Con aval por $1,2 billones, el Gobierno intenta contener la crisis de Air-e mientras busca una salida definitiva para la empresa energética del Caribe
El objetivo es evitar que la delicada situación financiera de la empresa termine afectando la continuidad del servicio eléctrico en los tres departamentos donde opera. Foto: Leoherrera EL TIEMPO
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La crisis financiera de Air-e, intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios desde septiembre de 2024, acaba de obtener un ‘flotador’ con la decisión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
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La medida respaldará una garantía que permitirá acceder a créditos por hasta $1,2 billones, recursos que serán destinados a sostener la prestación del servicio de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
La medida llega en medio de un panorama que desde hace meses ha venido acumulando señales de alarma sobre la situación de la compañía, cuya operación impacta a cerca de 1,3 millones de usuarios en la región Caribe.
Según informó el Gobierno, los recursos estarán dirigidos principalmente a garantizar el pago del suministro corriente de energía y la atención de obligaciones prioritarias surgidas después de la intervención estatal.
El objetivo es evitar que la delicada situación financiera de la empresa termine afectando la continuidad del servicio eléctrico en tres departamentos donde el acceso a la energía depende en gran medida de la estabilidad operativa de Air-e.
La decisión reconoce la magnitud del problema. De acuerdo con el documento presentado por el Conpes, la compañía enfrenta obligaciones superiores a los $6,2 billones, pérdidas de energía cercanas al 33% y dificultades de recaudo que limitan su capacidad para responder a compromisos esenciales dentro de la cadena eléctrica.
Una crisis que viene creciendo
Aunque el anuncio de los $1,2 billones marca uno de los respaldos más significativos otorgados hasta ahora para sostener la operación, el deterioro financiero de la compañía venía siendo advertido desde diferentes frentes.
El aval es de un crédito de hasta 1,2 billones. Foto:Air-e
En agosto de este año, EL TIEMPO reveló apartes del denominado Libro de la verdad, documento de empalme del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, en el que tanto el Ministerio de Minas y Energía como el Ministerio de Hacienda identificaban a Air-e como uno de los expedientes más delicados encontrados durante la transición administrativa.
Según ese informe, la empresa había pasado de registrar un patrimonio positivo de $2,22 billones en 2023 a presentar posteriormente un patrimonio negativo. Además, reportó una pérdida neta cercana a $1,15 billones durante 2025, acompañada de problemas estructurales relacionados con el recaudo, las pérdidas de energía y su exposición a compras de energía en bolsa.
El análisis advertía que la situación ya no podía interpretarse únicamente como un problema empresarial. Para el Ministerio de Minas, el deterioro financiero de Air-e tenía capacidad de afectar a generadores, transmisores y otros agentes del mercado eléctrico nacional.
Un alivio temporal
Aunque el respaldo aprobado asciende a $1,2 billones, la misma documentación oficial reconoce un pasivo superior a $6,2 billones, además de problemas persistentes de pérdidas de energía y recaudo.
Air-e tiene 1,2 millones de usuarios en la región Caribe. Foto:Air-e
Por ello, el alcance de la medida parece responder más a una necesidad inmediata de liquidez que a una solución estructural de fondo.
En términos prácticos, el Gobierno busca evitar que las dificultades de caja limiten la compra de energía o afecten el pago de compromisos con otros actores del sector, escenario que podría trasladar la crisis empresarial hacia riesgos de suministro para millones de usuarios del Caribe.
Mientras esa respuesta llega, el Estado optó por una nueva inyección de respaldo financiero para mantener en funcionamiento un servicio esencial para Atlántico, Magdalena y La Guajira, departamentos donde la crisis de la compañía continúa siendo uno de los asuntos más sensibles dentro del panorama energético nacional.
A diferencia de los créditos otorgados directamente a la empresa antes de la intervención, los recursos asociados a la garantía aprobada por el Conpes no constituyen una capitalización de Air-e ni buscan cubrir la totalidad de sus obligaciones financieras.
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Entonces, la estrategia consiste en respaldar al Fondo Empresarial de la Superintendencia para que pueda obtener financiamiento orientado a cubrir compromisos prioritarios y asegurar la continuidad operativa mientras se define una solución de largo plazo.
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