Funcionarios electorales dicen que nuevo plan de ciberseguridad de EEUU llega demasiado tarde

NUEVA YORK (AP) — La agencia de ciberseguridad de Estados Unidos dio a conocer el jueves un plan de seguridad para la infraestructura electoral, a 40 días de los comicios de mitad de mandato de noviembre, en el que expone posibles amenazas a los sistemas de voto y enumera los servicios que ofrecería a las autoridades encargadas para proteger la votación.

Autoridades electorales dijeron que el plan es inadecuado y tardío, luego de que el gobierno desmantelara el año pasado el trabajo de la agencia en materia de seguridad electoral, ante lo cual las autoridades optaron por pagar servicios privados para asegurarse de estar preparadas para las próximas elecciones.

“Que vengan cinco semanas antes de las elecciones... sí, buen intento", dijo el jueves el demócrata Cisco Aguilar, secretario de Gobierno de Nevada, quien añadió que le habría gustado ver que el gobierno federal aportara más fondos para la ciberseguridad, en lugar de que los contribuyentes de Nevada tuvieran que pagarla.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, había prometido originalmente publicar el plan a mediados de agosto, parte del intento del gobierno del presidente Donald Trump de reactivar la asistencia en seguridad electoral después de una pausa. Anunció el plan y al mismo tiempo amenazó a funcionarios electorales por no cooperar con los métodos preferidos del gobierno para cazar los votos emitidos por personas extranjeras, un fenómeno que las investigaciones demuestran que es algo extremadamente raro.

Desde su creación en 2018, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus iniciales en inglés), ha ayudado a advertir a funcionarios electorales estatales y locales sobre posibles amenazas de gobiernos extranjeros.

Pero la CISA estuvo en gran medida ausente de ese papel en las elecciones del año pasado, luego de que el gobierno de Trump desmantelara buena parte de su función en la seguridad electoral. El gobierno recortó aproximadamente a 1.000 empleados del organismo y redujo en 10 millones de dólares dos iniciativas de ciberseguridad, incluida una dedicada a ayudar a autoridades electorales estatales y locales.

La CISA también ha estado sin un director confirmado por el Senado durante todo el segundo mandato de Trump, y en su lugar ha tenido una serie de líderes interinos.

El plan se refiere a un apoyo “constante” que, según muchos funcionarios electorales, ha faltado En el documento de 13 páginas, publicado el jueves, se advierte sobre diversas amenazas a la seguridad electoral, incluidas vulnerabilidades de software, ataques informáticos a bases de datos de registro de votantes, amenazas internas e incidentes de seguridad física, tales como amenazas de bomba dirigidas a varias casillas electorales en los comicios de 2024.

Pero en él se indica que muchas prácticas electorales de larga data pueden abordar esas amenazas, y dice que el objetivo de la agencia es “garantizar que el pueblo estadounidense pueda confiar en los sistemas de votación, y sepa que habrá medidas de seguridad física cuando acuda a sus casillas electorales asignadas para emitir su voto”.

En el documento se indica que el DHS ha “apoyado de manera constante la prestación de servicios de ciberseguridad y la seguridad física de los funcionarios electorales por parte de la CISA”, algo que numerosos funcionarios electorales de todo el país han dicho que no es cierto.

Varios secretarios de Gobierno le dijeron a The Associated Press que servicios que históricamente proporcionaba el organismo, tales como ejercicios de simulación en vivo y pruebas de penetración para evaluar la seguridad de sus sistemas, no estuvieron disponibles en el período previo a las elecciones de mitad de mandato de este año.

El secretario de Gobierno de Minnesota, Scott Simon, de filiación demócrata, dijo en agosto que su oficina prevé gastar aproximadamente 250.000 dólares en proveedores privados para realizar pruebas de penetración, que pueden revelar vulnerabilidades de seguridad y recomendar correcciones aplicables.

La demócrata Shenna Bellows, secretaria de Gobierno de Maine, dijo a la AP ese mismo mes que las comunicaciones con la CISA habían sido “esporádicas e irregulares, por decir lo menos”. Dijo que sería útil que el gobierno de Trump pudiera restablecer las sesiones informativas de inteligencia que antes se ofrecían a los funcionarios electorales sobre amenazas de adversarios extranjeros, pero observó que la confianza con las autoridades federales se había quebrado debido a los recortes a la agencia.

