El Gobierno ultima detalles de la reforma del mercado de capitales: qué cambia para inversores y empresas

El Gobierno presentará en las próximas semanas un nuevo paquete en el Congreso, para la reforma de la Ley de Mercado de Capitales, en la que trabajan en forma conjunta la Comisión Nacional de Valores y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La iniciativa apunta a modificar el sistema de garantías, simplificar emisiones y desregular herramientas clave del financiamiento corporativo y pyme.

El objetivo de fondo del Gobierno es aumentar el tamaño del mercado local. En la actualidad, el financiamiento representa entre el 7% y el 8% del PBI, una cifra lejana al promedio de la región. "Estamos por enviar ahora un proyecto al Congreso que como que da el broche de oro: cierra este proceso de transformación del mercado de capitales", anunció el Ministro de Desregulación y Modernización, Federico Sturzenegger.

Por su parte, el presidente de la CNV, Roberto Silva, detalló que se trata de un proyecto "ómnibus": “La iniciativa incluirá modificaciones sobre la Ley de Mercado de Capitales, la Ley de Fondos Comunes de Inversión, el régimen de Obligaciones Negociables, fideicomisos, warrants, pagarés, tarjetas de crédito y otras normas vinculadas al financiamiento privado” explicó.

"Hay muchas mejoras para los instrumentos financieros, para las garantías y para todo el sistema en general", sostuvo.

La columna del nuevo proyecto oficial es la administración y ejecución de colaterales. Sturzenegger confirmó la creación del Sistema Federal de Registro de Garantías, que dependerá del BCRA y reemplazará la intermediación obligatoria del Ministerio de Justicia en el régimen de prendas. Con este cambio, las propias empresas y particulares podrán inscribir gravámenes de forma directa. A su vez, el esquema permitirá inscribir segundas y terceras prendas sin el consentimiento del primer acreedor prendario y ampliará los activos alcanzados.

Entre las incorporaciones figuran las cosechas futuras, un mecanismo análogo a la cédula de producto rural de Brasil. La iniciativa deroga además el monopolio legal que otorgaba la vía ejecutiva de las prendas exclusivamente a las entidades bancarias, por lo que cualquier acreedor podrá iniciar la ejecución judicial.

Warrants, pagarés y tarjetas de crédito

La desregulación alcanza al sistema de warrants. El Ejecutivo eliminará la exigencia legal de contratar pólizas de seguro obligatorias, que pasarán a ser voluntarias, y suprimirá la obligación de remate público en situaciones de conflicto. Asimismo, habilita el respaldo de warrants sobre cualquier bien que acuerden las partes.

En pagarés y letras de cambio, la ley formalizará la posibilidad de emitir títulos respaldados en bienes físicos. Respecto de las Facturas de Crédito Electrónicas MiPyME, el texto remueve intermediarios obligatorios para facilitar la llegada directa de pequeñas y medianas empresas a los mercados bursátiles autorizados.

Para los comercios, el proyecto incorpora una propuesta del Banco Central sobre cupones de tarjetas de crédito. Las liquidaciones se transformarán en un título valor electrónico negociable. Esta herramienta evitará que los comercios dependan exclusivamente del financiamiento del banco emisor y les permitirá descontar sus cupones en el mercado secundario a menores tasas.

Desarme normativo y simplificación de trámites

La iniciativa contempla también la derogación de la ley de financiamiento colectivo (crowdfunding) y de la regulación sobre planes de ahorro y capitalización. En el caso de las automotrices, los contratos quedarán encuadrados directamente en las normas del Código Civil y Comercial, con resolución de conflictos en el ámbito de Defensa del Consumidor, lo que suprime el circuito administrativo ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

A nivel operativo, el proyecto consolidará dentro de la ley el régimen de aprobación automática implementado por la CNV para colocaciones que no superan los 100 millones de UVA (cerca de 140 millones de dólares). Este esquema reemplazó el control previo por una auditoría técnica ex post y redujo los tiempos de salida de las empresas al mercado.

Silva deberá defender el articulado técnico en el Congreso una vez que el texto tome estado parlamentario, algo que según adelantaron, ocurrirá en las próximas semanas.