Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

El Presidente José Antonio Kast comunicó que instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones utilizar las herramientas legales y administrativas disponibles para expulsar a extranjeros que hayan participado en los desmanes registrados el domingo, tras una nueva conmemoración del estallido social.

“No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público”, publicó el Mandatario, quien agregó que había encargado a ambas reparticiones activar los mecanismos disponibles para concretar las salidas del país.

En el mismo mensaje, Kast valoró la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, que este lunes respaldó -por 128 votos a favor y 11 en contra- el informe de la comisión mixta, que busca facilitar la ejecución de órdenes administrativas de expulsión que ya se encuentran firmes. Su tramitación continuará este martes en el Senado.

Nuevas facultades para ejecutar expulsiones

Uno de los principales cambios que contempla el texto apunta a facilitar la localización y detención de personas sujetas a una orden de expulsión. Para ello, la Policía de Investigaciones (PDI) podrá solicitar a un juez de garantía autorización para ingresar al domicilio donde se encuentre el extranjero requerido y ejecutar la medida.

La propuesta establece que el magistrado deberá resolver la solicitud en un plazo de 24 horas, con autorización judicial previa para ingresar al inmueble.

El Servicio Nacional de Migraciones, en tanto, podrá requerir a particulares, empresas y funcionarios públicos información como el nombre completo, domicilio y correo electrónico de extranjeros en situación irregular, con el objetivo de facilitar las notificaciones de los procedimientos. Esta facultad no podrá utilizarse respecto de menores de edad ni para obtener datos desde establecimientos de salud o recintos educacionales.

También se incorpora el registro biométrico obligatorio para infractores mayores de edad, notificaciones electrónicas y tácitas, y la posibilidad de retener documentos de viaje.

Otro de sus ejes es que el período para presentar una reclamación se reducirá de diez a cinco días. Además, la interposición del recurso dejará de suspender automáticamente la ejecución de la medida, por lo que será necesario considerar las reglas aplicables para determinar si corresponde paralizar el procedimiento.

El texto amplía las causales de expulsión administrativa al incorporar las graves afectaciones al orden público. Asimismo, eleva de tres a cinco años el período mínimo de prohibición de reingreso a Chile y establece que las órdenes de expulsión permanecerán vigentes hasta su ejecución.