Abuso y asesinato de Aralí Vivas de 8 años: condenaron a prisión perpetua a la madre, el padrastro y un amigo

CÓRDOBA.- Prisión perpetua. Esa fue la condena que los jurados populares dictaron contra la madre, el padrastro y un amigo de la pareja que llegaron al juicio acusados del abuso sexual seguido de muerte de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en noviembre de 2024 en la localidad de Brinkmann, en el noreste de la provincia de Córdoba.

El proceso por el crimen que hace dos años conmocionó al país se llevó adelante en la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco. La pena coincidió con la solicitud de la fiscal Consuelo Aliaga Díaz, quien había acusado al padrastro, Matías Ezequiel Simeone, y a Cristian Hernán Varela de homicidio calificado por el vínculo, agravado por violencia de género y criminis causae y abuso sexual agravado, y a la madre, Milagros Rauch, de partícipe necesaria del hecho.

En el caso de Varela, la acusación incluyó el estrago doloso, ya que fue él quien provocó el incendio de la habitación donde fue encontrada muerta la menor. Los tres llegaron al juicio en calidad de detenidos.

Los defensores de Rauch habían pedido la absolución; Luis Alberto Licera y Marcos Arnold aseguraron que no tuvo ningún tipo de participación en el hecho y que “no sabía y no tenía conocimiento de lo que iba a pasar”. La mujer, el día del crimen, había viajado a Morteros (una ciudad cercana) con su bebé.

Al hacer uso del derecho a la última palabra, pidió al padre biológico de Aralí que siguiera luchando para obtener justicia

El mismo pedido hicieron los defensores de Varela. “Existe prueba, a nuestro entender, que lo excluye del delito. Tenemos un examen de ADN en el cual se determinó que no había rastro alguno en el cuerpo de la nena, en la zona genital, que perteneciera a Cristian Varela, no así de parte del padrastro”, afirmaron.

En el caso de Simeone, la defensa planteó la nulidad del material probatorio incorporado a la causa y solicitó que él también fuera desincriminado.

“Estaba dormida y la tapé”

La tarde del crimen, Simeone, que estaba en libertad condicional y cargaba con una condena por violencia de género, además de otros antecedentes penales, había salido de la casa con dos hermanos de Aralí; dijo que llevaría a los chicos a la plaza para que jugaran. Regresó cuando los vecinos comenzaron a gritar que había un incendio; en esa habitación quemada fue hallada muerta la niña.

Los bomberos la encontraron boca abajo, abrazada a una almohada. Les generó dudas que la habitación hubiera sido lo único que se había quemado en la casa; las puertas no estaban cerradas con llave y no había señales de que la niña hubiese intentado escapar del fuego.

Los peritajes confirmaron que Aralí había sido abusada sexualmente y que había muerto por asfixia manual. Los hombres provocaron el incendio para ocultar los delitos anteriores.

En la puerta de los tribunales de San Francisco, durante la jornada, hubo un grupo de familiares de la víctima pidiendo justicia. Entre ellos estuvo Betiana Heredia, prima de la madre de la niña y quien tiene la tutela de dos de los hermanos de Aralí.

Contó que ambos siguen bajo tratamiento psicológico. “Saben perfectamente todo lo que pasó. Saben lo que hicieron estos monstruos”, dijo, en referencia a los acusados. Uno de ellos era el varón que, durante la instrucción de la causa, relató en la Cámara Gesell que, cuando Simeone los llevó a la plaza, él subió a buscar a su hermanita. “Estaba dormida, la tapé y bajé”, contó. Aralí ya estaba muerta.

La mujer también relató que tanto ella como la abuela de los chicos habían hecho denuncias y presentaciones porque Milagros Rauch consumía alcohol y se drogaba y porque temían lo que podía pasarles a los menores.

En las marchas realizadas tras el crimen en Brinkmann hubo reclamos para que también se investigue la responsabilidad de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). El organismo les ordenó a Rauch y Simeone hacer un tratamiento en la Red de Adicciones Córdoba y, al darlo por concluido, les restituyó a los hijos que les había retirado (Aralí, entonces, estaba con su papá biológico).

El fiscal de instrucción Oscar Gieco describió por esos días el “complicado contexto familiar” en el que vivían Aralí y sus hermanos: “El ambiente era de extrema violencia, un cuadro no apto para niños. Los menores no estaban bien cuidados; eran maltratados. Gente extraña merodeaba la casa, consumiendo drogas, y los niños andaban solos por todos lados. Vecinos dijeron que se escuchaban gritos”. El propio fiscal dijo que los pequeños “estaban a la buena de Dios”.

La Senaf nunca se pronunció públicamente sobre el tema; en su momento solo trascendió que se había ordenado una investigación interna.