El Shin Bet investiga una presunta injerencia extranjera en las elecciones legislativas de Israel

El Shin Bet, servicio de seguridad interior de Israel, investiga una presunta injerencia extranjera en las elecciones legislativas del martes, en medio de la fase de negociaciones para formar Gobierno tras unos comicios que no rompieron el empate entre los dos grandes bloques políticos. La sospecha señala el envío de fondos desde Qatar y otros países para incentivar la participación del electorado árabe, un episodio que ha desatado una disputa política abierta entre el oficialismo y la oposición.

El director del Shin Bet, David Zini, informó al primer ministro Benjamin Netanyahu, al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, y al jefe de la oposición, Yair Lapid, sobre las sospechas de interferencia extranjera en la elección del 26.º Parlamento. Según el propio organismo, la inteligencia que motivó la pesquisa fue recopilada de forma independiente y no provino de ningún partido ni actor político.

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El presidente de la Comisión Electoral Central, el juez Noam Sohlberg, instruyó el miércoles por escrito a Zini para que investigara las sospechas de financiamiento extranjero ilegal y soborno electoral. En la carta, Sohlberg describió las sospechas como graves pero aclaró expresamente que no podía evaluar su fundamento, y pidió a Zini reunir pruebas que las confirmaran o descartaran, con hallazgos disponibles durante la semana siguiente debido al calendario de apelaciones electorales.

El Shin Bet precisó que, hasta la conclusión de los comicios, Sohlberg fue la única persona fuera de la agencia con acceso a la inteligencia que originó la indagatoria. El organismo describió la investigación como “limitada en su alcance” y subrayó que no debía usarse para sospechar de todos los votantes árabes.

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Ni la carta de Sohlberg ni el comunicado posterior del Shin Bet identificaron países, partidos o vías de financiamiento concretas. El propio servicio de seguridad advirtió que la pesquisa sigue incompleta y que cualquier declaración sobre el contenido o la naturaleza de las sospechas no representa su posición oficial. Fuentes del organismo señalaron además que la investigación no interferirá con la presentación de los resultados certificados al presidente Isaac Herzog, prevista para el 4 de noviembre.

Diversas fuentes de seguridad consultadas por medios locales coincidieron en que la pesquisa sobre la financiación de Doha para aumentar la participación árabe es puntual y carece de las dimensiones que podrían alterar el resultado electoral. En ese sentido, lo que investiga el Shin Bet es si fondos procedentes de Qatar y otros países se usaron para movilizar el voto árabe, un hecho que, de confirmarse, no implicaría de forma automática la anulación de ningún resultado, ya que la ley electoral israelí exige un proceso judicial separado para ello.

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El Likud, el partido de Netanyahu, denunció el miércoles que las elecciones “fueron robadas en el Estado de Israel por partidos árabes que apoyan el terrorismo y la eliminación del Estado judío mediante delitos penales graves de soborno, amenazas, violencia, falsificaciones y el uso de software prohibido para movilizar votantes”. La formación añadió acusaciones de discrepancias entre el número de votantes y de sobres, y de “miles de sobres con dinero en efectivo junto a papeletas del partido Ra’am”, y anunció que presentaría cientos de testimonios y pruebas ante las autoridades para buscar la invalidación de resultados en algunas mesas.

La Policía israelí respondió al día siguiente que “no hay pruebas que lo respalden”. Un comunicado policial agregó: “La jornada electoral transcurrió con muy pocos incidentes que afectaran a la integridad del proceso, incluso en comparación con elecciones anteriores”. Una fuente policial precisó que los incidentes vinculados a la integridad electoral cayeron cerca de un 40% respecto de la campaña anterior.

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Por separado, la Unidad Nacional contra el Crimen (Lahav 433) interroga a cuatro sospechosos más de soborno electoral, luego de que tres residentes del sur del país fueran arrestados el martes por la mañana. La Policía informó haber hallado dinero en efectivo y papeletas de Ra’am durante los registros, aunque ese caso se mantiene separado de la investigación por presunta injerencia extranjera.

La Comisión Electoral Central también rechazó las denuncias de fraude sistemático. El director general en funciones del organismo, Dean Livne, afirmó en una respuesta aprobada por Sohlberg que la elección se había desarrollado conforme a la ley y que, hasta donde sabía la comisión, las acusaciones de daño sistemático a la integridad electoral carecían de fundamento.

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Eisenkot, líder del bloque opositor, sostuvo que Israel “debe velar con el máximo cuidado por la pureza de las elecciones frente a cualquier intento de intervención, manipulaciones y sesgos y examinar a fondo cada denuncia”. En la misma declaración acusó: “Netanyahu, que se ha acostumbrado a lidiar con la realidad mediante mentiras, ingeniería de la conciencia y la difusión del caos, está liderando junto con sus socios una campaña de influencia inaceptable sobre los israelíes”.

Tras reunirse con Zini y Sohlberg, Eisenkot dijo que era demasiado pronto para entender qué había ocurrido, “o si ocurrió algo en absoluto”, y reclamó una investigación libre de injerencia política. Acusó a Netanyahu y al Likud de una campaña organizada para deslegitimar los resultados y aseguró que se opondrá a cualquier postergación de la jura prevista de la Knésset. Según indicó, sus equipos preparan proyectos de ley sobre reclutamiento militar, una comisión estatal de investigación sobre la masacre del 7 de octubre y asignaciones presupuestarias, que planea someter a votación en cuanto se constituya el Parlamento.

