Los casos de presunta corrupción durante la Alcaldía de Daniel Quintero en Medellín bajo la lupa del grupo especializado designado por la Fiscalía
El ente acusador hizo el anuncio durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega.
Durante la audiencia contra Miguel Quintero y Sebastián Ortega, la Fiscalía anunció la creación de un grupo para investigar los hechos de presunta corrupción durante la administración de D. Quintero. Foto: EL TIEMPO.
PERIODISTA DE MEDELLÍNActualizado:
Este lunes 21 de septiembre se llevó a cabo una nueva audiencia del proceso que se adelanta en torno a los hechos de corrupción que se materializaron en el interior del Área Metropolitana del Valle de Aburrá entre 2020 y 2023, que terminaron en la desviación de más de 17.000 millones de pesos en contratos y la apropiación ilegal de más de 2.400 millones de pesos como coimas de los mismos.
En la diligencia, en la que se tenía programada la intervención del representante del Área Metropolitana del Valle de Aburrá —víctima en el caso—, quien iba a sustentar la solicitud de medida de aseguramiento contra Sebastián Ortega, la Fiscalía tuvo una intervención coyuntural en el marco de los múltiples procesos investigativos que se adelantan con funcionarios de la administración de Daniel Quintero como protagonistas.
Esta audiencia sucedió a la del pasado jueves 17 de septiembre, en la cual la Fiscalía General de la Nación presentó la solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Andrés Quintero, hermano del exalcalde y a quien el ente acusador señala como el determinador del direccionamiento irregular de contratos del AMVA hacia el Cuerpo Voluntario de Bomberos, además de ser el beneficiario de la apropiación ilícita de recursos derivados de estos contratos.
LEA TAMBIÉN
Miguel Quintero durante la audiencia de imputación en su contra. Foto:EL TIEMPO.
Fue en medio de la diligencia que intervino un delegado de la Fiscalía para hacer el resonante anuncio: la creación de un grupo especializado para la investigación de los hechos de presunta corrupción que han sido denunciados al interior de diferentes entidades del Distrito y que se habrían materializado durante la administración de Quintero, entre 2020 y 2023.
Fue el fiscal 26, Manuel Fernando Caballero, quien le informó al juez del caso y a los demás presentes sobre la creación de este grupo: "Me permito informar al despacho que, mediante decisiones administrativas adoptadas por la Fiscalía General de la Nación, se conformó un grupo de tareas especiales para la investigación y judicialización de hechos de corrupción relacionados con la gestión pública y contractual de Medellín, entre las cuales se encuentra comprendida la noticia criminal que hoy nos ocupa".
La presentación del fiscal Caballero se desprende de la Resolución 0287, firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, el pasado 16 de septiembre. Su decisión fue agrupar 13 expedientes que involucran a los hermanos Quintero en escándalos de presunta corrupción en entidades como el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Para que se avance en todas las pesquisas sin contratiempos y de manera ordenada, se creó un Grupo de Tareas Especiales que estará conformado por los fiscales 15 y 26 de la Delegada para la Seguridad Territorial; por los fiscales 15, 40 (Magda Sofía Ramírez), 77 y 175 de la Seccional Medellín, y por el fiscal anticorrupción adscrito al despacho número 55.
La decisión de Camargo se sustenta en que la distribución de los 13 expedientes en distintos despachos generó una fragmentación en el macrocaso que tiene vertientes y nombres similares.
LEA TAMBIÉN
Son más de 50 los imputados vinculados con la administración de Daniel Quintero. Foto:Alcaldía de Medellín.
Además, una fuente de la Fiscalía le precisó a EL TIEMPO: "Las actuaciones se relacionan, entre otras, con Metroparques, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el INDER y dependencias del Distrito de Medellín, y tienen por objeto establecer prácticas asociadas al direccionamiento contractual, apropiación o destinación irregular de recursos públicos, sobrecostos y favorecimiento de terceros".
En ese sentido, es pertinente recordar los macrocasos de presunta corrupción que serán objeto de investigación de la Fiscalía General de la Nación.
El caso más llamativo de los que se investigan es el del lote de Aguas Vivas, pues este involucra directamente al exalcalde Daniel Quintero.
