Una cirugía desfavorable o una complicación médica no constituyen por sí mismos un delito, determina la Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las lesiones culposas ocasionadas durante el ejercicio de la medicina pueden sancionarse penalmente cuando se pruebe que el personal de salud incumplió un deber de cuidado que podía observar y que esa omisión causó una lesión permanente prevista en la ley. La resolución establece que una complicación, la falta de curación o un resultado desfavorable no constituyen por sí mismos un delito.
El Pleno resolvió el amparo en revisión 257/2026 en su sesión de este 11 de noviembre. La Suprema Corte mantuvo la validez de los artículos 60, segundo párrafo, y 291 del Código Penal Federal, cuestionados por un médico neurocirujano vinculado a proceso por lesiones culposas.
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Dicho caso deriva de dos intervenciones quirúrgicas practicadas al paciente. En la primera, el médico colocó tornillos transpediculares; en la segunda, los recolocó. Tras los procedimientos, el paciente presentó una disminución permanente de la movilidad de una pierna.
El neurocirujano sostuvo que las normas penales vulneraban los principios de legalidad y taxatividad, la mínima intervención del derecho penal y la libertad de trabajo, al permitir castigar conductas vinculadas con la práctica médica.
La SCJN explicó que la legislación permite identificar las conductas que pueden recibir una sanción penal. El Código Penal Federal contempla lesiones permanentes y, en relación con su artículo nueve, define los elementos para establecer si una conducta fue culposa.
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Para atribuir responsabilidad no basta con acreditar que un tratamiento produjo un daño. La autoridad debe establecer cuál era el deber objetivo de cuidado exigible al profesional, si estaba en condiciones de cumplirlo y si su incumplimiento causó una de las lesiones contempladas en la norma penal.
La SCJN señaló que la medicina es, por regla general, una actividad de medios y no de resultados. Esto significa que el personal médico debe actuar con diligencia, prudencia y apego a las reglas de su profesión, sin que esté obligado a garantizar un desenlace específico para el paciente.
Normas oficiales, protocolos clínicos y reglas técnicas de la medicina pueden utilizarse para identificar los deberes de cuidado aplicables en cada caso. No obstante, esos instrumentos no crean delitos ni permiten ampliar las conductas que la ley penal sanciona.
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El Pleno concluyó que la posibilidad de imponer penas por lesiones permanentes culposas no contraviene el principio de mínima intervención penal. La protección de la salud y de la integridad corporal puede justificar una responsabilidad de esta naturaleza, aun cuando existan mecanismos civiles, administrativos o laborales para atender el mismo hecho.
Dicha resolución también descarta que las disposiciones impugnadas limiten la libertad de trabajo. Las normas no prohíben ni restringen el ejercicio de la medicina, ni castigan los riesgos inherentes a la profesión; únicamente prevén consecuencias penales cuando se ocasionan culposamente las lesiones que establece la legislación.
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La SCJN no resolvió que el médico neurocirujano hubiera cometido negligencia médica ni determinó su responsabilidad penal. El expediente regresó al tribunal colegiado para que analice los planteamientos de legalidad pendientes, incluidos los relacionados con la suficiencia de los datos de prueba que sustentaron la vinculación a proceso.
La SCJN determinó el pasado 13 de julio que los hospitales privados deben garantizar el derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en condiciones de igualdad y sin discriminación.
El criterio derivó del fallecimiento de un adolescente con síndrome de Down durante una emergencia médica, mientras permanecía hospitalizado. El Pleno sostuvo que los casos relacionados con personas con discapacidad requieren un estándar reforzado de protección frente a barreras y desigualdades.
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“La discapacidad no puede justificar un nivel menor de protección ni disminuir el estándar de responsabilidad y diligencia” exigible a quienes prestan servicios de salud, sean públicos o privados, señala la SCJN.
La Suprema Corte validó el pasado 29 de abril los artículos 18 y 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, por lo que las reclamaciones por daños atribuidos a la actividad administrativa deben presentarse ante la autoridad señalada como responsable, según la SCJN. El Pleno resolvió los Amparos en Revisión 15 y 75 de 2026, vinculados con solicitudes de indemnización por atención médica en hospitales del IMSS.
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Por ello, la persona afectada debe acreditar la existencia del daño y su relación con la actuación del Estado. La autoridad, de acuerdo con la SCJN, debe demostrar que actuó conforme a derecho o que el perjuicio ocurrió por causas externas.
El Pleno sostuvo que el procedimiento mantiene la imparcialidad mediante impedimentos, excusas, recusaciones y una distribución equilibrada de la carga de la prueba. Las resoluciones de la autoridad responsable pueden impugnarse ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mecanismo que permite revisar la decisión y protege el acceso a la justicia.
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