Capturan a tres presuntos integrantes de “Los Merry” por secuestro y extorsión a prestamista: exigían S/5.000 por su liberación

Tres personas fueron detenidas por la Policía Nacional del Perú (PNP) como presuntos integrantes de la banda criminal “Los Merry”, investigada por el secuestro y la extorsión de un prestamista. El caso se inició tras la denuncia de un hombre que señaló que fue interceptado en Chorrillos el 15 de octubre.
Según la información del Ministerio del Interior (Mininter), los sospechosos habrían exigido S/ 5.000 a los familiares de la víctima para permitir su liberación. Además, le atribuyen el pedido de pagos semanales vinculados con las motocicletas que operaban en el negocio de préstamos personales del agraviado.
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Las intervenciones policiales se realizaron en dos inmuebles ubicados en Lima: uno en el asentamiento humano Juan Pablo II, en San Juan de Lurigancho, y otro en el asentamiento humano Rodrigo Franco, en Santiago de Surco. Las diligencias estuvieron a cargo de la División de Secuestros (Divise), perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
Durante el operativo, los agentes incautaron un arma de fuego, municiones, seis teléfonos celulares y una camioneta que habría sido utilizada para mantener cautiva a la víctima. También recuperaron prendas y otros objetos de interés para las investigaciones.

Los intervenidos fueron identificados como Ingrid Rojas Ccallo, de 32 años; Gregorio Baptista Arellano, de 28; y Richard Gabriel Camacho Silva, de 31. Los tres son investigados por los presuntos delitos de secuestro, extorsión y pertenencia a una banda criminal.
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De acuerdo con el Mininter, las capturas se produjeron en el marco de las diligencias realizadas por la Divise tras la denuncia del agraviado. La intervención permitió reunir objetos que serán materia de análisis durante el proceso de investigación.
La situación legal de los detenidos deberá determinarse a partir de las diligencias correspondientes y de la evaluación de los elementos recabados por las autoridades.
La investigación comenzó con la denuncia de Gregori Jesús Zerpa Navea, de 31 años, ciudadano extranjero dedicado a los préstamos personales. Según su versión, el 15 de octubre fue interceptado en el distrito de Chorrillos por sujetos que primero le preguntaron si se dedicaba a prestar dinero y después lo privaron de su libertad.
Durante el cautiverio, los presuntos responsables se habrían comunicado con sus familiares para exigir S/5.000 a cambio de su liberación. La denuncia también incluye una exigencia económica periódica: el pago de S/100 semanales por cada motocicleta que operara en el negocio de la víctima.
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Como parte de esas demandas, los familiares transfirieron S/300 mediante una aplicación a una línea telefónica vinculada con una de las detenidas. Asimismo, se registró una transferencia de aproximadamente S/500 desde la billetera digital del agraviado hacia ese mismo número.
La investigación también comprende la presunta apropiación de la motocicleta lineal y del teléfono celular del prestamista, bienes que habrían quedado en poder de los implicados.

Durante las diligencias, los efectivos policiales incautaron una camioneta que, según la información del Mininter, habría servido para mantener cautiva a la víctima. En los inmuebles intervenidos también encontraron una pistola con la numeración erradicada y una cacerina abastecida con siete municiones.
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A estos elementos se sumaron otras diez municiones sin percutir y seis teléfonos celulares, equipos que podrían aportar información relevante para esclarecer las circunstancias del secuestro y las presuntas comunicaciones extorsivas.
Los agentes también incautaron cascos, casacas y otras prendas de vestir. Según el reporte oficial, el agraviado reconoció algunas de estas pertenencias como de su propiedad, mientras que los demás objetos quedaron sujetos a las verificaciones correspondientes.
La PNP puso a los tres intervenidos y las especies incautadas a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias del caso. Las investigaciones deberán establecer la participación que habría tenido cada detenido en los hechos denunciados.
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