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El presidente de la Knésset, Amir Ohana, del Likud, escribió: “No hubo una sospecha tan grave en la historia del país. Países enemigos entienden que Ra’am y la Lista Conjunta operan contra el interés nacional y por eso actuaron para aumentar su fuerza”. Su partido utilizó la investigación del Shin Bet para reforzar su campaña tanto contra la pureza de los comicios como contra las dos formaciones árabes que, con 19 escaños, podrían respaldar de forma activa o pasiva a Eisenkot.

Los dos partidos árabes rechazaron las acusaciones. El presidente de Ra’am, Mansour Abbas, celebró la instrucción de Sohlberg de investigar, negó cualquier vínculo de su partido con el presunto financiamiento y se comprometió a cooperar plenamente con las autoridades, al tiempo que acusó a Netanyahu de incitar contra los ciudadanos árabes y buscar deslegitimarlos. La Lista Conjunta acusó a Netanyahu de intentar robar la elección y calificó las denuncias de campaña para socavar la legitimidad del voto árabe.

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Desde la oposición, el líder de Los Demócratas, Yair Golan, pidió que las sospechas genuinas sean investigadas y acusó a Netanyahu de intentar deslegitimar la decisión del electorado, en particular de los votantes árabes. La diputada de ese mismo partido, Naama Lazimi, comparó la campaña del Likud con el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero.

El portavoz de Exteriores catarí, Majed al Ansari, respondió: “Negamos categóricamente las acusaciones de haber interferido en las elecciones de Israel o de haber financiado actividades destinadas a influir en sus resultados”. Agregó: “Nos acusan de haber comprado a Netanyahu, a la izquierda y ahora al voto árabe. Si tuviéramos que creer todas esas acusaciones, Qatar probablemente sería dueña de todo Israel”. Al Ansari acusó además a políticos israelíes y sus contactos mediáticos de involucrar a Qatar en disputas políticas internas mediante desinformación.

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Turquía también negó haber interferido en los comicios. El Centro para el Combate a la Desinformación de la presidencia turca calificó las acusaciones de infundadas.

El pequeño emirato ha tenido un papel importante y controvertido en la Franja de Gaza e Israel en los últimos años. Con la sede del liderazgo de Hamas en Doha, Qatar entregó desde 2018 enormes sumas de dinero a la Franja, bajo control islamista. Lo hizo también, aunque no sólo, a petición de Netanyahu, que buscaba evitar una crisis económica en Gaza que derivara en una nueva escalada con Israel. A nadie sorprendió, empezando por los propios gazatíes, que parte de la ayuda económica qatarí acabara en el brazo armado de Hamas, responsable del ataque del 7 de octubre de 2023.

Además, el principal asesor de Netanyahu, Jonatan Urich, ha sido investigado por una relación comercial con Qatar según la cual recibía pagos a cambio de asistencia para mejorar la imagen de ese país.

El artículo 86 de la Ley de Elecciones a la Knésset prevé un procedimiento judicial para impugnar resultados electorales, pero ninguna sospecha ni financiamiento ilegal provoca una anulación automática. Las impugnaciones pueden referirse a elecciones realizadas de forma ilegal, asignación incorrecta de votos o escaños, o votos obtenidos ilegalmente, y un requisito central es que la presunta irregularidad haya podido afectar el resultado.

Pueden presentar un reclamo las listas de candidatos participantes y sus postulantes, diputados, bancadas de la Knésset recién electa, miembros de las comisiones electorales central y regionales, y el fiscal general. La apelación debe presentarse ante el Tribunal de Distrito de Jerusalén, actuando como tribunal administrativo, dentro de los 14 días posteriores a la publicación de los resultados, y es resuelta por un panel de tres jueces, aunque el plazo puede extenderse en circunstancias especiales.

El tribunal puede ordenar una nueva elección a nivel nacional o en una mesa de votación específica, corregir la asignación de votos, o determinar que un candidato fue electo en lugar de otro. Una apelación posterior sobre una cuestión legal generalmente requiere autorización del presidente de la Corte Suprema, y si la elección se anula a nivel nacional, los habilitados para impugnar pueden recurrir ante cinco jueces de ese tribunal o un panel mayor de número impar. Una apelación electoral no suspende el funcionamiento de la Knésset ni invalida las decisiones que ya haya tomado.

Una fuente de la Comisión Electoral Central consultada por The Jerusalem Post indicó que la investigación no retrasará la publicación de los resultados finales ni impedirá que Herzog designe a un líder partidario para iniciar el proceso de formación de coalición. Ante la pregunta de si la pesquisa podría derivar en una nueva elección, la fuente respondió que era “demasiado pronto” para esa cuestión y que primero debía examinarse si hubo algún impacto y si afecta la distribución de escaños en la Knésset.

La Comisión Electoral Central confirmó los resultados el jueves, con el 99% de los votos escrutados: 53 escaños para el bloque de la actual coalición y 48 para el llamado “bloque del cambio”, mientras que los dos partidos árabes pasaron de 10 escaños en 2022 a 19. Ningún bloque alcanza por sí solo los 61 escaños necesarios para la mayoría absoluta.

Netanyahu, que ha recibido un duro golpe pero no definitivo, sigue al frente del partido más votado y, sobre todo, en el poder durante la transición. Eisenkot se quedó muy lejos de lo que pronosticaban los sondeos. Ambos deberán romper promesas electorales si quieren formar Gobierno.