El opositor Juan Sebastián Chamorro pide a la Unión Europea ampliar las sanciones contra el régimen de Nicaragua
El opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro solicitó a autoridades de la Unión Europea (UE) que refuercen las medidas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con una ampliación de las sanciones y de la presión financiera. El pedido ocurrió durante una serie de reuniones en Bruselas, donde planteó una agenda que incluye la liberación de los presos políticos, el rechazo a la represión fuera de las fronteras nicaragüenses y un plan para recuperar la democracia.
Chamorro informó sobre las gestiones a través de su cuenta en X. Según expuso, mantuvo encuentros con representantes del Parlamento Europeo y de la instancia ejecutiva comunitaria, de los que recibió una respuesta “muy positiva”. En la imagen difundida por el dirigente aparecen también otros integrantes de la oposición nicaragüense frente a la sede de la Eurocámara.
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“Ante autoridades de la UE generando presión a la dictadura”, escribió Chamorro. En su mensaje enumeró sus propuestas: la liberación de los detenidos por razones políticas, la denuncia de la represión transnacional, la restitución de las libertades, elecciones libres y un esquema de transición democrática.
El ex precandidato presidencial sostuvo además que la Unión Europea debe extender las restricciones individuales y adoptar otras herramientas financieras contra los responsables de las violaciones de derechos humanos. Chamorro fue detenido en junio de 2021, antes de las elecciones de ese año, y permaneció encarcelado hasta febrero de 2023, cuando fue expulsado a Estados Unidos junto con otros 221 presos políticos.
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El reclamo del opositor coincidió con la decisión del Consejo de la Unión Europea de prorrogar hasta el 15 de octubre de 2027 las sanciones contra Nicaragua. La medida, adoptada el 9 de octubre, alcanza a 21 personas y tres entidades vinculadas al aparato estatal nicaragüense.
El sistema vigente contempla la congelación de activos en territorio europeo, la prohibición de que ciudadanos y empresas de la UE pongan fondos o recursos económicos a disposición de los sancionados y restricciones de ingreso o tránsito para las personas incluidas en la lista.
Entre las entidades sancionadas figuran la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, conocido como Telcor. Las medidas también alcanzan a Rosario Murillo, designada copresidenta por el oficialismo, a altos funcionarios del Ejecutivo, mandos policiales y miembros del entorno familiar de la pareja gobernante.
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El Consejo revisó la decisión aprobada en 2019 y actualizó los fundamentos de la sanción contra Néstor Moncada Lau, quien fue asesor presidencial en temas de seguridad nacional hasta 2025. El documento europeo lo vincula con la adopción de políticas represivas contra manifestantes, opositores y periodistas desde abril de 2018.
La UE sostiene que sus medidas son selectivas y que no buscan perjudicar a la población ni a la economía del país. El bloque ha fundamentado sus restricciones en el deterioro de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.
La postura de Chamorro tiene antecedentes recientes en el Parlamento Europeo. El 18 de junio de 2026, los eurodiputados aprobaron una resolución que condenó las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la persecución contra organizaciones civiles, pueblos indígenas, iglesias y opositores.
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La Eurocámara reclamó la excarcelación de todos los presos políticos, la anulación de las sentencias dictadas por motivos políticos y el respeto de la libertad religiosa. También pidió una investigación por la muerte bajo custodia del líder indígena Brooklyn Rivera y la devolución de sus restos a la familia.
En esa resolución, el Parlamento Europeo solicitó al Consejo y a la Comisión Europea que suspendan la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica respecto de Nicaragua mientras continúe la represión. Además, planteó que no haya recursos europeos o multilaterales que puedan respaldar a las estructuras del régimen.
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Los legisladores también instaron a ampliar las sanciones dirigidas contra los responsables, incluido Ortega y su círculo cercano. La política europea hacia Nicaragua combina, por ahora, las medidas restrictivas individuales con la exigencia de restablecer garantías democráticas, liberar a los detenidos y permitir el trabajo de las organizaciones internacionales de derechos humanos.
Chamorro busca que esa posición se traduzca en nuevas decisiones antes de la próxima revisión anual del marco de sanciones, prevista para octubre de 2027.
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