El predio de 146.000 metros cuadrados ubicado en El Poblado y que le fue entregado a la administración distrital por unas constructoras bajo la figura de compensaciones urbanísticas, fue sujeto de un avalúo que infló su precio en más de 40.000 millones de pesos y fue el protagonista de un decreto que violó las competencias del alcalde en el que se modificaron aspectos del Plan de Ordenamiento Territorial.
Audiencia en el proceso por el megalote Aguas Vivas en contra de Daniel Quintero y 12 funcionarios. Foto:EL TIEMPO.
Por este caso, además del exalcalde Daniel Quintero, fueron imputados Carlos Mario Montoya Serna, exsecretario de Gestión Territorial; Karen Bibiana Delgado Manjarrés, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación; Fabio Andrés García Trujillo, exsubsecretario de Ejecución Contractual de Medellín y secretario general; Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía; Alethia Carolina Arango Gil, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público; Natalia Andrea Jiménez Pérez, exsubsecretaria de Ejecución y secretaria general encargada; Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria Legal de la Secretaría de Movilidad; Leidy Jiménez Echavarría, exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores; Juan Manuel Villegas Márquez, propietario en comunidad y proindiviso del inmueble Aguas Vivas; Juan Diego de Jesús Moreno Barón, representante legal de L.D.C. Inversiones y José Fernando Rueda Salazar, representante legal de Técnicas Constructivas S.A.S.
Este proceso retrocedió a una etapa previa luego de que a mediados de julio la jueza 22 penal del circuito de Medellín declarara nula la imputación presentada por la Fiscalía General de la Nación.
Otro de los macrocasos es el de Hangar Parks, una megacarpa erigida en jurisdicción del Aeroparque Juan Pablo II que le habría sido entregada a dedo al contratista Cyan Eventos, una firma que contrató alrededor de 50.000 millones de pesos con la administración distrital de la época, para realizar conciertos y otro tipo de presentaciones en ese lugar.
El contrato fue entregado por Metroparques y contemplaba ingresos superiores a los 80 millones de pesos por cada presentación.
LEA TAMBIÉN
Hangar Parks. Foto:Archivo EL TIEMPO.
Por este caso fueron imputados Carlos Augusto Jaramillo Villareal, exsecretario general de Metroparques; María Eugenia Domínguez Castañeda, exjefa de compras de Metroparques y gerente general de la entidad; Viviana del Valle Velásquez, exjefa de compras de Metroparques; Laura María Mejía Higuita, líder del Programa de Unidad Logística (supervisora de los contratos) del AMVA; César Augusto Chavarría Múnera, exjefe de Logística de Eventos de Metroparques; Enidia del Carmen Salazar Sánchez, representante legal de la Sociedad Construamericana S.A.S. y Camilo García Bustamante, coordinador general y apoyo a la supervisión de contrato interadministrativo.
El siguiente en la lista aparece el caso del Parque de las Aguas. En este expediente se investigan presuntas irregularidades en los contratos para el mantenimiento del mismo.
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, los hechos se remontan a mayo de 2020 y octubre de 2022, cuando el Área Metropolitana habría firmado tres contratos interadministrativos para entregar a Metroparques la suma de 17.450 millones de pesos para el mantenimiento del parque. Tras la firma de los convenios, Metroparques, al parecer, mediante una invitación privada, le entregó a la empresa JPino S.A.S. más de 2.415 millones de pesos.
Por este caso fueron imputados Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente general de Metroparques; María Eugenia Domínguez Castañeda, exjefa de compras y exgerente general de la entidad; Viviana del Valle Velásquez, exjefa de compras; Lilibeth Lorena Pino Jaramillo, fundadora de la Sociedad Uno Sociedades S.A.S.; Laura María Mejía Higuita, líder del Programa de Unidad Logística (supervisora de los contratos) del AMVA; Álvaro Alonso Villada García, exdirector de la Gestión de la Dirección Administrativa y Financiera del AMVA; Juan Alexander Pino Jaramillo, representante legal de JPino S.A.S.; Yamileth Galíndez Chilito, representante legal de 1SOLUCIONES S.A.S., y Fabio Miguel Mestre Espitia, representante legal de Estructuras Zafiro S.A.S.
Jorge Enrique Liévano Ospina. Foto:Archivo particular.
Tal como lo señaló la Fiscalía, otro de los casos bajo la lupa del grupo especial es el del Inder.
