Barranquilla y Puerto Colombia tendrán que esperar seis o siete meses más por el fallo que definirá sus límites: senador Carlos Meisel
El congresista anunció una audiencia pública el 22 de octubre y explicó que el trámite pasa también por la plenaria.
El senador Carlos Meisel, presidente de la comisión que define los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO
PERIODISTAActualizado:
El senador barranquillero Carlos Meisel (Centro Democrático), presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial que tendrá en sus manos la definición de los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia, afirmó este martes que la intención del Congreso de la República es que el trámite quede resuelto en un plazo de seis a siete meses
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En entrevista con Emisora Atlántico el congresista también se refirió por primera vez a la advertencia que el presidente Abelardo De La Espriella hizo esta semana, a través de un trino, sobre un presunto cabildeo de la familia Torres, de Puerto Colombia, para incidir en la decisión.
Meisel dijo no sentir la posición presidencial como una intromisión en las funciones del Senado. "A mí me parece muy bien que el presidente tenga pendiente este tema que nos ha dolido tanto por tanto tiempo de incertidumbre. Me parece bien que lo revisen, que esté al tanto, que pida que el Congreso acelere", afirmó.
A mí me parece muy bien que el presidente tenga pendiente este tema que nos ha dolido tanto por tanto tiempo de incertidumbre. Me parece bien que lo revisen, que esté al tanto, que pida que el Congreso acelere
carlos meiselSenador de la República
Sobre si el pronunciamiento del mandatario podía leerse como una presión indebida, fue enfático. "Yo no lo recibí así, no lo siento así. Tampoco creo que nosotros tengamos que abandonar en este momento una controversia que se necesita resolver", sostuvo.
Qué hay detrás de la advertencia presidencial
La advertencia de De La Espriella llegó justo cuando el proceso parecía acercarse a un punto de quiebre. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi había entregado a las comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara un documento técnico de más de 400 páginas, elaborado con criterios históricos, cartográficos, geográficos, demográficos, sociales y administrativos, con una propuesta de línea divisoria entre los dos territorios.
Aspecto del corredor universitario que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia. Foto:archivo / El Tiempo
El mandatario respaldó la posición de Barranquilla a partir de esos criterios y pidió que el trámite legislativo se mantenga libre de presiones. "Es muy importante llamar la atención para estar atentos a que el cabildeo de los Torres, quienes siguen intentando meterle mano al proceso que ya definió el asunto de delimitación territorial, no vaya a permear la independencia del Congreso", afirmó.
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También cuestionó la eventual injerencia de intereses privados y políticos en una decisión que, según dijo, debe responder únicamente a criterios jurídicos y técnicos. "Los aliados del gobierno anterior y los intereses privados no pueden seguir primando sobre el interés del pueblo y, mucho menos, sobre la Constitución y la ley", sostuvo.
El área en discusión suma entre 1.000 y 1.435 hectáreas e incluye el Corredor Universitario, Villa Campestre y el sector de Ciudad Mallorquín, donde operan universidades como la del Atlántico, la del Norte y la Libre, además de colegios, clínicas y zonas residenciales y comerciales. La zona genera un recaudo fiscal anual cercano a los 40.000 millones de pesos, y para Puerto Colombia perderla significaría una caída de hasta el 55 % en sus ingresos y su descenso a un municipio de categoría 6.
Corredor Universitario, la zona que disputan Barranquilla y Puerto Colombia. Foto:archivo / El Tiempo
La estructura que el presidente señaló como responsable del cabildeo está encabezada por Euclides Torres, contratista estatal y líder político con peso histórico en Puerto Colombia, cercano al gobierno anterior de Gustavo Petro. Esa influencia se contrapone en el tablero regional a la de la Casa Char, la familia con mayor poder político y electoral en Barranquilla, en una disputa que trasciende lo administrativo y toca el control económico del norte del Atlántico.
Seis o siete meses para una decisión
El senador precisó que ese es el horizonte que se ha trazado el Legislativo, aunque advirtió que el tiempo no depende solo de la comisión que preside. "La intención de nosotros en el Congreso es que esto haya surtido todos sus trámites", dijo, aunque aclaró que una vez la comisión apruebe una ponencia, el proceso deberá pasar a la plenaria del Senado, cuyos tiempos no siempre coinciden con los de la comisión porque el Congreso atiende, en sus palabras, "mil temas" al mismo tiempo. Como ejemplo, mencionó que actualmente es coordinador ponente del presupuesto general de la Nación, una responsabilidad que, dijo, le exige buena parte de su agenda en estas semanas.
Panorámica de un sector de Villa Campestre, en Puerto Colombia. Foto:Captura de video
Como parte de la hoja de ruta, Meisel anunció que el 22 de octubre se realizará una audiencia pública en la zona de controversia, donde se espera recoger las posiciones de las comunidades y las administraciones de ambos municipios.
El camino que falta por recorrer
El senador explicó que, tras alrededor de 50 días al frente de la comisión, el proceso ha avanzado más que en los últimos 30 años, y que el siguiente paso es la elaboración de una ponencia a cargo de dos senadores de la comisión, un ejercicio que, según dijo, deberá nutrirse del mayor número posible de estudios ya radicados y de una amplia participación ciudadana.
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"Esto no es un tema de opciones, esto no es un tema porque mi voluntad lo quiera así, ni la de nadie. Esto es simplemente un tema legal que así es como se tiene que cumplir", afirmó.
Meisel precisó además que su responsabilidad en la comisión se limita a su propio voto, y que lo aprobado allí deberá ser ratificado después por la plenaria del Senado, en un trámite paralelo al que se adelanta en la comisión de la Cámara de Representantes.
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