Rebaja de penas a abusadores de menores obliga a senadores y al gobierno a anunciar reformas para impedir el beneficio en estas condenas

El revuelo que generó la decisión de la Corte Suprema de rebajar la condena a 56 abusadores de menores, visada por el Presidente José Antonio Kast, abrió una serie de consecuencias políticas.

Además de los dardos al ministro de Justicia, Fernando Rabat -que también firmó la resolución gubernamental- dos grupos de senadores decidieron tomar acciones legislativas para enfrentar la coyuntura.

Por un lado, los legisladores que presentaron la reforma de seguridad -Arturo Squella (republicano), Andrés Longton (RN), Pedro Araya (PPD), Karim Bianchi (Ind.) e Iván Flores (DC)- presentarán una reforma legal con el objetivo de que las personas condenadas por delitos sexuales no puedan acceder al beneficio de rebaja de penas.

El senador Squella explicó que “el proyecto busca que se cumpla efectivamente la decisión que el Congreso adoptó en 2022, en el sentido que las personas condenadas por delitos sexuales contra menores no puedan acceder a rebajas de su condena”.

Y añadió: “Se precisan de mejor manera los preceptos que dan espacio a una interpretación distinta del espíritu original de la norma”.

El senador Longton, por su parte, señaló que “nuestro objetivo es presentar una ley interpretativa, donde se establezca claramente que esta es una decisión administrativa, al igual como lo son las decisiones que otorgan las libertades condicionales según el decreto ley 321″.

Además, Longton señaló que la iniciativa que están trabajando “es para que no se aplique el principio de prorreo porque hay tribunales que estiman que esto es una rebaja de la pena”.

El principio constitucional al que hace referencia el parlamentario es aquel que establece que “ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado”.

Sin embargo, Longton aseguró que “en este caso hay un debate respecto a eso y ese debate lo que nosotros queremos zanjarlo precisamente con una ley interpretativa y que precisamente el legislador es el que le ha sentido las normas señalando que esta es una decisión administrativa”.

La iniciativa, comentan los senadores, se presentaría el próximo martes.

El proyecto que ya está presentado es el de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), que además sumó a sus pares Paulina Vodanovic (PS), Vlado Mirosevic (liberal), María José Gatica (RN) y el senador Flores.

El objetivo de esta iniciativa es eliminar la excepción que permite reducir condenas por los delitos sexuales contra menores de edad que se indican y fortalecer la fundamentación y verificación de los requisitos del beneficio.

En el nuevo literal que agregan a la ley que establece el sistema de reinserción social, los senadores agregan que “esta exclusión será aplicable aun cuando en la sentencia condenatoria se hubiere aplicado la circunstancia atenuante prevista en el artículo 73 del mismo Código”.

La senadora Vodanovic detalló que “el proyecto de ley busca cerrar la excepción que permite a condenados por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes acceder a una reducción de condena cuando se les ha reconocido una eximente incompleta”.

La iniciativa, añadió Vodanovic, “contempla seguir la línea jurisprudencial de la Corte Suprema que permite aplicar la exclusión a los procedimientos pendientes, cualquiera sea la fecha del delito, respetando las resoluciones judiciales firmes, y además permite revisar beneficios previamente concedidos cuando ello proceda conforme a las normas generales”.

A estas reformas legales se suma una de los diputados de Renovación Nacional, que modifica la Carta Fundamental.

La moción fue presentada por la diputada Ximena Ossandón, apoyada por sus pares Carlos Chandía, Juan Carlos Beltrán, Francisco Orrego, Daniel Valenzuela, Eduardo Durán, Diego Schalper y Claudia Mora, además del diputado Jorge Guzmán (Evópoli).

Esta busca modificar el artículo 19 de la Constitución para establecer reglas claras sobre la aplicación temporal de los beneficios penitenciarios e impedir que interpretaciones retroactivas permitan reducir el tiempo efectivo de cumplimiento de estas condenas.

El flanco político

La decisión del Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, instaló una controversia que combina una discusión jurídica sobre la aplicación de la ley con el costo político de conceder un beneficio a condenados por delitos de esa naturaleza.

El ministro abordó el tema el miércoles desde el Congreso Nacional, donde defendió el criterio aplicado por su cartera y sostuvo que la decisión responde a la jurisprudencia de la Corte Suprema.

“A partir del año 2022 se modificó la ley y se prohíben beneficios a quienes cometen esos delitos (...). La Corte Suprema acogió recursos de amparo de todas esas personas y, por lo tanto, lo que hizo el ministerio, incluso en la resolución respectiva se cita cada uno de esos fallos, fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos”, explicó Rabat.

Consultado sobre si el gobierno compartía ese criterio jurisprudencial, respondió: “El gobierno no comenta los fallos judiciales”.

La controversia tiene su origen en la modificación legal que entró en vigencia en febrero de 2022 y que excluyó del beneficio de reducción de condena a quienes hubieran sido condenados por determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El problema se produjo con quienes recibieron sus sentencias antes de ese cambio y alegaban que debían regirse por la normativa anterior, sin que se les aplicara retroactivamente la nueva restricción.

Más tarde, en conversación con T13 Radio, Rabat anunció que “le vamos a dar una discusión urgente a los proyectos de ley y que nosotros también vamos a presentar nuestro propio proyecto de ley para que los requisitos para obtener este tipo de beneficios deban analizarse al momento de la solicitud, que es exactamente lo mismo que hoy día opera en el artículo noveno del decreto ley 321 que regula las libertades condicionales”.

“Es decir, tomamos el problema, establecemos un diagnóstico y buscamos la fórmula de solución y no nos escudamos simplemente en las decisiones que toman los tribunales de justicia para terminar dando estos beneficios. Entendemos el problema, lo abordamos y buscamos una solución legislativa”, complementó el secretario de Estado.