El Gobierno anunció el despliegue de 70.000 agentes ante el riesgo de violencia durante las protestas de Halloween en Francia
El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, anunció el despliegue de 70.000 policías y gendarmes en todo el país para las protestas previstas para el sábado 31 de octubre y advirtió que la jornada supone un “riesgo muy elevado de alteraciones del orden público” ante las convocatorias a movilizaciones y concentraciones nocturnas por Halloween.
Nuñez anunció que el operativo mantendría la escala aplicada el sábado anterior y que reforzará la custodia de comercios. Las manifestaciones autorizadas podrían realizarse, pero no en los centros de las ciudades, donde las autoridades previeron un mayor riesgo de incidentes.
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El ministro confirmó la prohibición de los encuentros previstos desde las 20.00 del sábado. “No toleraremos excesos”, afirmó, y anticipó una respuesta “extremadamente firme” de las fuerzas de seguridad ante actos violentos o daños contra bienes públicos y privados.
“Estamos viendo muchos llamados a concentraciones que proceden del movimiento laboral, de la izquierda radicalizada y de ciertos sitios de Chalecos Amarillos radicalizados”, declaró Nuñez.
En un telegrama enviado a los prefectos, el ministro pidió un “dispositivo operativo sólido” y alertó sobre posibles “violencias urbanas” bajo el argumento de Halloween. El documento solicitó especial vigilancia sobre las convocatorias nocturnas y sobre la eventual formación de marchas no autorizadas.
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Por otro lado, Nuñez sostuvo que la fiesta de Halloween no justificaría el uso de máscaras para ocultar la identidad ni la alteración del orden público. La Prefectura de Policía de París recordó, además, que está prohibido cubrirse el rostro y portar armas, incluso falsas, durante las concentraciones.
La jornada nacional de movilización prevista para el sábado 31 de octubre reunirá a sindicatos estudiantiles, dirigentes laborales y sectores de los Chalecos Amarillos. Los organizadores reclaman mejoras salariales, medidas frente al aumento de los precios y más recursos para los servicios públicos. También mantuvieron el llamado a una huelga nacional para el 5 de noviembre.
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El malestar social creció tras las movilizaciones estudiantiles iniciadas semanas antes por mejores condiciones de enseñanza. El Gobierno anunció el lunes el reemplazo de la plataforma de admisión universitaria y préstamos para renovar establecimientos educativos, pero los estudiantes consideraron insuficientes esas medidas.
Las protestas del 17 de octubre terminaron con saqueos, daños a comercios y vandalismo en varias ciudades. Para esa jornada se movilizaron unos 60.000 agentes, aunque posteriormente las autoridades admitieron fallos de seguridad e inteligencia que facilitaron los enfrentamientos.
El sábado siguiente, unas 410.000 personas participaron en las marchas, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior. Los 70.000 policías y gendarmes desplegados entonces evitaron un nuevo episodio de saqueos generalizados, aunque se produjeron enfrentamientos al final de algunos cortejos.
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La actuación policial recibió críticas de organizaciones juveniles y estudiantiles. Varios adolescentes resultaron gravemente heridos durante las movilizaciones previas, mientras manifestantes denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza.
Representantes de organizaciones juveniles se reunieron el jueves con Nuñez para plantear sus demandas y cuestionar el accionar de la policía. Al finalizar el encuentro, manifestaron su disconformidad con la respuesta del ministro.
“Fuimos a esta reunión para discutir nuestras demandas, pero sobre todo las últimas cuatro semanas de movilización, que estuvieron marcadas por una violencia policial sin precedentes”, dijo Manon Moret, secretaria general del sindicato estudiantil Unef. “Esta reunión fue un diálogo de sordos”.
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Louis Letoublon, subdirector de la asociación Les Lyceens!, acusó al ministro de ser “irresponsable” e “incapaz de responder por la represión policial”. La jornada del 31 de octubre se celebrará a seis meses de las elecciones presidenciales, en un contexto en el que Marine Le Pen encabeza los sondeos de intención de voto.
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