Las pesquisas giran en torno a presuntas irregularidades en la contratación entre el Inder, Metroparques y la firma Cyan Eventos y Logística S.A.S., un entramado que habría generado un detrimento al patrimonio público superior a los 3.700 millones de pesos.
El origen de la investigación se remonta a 2020, cuando el Inder requería contratar torneos barriales, festivales deportivos y eventos comunitarios. Para tal fin, el instituto firmó un convenio interadministrativo con Metroparques, entidad que a su vez direccionó la contratación hacia Cyan Eventos y Logística S.A.S.
De acuerdo con el ente acusador, se omitieron intencionalmente los estudios del sector y de mercado para justificar los precios, lo que derivó en un sobrecosto exacto de $3.705.259.410 en la compra de uniformes, medallas, trofeos y balones.
Por este caso fueron imputados Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente general de Metroparques; Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Inder; María Eugenia Domínguez Castañeda, exjefa de compras y exgerente general de Metroparques y Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de Cyan Eventos y Logística.
LEA TAMBIÉN
Corrupción caso Inder Foto:Archivo EL TIEMPO
Entre los expedientes en manos del grupo de tareas especiales de la Fiscalía también está el episodio de presunta corrupción en el Metroplús.
Este caso se centra en un contrato firmado el 29 de junio de 2023, entre Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad, Rubén Darío López Giraldo y Santiago Fernando Ortega Mateos.
El contrato se firmó por un monto de $15.053 millones, entre la cartera de Movilidad y Metroplús, entidad encargada del sistema de autobuses en Medellín y el Valle de Aburrá. En los hechos, materia de investigación, dicho contrato se celebró durante la vigencia de la Ley de Garantías, que restringe la contratación pública previa a las elecciones regionales.
Este acuerdo, supuestamente, no cumplió con los requisitos legales y según el ente acusador, no se contó con los estudios previos obligatorios, no fue publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II) y se omitieron informes de supervisión.
Audiencia de imputación a exfuncionarios de Daniel Quintero. Foto:Archivo Particular
Por estos hechos fueron imputados Juan Carlos Torres Ojeda, exsecretario de Movilidad encargado; Rubén Darío López Giraldo, exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura; Santiago Ortega Mateos, exabogado externo de apoyo; Estefanya Cuervo Sánchez, exsubsecretaria legal de la Secretaría de Movilidad y Mauricio Alonso Zuleta Estrada, exsubsecretario técnico de la Secretaría de Movilidad.
Otro caso relevante es el del mantenimiento de los jardines de la ciudad. En este episodio, la Fiscalía busca demostrar cómo se desviaron más de $5.000 millones de un contrato que originalmente debía ejecutar el Jardín Botánico de Medellín. En su lugar, el contrato de $12.000 millones fue entregado a la Reforestadora El Líbano S.A.S.
Como parte de este proceso fueron imputados Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente general de Metroparques; Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de Reforestadora El Líbano.
LEA TAMBIÉN
Caso zonas verdes Medellín Foto:Cortesía
Finalmente, en este recuento es preciso recordar casos como el del Plan de Alimentación Escolar (PAE), en el que fueron imputados Martha Alexandra Agudelo Ruiz, exsecretaria de Educación; Lina María Gil Zapata, exsubdirectora de Prestación del Servicio de Buen Comienzo y directora técnica de la Secretaría de Educación y Henry Paulison Gómez Montoya, gerente general de la Corporación Colombia Avanza, por presuntas anomalías en dos convenios suscritos de los que se habría sacado provecho ilegal por 1.423 millones de pesos por un lado, y 956 millones por el otro.
Como se hace evidente en esta recopilación de casos, son varios los nombres que aparecen en múltiples oportunidades relacionados con diferentes procesos. Es precisamente en ese sentido que la Fiscalía constituyó este grupo especializado de investigación para unificar las indagaciones.
Periodista de Nación, en Medellín.
Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
BOLETINES EL TIEMPO
Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.
EL TIEMPO GOOGLE NEWS
Síguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.
EL TIEMPO WHATSAPP
Únete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.
EL TIEMPO APP
Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo.
SUSCRÍBETE AL DIGITAL
Información confiable para ti. Suscríbete a EL TIEMPO y consulta de forma ilimitada nuestros contenidos periodísticos.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.