The Daily Newsstand · Free, Always
Sunday, November 1, 2026

Jinetes presupuestarios

Translate

Sylvia EyzaguirrePor 

Comentarios

La democracia es un sistema político en que el poder reside en el pueblo. Este ejerce la soberanía a través de mecanismos de representación o participación directa. Pero la democracia no se agota en la regla de la mayoría o en la elección periódica de sus autoridades. Tan importante como las elecciones son también el Estado de derecho -que somete tanto a los gobernantes como a los gobernados al imperio de la ley- y la separación de los poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y sus contrapesos, ejercidos por órganos autónomos o tribunales de control, que limitan el arbitrio del gobernante y protegen a las personas de la excesiva concentración de poder.

El Consejo Nacional de Educación (CNED) fue concebido bajo esa lógica, como contrapeso del Ejecutivo. La Ley General de Educación (LGE) diseñó una arquitectura explícita de pesos y contrapesos en educación para sustraer algunas definiciones estratégicas del arbitrio electoral de turno. En el corazón de ese diseño situó al CNED: un órgano autónomo, plural, de carácter técnico y marcadamente contramayoritario. Con ello, el legislador buscó dos fines: proteger el derecho a la libertad de enseñanza de las minorías y resguardar que ciertas políticas educativas gocen de un horizonte de largo plazo y amplios consensos, en un área que históricamente se ha caracterizado por ser un campo de batalla ideológico. Entre las materias que la ley resguarda de las mayorías circunstanciales está la definición de las bases curriculares, los planes y programas de estudio, y el plan de evaluaciones, entre otros. El artículo 37 de la LGE exige que el Plan de Evaluaciones, elaborado por el Ministerio de Educación, tenga una vigencia mínima de cinco años y requiera obligatoriamente un informe favorable del CNED para su aprobación o modificación. Dicha exigencia asegura que las herramientas para medir aprendizajes, detectar brechas socioeconómicas y orientar a las escuelas gocen de consenso técnico y ecuanimidad.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió dinamitar esta garantía institucional por secretaría. Mediante una glosa en el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2027, se establece que la aplicación del Plan de Evaluaciones quedará sujeta a la mera “disponibilidad de recursos”, facultando a la Agencia de la Calidad de la Educación para determinar las pruebas que se aplicarán el próximo año a través de resoluciones visadas exclusivamente por la Subsecretaría de Educación y la Dirección de Presupuestos (Dipres). Así, un organismo eminentemente contable y financiero pasaría a decidir qué instrumentos pedagógicos se aplican y cuáles se mutilan. Esta glosa no solo abre la puerta para la completa discrecionalidad respecto de las evaluaciones, sino, más grave aún, pasa a llevar el Estado de derecho y los contrapesos democráticos sin la debida deliberación.

La gravedad de este hecho es también compartida por el Tribunal Constitucional (TC), que en reiteradas oportunidades ha declarado ilegítimos estos “jinetes presupuestarios”, ratificando que la ley anual de presupuesto jamás puede suspender, alterar o derogar atribuciones fijadas por leyes permanentes. Aquí no se trata de una defensa corporativa del CNED en mi calidad de consejera, sino de una preocupación en mi calidad de ciudadana por el resguardo de la Constitución, las leyes y la democracia.

La inconstitucionalidad de la glosa es evidente, pero menos evidente es el fin político que persigue el gobierno. Resulta paradójico que un gobierno que ha enarbolado las banderas de la calidad educativa, la rendición de cuentas y el apego irrestricto a la legalidad recurra a un resquicio administrativo para eludir a un organismo colegiado y relativizar la importancia de la evaluación de los aprendizajes. La reiteración de iniciativas con manifiestos vicios de legalidad no solo revela impericia técnica; denota también un peligroso desdén por los contrapesos democráticos. Es de esperar que nuestro Congreso pueda subsanar este gravísimo error.

Por Sylvia Eyzaguirre, Directora General de Humanidades, U. San Sebastián.

Más sobre:EducaciónPresupuestoCNDEConsejo de EducaciónMineducGobierno

NEWSLETTER

NewsletterOpiniónSábado, AMIdeas en tensión, miradas contrapuestas y un análisis claro: elementos para develar los temas que dividen opiniones y marcarán la agenda.

Al inscribirte estás aceptando los Términos y Condiciones y las Políticas de Privacidad de La Tercera.
View the original on La Tercera →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.