido, dio la palabra al director de Presupuestos, José Pablo Gómez, quien indicó que la indicación propuesta por el Ejecutivo eliminaría la glosa 2 correspondiente a horas extraordinarias; gastos en viáticos y convenio con personas naturales. “De esta manera, no existirían los controles que preocupan a la Contraloría para hacer ejercicio de sus funciones legales y propias. Entonces estaríamos eliminando esta glosa y quedaríamos sin estos controles”, sostuvo.

Tras esto, el presidente de la comisión, senador Javier Macaya (UDI) ofreció votar ad referendum la enmieda, a la espera de la firma del Ejecutivo, la que fue visada por unanimidad.

Toma de razón para Obras Públicas

Otro punto refutado por la contralora Pérez fue el artículo 50 del articulado permanente de la ley de Presupuesto, que elimina la toma de razón de Contraloría para obras públicas adjudicadas por trato directo o licitación pública bajo ciertos montos, con el fin de agilizar las inversiones.

Al respecto, la jefa de la Contraloría sostuvo que el texto legal “estaría eximiendo de control preventivo ante la Contraloría los tratos directos de obras públicas hasta 30.000 UTM, que son 2.164 millones, y si son licitaciones públicas hasta 75.000 UTM, que son 5.411 millones de pesos”.

Pérez indicó que la toma de razón en Contraloría para tales obras demora, en promedio, 13 días hábiles, por lo que “el fundamento de la demora no sería aplicable en este caso y sin embargo se genera una situación de riesgo bien compleja”.

“El problema es que en obras públicas, en nuestra toma de razón que se eliminaría por esta propuesta, nosotros detectamos infracciones a la planificación territorial y a la normativa urbanística, encontramos deficiencias críticas e inconsistencias en el diseño técnico. Incluso en los proyectos de ingeniería de especialidades que vienen en los proyectos que van a toma de razón, nosotros encontramos a veces contradicciones críticas y lo hemos visto en hospitales, después hay que retirar los ductos, todo el sistema de climatización, etc. Nos ha pasado muchas veces que detectamos en los proyectos a tiempo esto y se alcanza a corregir”, explicó la autoridad.

En este mismo sentido, agregó que han detectado, además, vicitos en títulos de dominio, incumplimientos de la normativa ambiental, inhabilidades, insolvencia y conflictos de intereses entre la empresa contratista y el ente que adjudica la obra.

“Entonces, los riesgos principales que se evitan mediante la toma de razón es, por ejemplo, que se construya en una zona inundable con fondos públicos o que se contrate en el marco de un proyecto que no está afinado. Si esto se permitiera, el fisco tendría que hacerse cargo de todo este riesgo en las deficiencias de diseño, porque llegaríamos a auditar después cuando ya está construido y no evitarlo antes”, relevó.

Al respecto, el director de Presupuestos sostuvo que “si bien los casos que menciona la contralora respecto a las inversiones son verídicos y es una gran ayuda para la gestión de recursos, lo cierto es que estamos apuntando a otro valor, que es acelerar la inversión”.

Y, ante esto, Gómez relevó que tal discusión se dará cuando sea visto el articulado en el trámite legislativo.