Organismos de protección a la niñez critican decisión del gobierno que permitió rebaja de penas a condenados por delitos sexuales

Por 

La Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Anfusepna) manifestó su condena a la decisión del gobierno en el cambio de criterio para rebajar las penas a condenados por delitos sexuales.

Esto, luego que se conociera que el Ministerio de Justicia ha rebajado la condena de 56 personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores de edad.

Desde el organismo señalan que más allá de las explicaciones jurídicas que ha entregado el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el fondo del problema es que “el sistema sigue dejando espacios para que quienes cometieron los crímenes más graves contra la niñez accedan anticipadamente a la libertad”.

“Quienes trabajamos todos los días acompañando a niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos conocemos el daño que dejan, y sabemos que cada uno de estos casos tiene un rostro y una historia. Para esas víctimas y sus familias, una noticia como esta reabre heridas y debilita la confianza en que el Estado está de su lado”, añaden.

Ante esta situación, desde la asociación llaman a las autoridades “a actuar con sentido de urgencia y sin cálculos políticos. En lo inmediato, a adoptar las medidas de protección necesarias para resguardar a los niños, niñas y adolescentes víctimas de estos delitos que puedan verse expuestos como resultado de estas decisiones”.

Y piden a los tres poderes del Estado “revisar y cerrar los vacíos que aún existen en la ejecución de las penas y aprobar las reformas legales necesarias para que esto no vuelva a ocurrir”.

A esta postura se han sumado diversas entidades dedicadas a los derechos humanos y la protección infantil.

Desde la Defensoría de la Niñez, Anuar Quesille calificó la rebaja de penas como “improcedente” al vulnerar la prohibición expresa de otorgar estos beneficios en los casos más graves contra la infancia.

Además, cuestionó que el Ejecutivo no defienda en tribunales la negativa a estos beneficios por buena conducta, como sí lo hicieron administraciones anteriores. “Ahora, las personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes no tienen que ir a los tribunales de justicia a pelear ese beneficio, sino que derechamente se está otorgando cuando se recurre ante las autoridades del Poder Ejecutivo”, criticó.

El director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, en tanto, tildó de “extremadamente grave” el escenario tras confirmarse que dentro del paquete de decretos también se incluyó a condenados por crímenes de lesa humanidad. “Esto vulneraría las obligaciones internacionales de derechos humanos que tiene el Estado de Chile en materia de justicia respecto a este tipo de crímenes”, planteó.