Caso Ungrd: jueza tumbó negociaciones judiciales con tres procesados y denunció falta de garantías para reparar al Estado por $25.375 millones
El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sumó nuevos obstáculos para la Fiscalía General de la Nación, luego de que dos decisiones judiciales frenaran negociaciones adelantadas con tres personas vinculadas a las investigaciones. Los pronunciamientos se relacionan con las irregularidades en la contratación de carrotanques para La Guajira y con un presunto intento de soborno para modificar declaraciones de antiguos directivos de la entidad.
Uno de los casos corresponde al preacuerdo que la Fiscalía había celebrado con Edgar Echeverri Toro y Sonia Rocío Romero Hernández, vinculados a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral Yapurutú. El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá improbó la negociación el 4 de noviembre de 2026, al considerar que no se cumplían los requisitos legales relacionados con la devolución del incremento patrimonial obtenido irregularmente.
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El segundo pronunciamiento está relacionado con Edgar Riveros Rey, cuyo principio de oportunidad fue rechazado por una jueza que cuestionó los compromisos de colaboración ofrecidos a cambio de beneficios judiciales y la falta de claridad sobre las medidas de reparación a las víctimas.
La negociación con Echeverri Toro y Romero Hernández estaba relacionada con las irregularidades en la orden de proveeduría SMD-GS-CTQ-185-2023, adjudicada a Yapurutú para la adquisición de 40 carrotanques destinados a atender las necesidades de abastecimiento de agua en La Guajira.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios examinados por el juzgado, se elaboraron documentos y actas que daban cuenta de la entrega de los vehículos a la Ungrd, aunque estos todavía se encontraban en proceso de ensamblaje y no estaban disponibles en las condiciones reportadas. Esos documentos sirvieron como soporte para tramitar los pagos ante la Fiduprevisora.
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La decisión judicial identificó dos desembolsos realizados a favor de Yapurutú: uno por $14.500 millones y otro por $10.875 millones, para un total de $25.375 millones. Según la documentación aportada por la Fiscalía, los recursos ingresaron a las cuentas de la corporación y correspondían a pagos de la orden de proveeduría.
Para la jueza, aunque algunos de los delitos negociados con Echeverry Toro estaban relacionados con la falsedad en documentos públicos y privados, estas conductas también habrían servido para obtener un beneficio económico.
En el pronunciamiento, la funcionaria advirtió que no era posible permitir que los procesados conservaran los recursos obtenidos irregularmente y, al mismo tiempo, recibieran reducciones de pena mediante un preacuerdo. “No puede la judicatura cohonestar con que los procesados conserven los dineros ilícitos destinados a atender la emergencia en el Departamento de la Guajira, esto es, el incremento patrimonial fruto del desfalco a la Ungrd y se vean beneficiados con las rebajas mediante un preacuerdo”, señaló el despacho.
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La jueza también recordó que el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal establece que, cuando una persona obtiene un incremento patrimonial producto de una conducta delictiva, debe reintegrar al menos el 50% de ese valor y garantizar el pago del monto restante para poder celebrar un preacuerdo. Por considerar que la negociación no cumplía este requisito, el juzgado resolvió improbar el acuerdo presentado por la Fiscalía y las defensas de Echeverry Toro y Romero Hernández.
La segunda decisión judicial involucra a Edgar Riveros Rey, abogado que inicialmente actuaba como defensor de Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de conocimiento del riesgo de la Ungrd, pero que terminó vinculado a una investigación por presuntamente intentar sobornar a antiguos directivos de la entidad para modificar sus declaraciones.
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Según la investigación de la Fiscalía, el 26 de julio de 2025 Riveros Rey habría contactado a Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, para proponerle una negociación que buscaba que se retractara de sus declaraciones y evitara mencionar a otras personas presuntamente involucradas en las irregularidades de contratación.
El encuentro habría ocurrido en un hotel del barrio Salitre, en el occidente de Bogotá. Durante esa reunión, el abogado supuestamente ofreció entregar $3.000 millones o el 5% de un contrato en ejecución a cambio de que Pinilla modificara su versión. También habría manifestado que podía entregar $10.000 millones a Olmedo López, antiguo director de la entidad, con el propósito de que cambiara sus declaraciones.
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La negociación judicial propuesta por el ente acusador contemplaba que el procesado colaborara en diferentes investigaciones. Sin embargo, la jueza consideró que el principal aporte de utilidad era su disposición para declarar contra César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien permanece prófugo de la justicia.
El despacho también cuestionó que Riveros ofreciera información sobre Francisco Estupiñán, Luis Carlos Barreto y Édgar Echeverry Toro, teniendo en cuenta que estas personas ya contaban con beneficios judiciales mediante preacuerdos o principios de oportunidad.
Otro de los aspectos señalados por la jueza fue la falta de precisión sobre las medidas de reparación que Riveros Rey se comprometía a cumplir. La propuesta presentada por la Fiscalía incluía acciones como el mantenimiento de jagüeyes para garantizar el acceso al agua y la presentación de disculpas públicas.
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No obstante, el despacho consideró que no se explicó suficientemente cómo se desarrollarían esas actividades ni de qué manera se garantizaría su cumplimiento para reparar a las víctimas.
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