En el plan del jueves no se menciona ninguna amenaza específica en 2026 proveniente de adversarios como Rusia, Irán o China, todos los cuales han buscado interferir en las elecciones en Estados Unidos, ya sea en forma directa o indirecta al tratar de influir en las campañas.

Kris Warner, secretario de Gobierno republicano de Virginia Occidental, dijo el jueves que una parte de la ayuda de la CISA para su estado ha sido continua durante el gobierno de Trump, y ha incluido revisiones sin costo de sus sitios web públicos en busca de problemas de ciberseguridad.

Warner reconoció que la CISA sufrió recortes durante el mandato de Trump, pero dijo que considera a la agencia como “un recurso y no como un proveedor de servicios”. Indicó también que, el año pasado, su oficina contrató a un asesor de seguridad electoral que dejó la CISA y ha ayudado a subsanar cualesquier deficiencias que pudieran existir.

El informe surge tras una llamada entre la CISA y funcionarios electorales en agosto En agosto, dos funcionarios de la CISA —el director interino Nick Anderson y el subdirector de operaciones integradas, Jim Harrell— se sumaron a una llamada de la Asociación Nacional de secretarios de Gobierno a la que asistió un grupo bipartidista de secretarios de Gobierno, según varios administradores electorales.

La llamada se puso tensa cuando el secretario de Gobierno de Arizona, el demócrata Adrian Fontes, expresó sus preocupaciones por el retiro de recursos federales.

Fontes declaró a la AP en ese momento que les dijo a los funcionarios de la CISA que no confiaba en ellos. Indicó que le dio la impresión que los funcionarios estaban allí “para cubrirse las espaldas”.

“Incluso reconocieron en la llamada que era demasiado tarde para que hicieran algo para 2026”, señaló.

Simon dijo que los funcionarios parecían interesados en reconstruir relaciones y adelantar sus planes futuros, lo cual valoró. Pero añadió que el gesto de buena voluntad llegó más tarde de lo que los funcionarios electorales necesitaban.

“Los secretarios de Gobierno ya dieron vuelta a la página y buscaron otros socios y otros recursos para los servicios que la CISA ha dejado de proporcionar en el último año y medio”, manifestó.

En Michigan, un grupo por la defensa del derecho al voto ha intentado llenar el vacío En Michigan, donde ya se han enviado boletas por correo para las elecciones del 3 de noviembre, el subsecretario de Gobierno, Aghogho Edevbie, dijo que la relación del estado con la CISA ha sido “inexistente” este año, pese a haber trabajado juntos estrechamente en ciclos electorales anteriores.

“Si el gobierno federal quiere ayudar, no puede hacerlo a última hora”, expresó el funcionario demócrata.

Ashiya Brown, la directora estatal en Michigan del grupo por el derecho al voto All Voting Is Local, estuvo de acuerdo. Dijo que el nuevo plan dice que la CISA tiene 10 “directores regionales” para apoyar a los administradores electorales, pero aun así no responde a la mayor pregunta que ella tiene.

“¿La CISA todavía tiene a la gente y la capacidad para brindar ese apoyo cuando los secretarios municipales lo necesiten?”, preguntó. “Me alegra que la CISA haya presentado un plan, pero lo que importa ahora es si el apoyo descrito en él llega a los funcionarios electorales locales antes de noviembre”.

Brown dijo que la CISA ha estado contratando personal a través de su sitio web para nuevos puestos, pero no está claro si ya están cubiertas todas las vacantes.

Mientras tanto, Brown, exfuncionaria de seguridad del Departamento de Estado de Michigan, dijo que su grupo ha contratado a ex empleados de la CISA para ayudar a proporcionar capacitación y otro apoyo a los secretarios municipales y llenar el vacío.

Edevbie dijo que, incluso sin colaboración con la CISA, confía en que las elecciones del estado serán seguras.

“Siempre estamos preparados para defender nuestras elecciones y para garantizar que cada votante que sea elegible para emitir una boleta pueda hacerlo aquí en Michigan”, expresó.